La ley es un auténtico ejercicio de prevaricación, en su definición literal del Diccionario de la Real Academia Española: "delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario". Mientras todos los países civilizados se afanan por incentivar, en muchos casos con exenciones de impuestos a su instalación, el desarrollo de la generación distribuida, en España, uno de los países con mejores condiciones para ello, el gobierno intenta por todos los medios evitar que los techos de sus hogares se llenen de placas solares. Llevada por la ley de Swanson, la energía solar y la generación distribuida se están convirtiendo en la gran esperanza de una energía renovable, barata y sostenible en todos los países del mundo. La descentralización de la generación es una tendencia mundial, las placas solares proliferan en los tejados de las casas de todo el mundo, y que sea así tiene todo el sentido. Salvo en España. En uno de los países con mejores condiciones para ello, un gobierno corrupto se dedica a desincentivar esa tendencia.
El sentido de la ley es tan inexplicable y tan arbitrario, que no deja lugar a la especulación. Se controlan todos los posibles factores: por un lado, se tasa la generación de electricidad. Por otro, se fija en cero el precio de la eventual energía excedentaria que se podría inyectar en la red. Y por otro, se tasan también las baterías acumuladoras, una solución que en muchos países se está precisamente incentivando con el fin de evitar la concentración de los picos de oferta o demanda en determinadas horas del día.
La idea de que "el autoconsumidor pueda beneficiarse del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda estar autoconsumiendo electricidad" es completamente absurda: el autoconsumidor financia el sistema pagando por la electricidad que utiliza, lo que convierte en una doble imposición el hecho de que tenga también que contribuir a esa financiación cuando no lo utiliza. La redundancia es tan clara y tan evidente, que solo cabe pensar que el ministro Soria nos está tomando por idiotas. El cargo por autoconsumo para "cubrir los servicios de balance necesarios en el mercado de producción", cuando en España ese balance es completamente innecesario porque el desarrollo de la autogeneración es aún sumamente escaso, es todo un ejemplo de pre-legislación: vamos a crear una ley ?por si acaso en algún momento hubiese que incurrir en algún coste?. Sencillamente demencial. Asimismo, pretender que todos los ciudadanos tenemos que financiar el déficit de tarifa, cuando si una persona decide no utilizar electricidad a partir de ahora, no tendría que hacerlo, es completamente absurdo: ¿por qué debe financiar el déficit de tarifa alguien que genera su propia electricidad, si alguien que no utiliza electricidad no tiene que hacerlo? Todo en esta ley es propio de una antología del disparate. Pero una antología del disparate que drena tu bolsillo y llena el de otros, como ocurre en todos los esquemas de corrupción.
La revista Forbes, en el año 2013, ya se mofó de las pretensiones del gobierno español, tachando el impuesto de absurdo y completamente arbitrario. Ahora, ya lo tenemos encima, ya es ley. Un gobierno agotado que ya ni se preocupa por ocultar las evidencias de corrupción ha consumado un abuso que desincentiva la generación distribuida, auténtica tendencia de futuro, en el país que más podría beneficiarse de ella. Una ley que debería ser derogada en cuanto un gobierno decente tenga la primera oportunidad de hacerlo.
Es más que posible que el próximo día 20 de diciembre esté nublado. Pero cuando vayas a votar, además de otras muchas cosas, acuérdate del sol.
