Asociación de Internautas

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, afirmó hoy que la directiva sobre la patente de software tendrá dificultades para salir adelante en la segunda lectura en el Parlamento Europeo debido a la posición "muy crítica" que mantienen varios Estados miembros y grupos políticos respecto al acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Competitividad con el voto en contra de España.

07-03-2005 -  EUROPA PRESS

"Pensamos que sin lugar a dudas tendrá dificultades para salir adelante, no sólo por todas las observaciones que han ido haciendo países que le han dado apoyo en algunos casos, y otros que han mantenido una posición de abstención, sino también conociendo la posición de diferentes formaciones en el Parlamento Europeo e incluso de algunos parlamentos nacionales que se han posicionado también de manera muy crítica respecto a este tema", declaró Montilla.

Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, se felicitó por la aprobación de la patente de software en el Consejo, y aseguró que trabajará "constructivamente" tanto con los Veinticinco como con la Eurocámara para alcanzar un compromiso en segunda lectura. "He escuchado los puntos de vista expresados tanto por el Parlamento Europeo como por los Estados miembros. Trabajaré para asegurarme de que estas preocupaciones se tengan en cuenta en un resultado equilibrado", dijo McCreevy en un breve comunicado.

Los ministros de Industria de los Veinticinco ratificaron hoy sin debate el acuerdo político alcanzado en mayo de 2004 sobre la controvertida directiva de patentes de software, defendida por grandes compañías como Microsoft o Nokia y rechazada por las asociaciones que promueven el software libre. Sin embargo, la presidencia luxemburguesa de la Unión Europea se comprometió a revisar el texto durante la segunda lectura con el Parlamento Europeo para tener en cuenta "las preocupaciones de empresas y consumidores".

España fue el único país que votó en contra del compromiso, mientras que Austria, Italia y Bélgica se abstuvieron. Otros 7 países, a pesar de votar 'sí' a la directiva porque estaban vinculados por el acuerdo político de mayo de 2004, hicieron públicas declaraciones en las que expresas sus dudas respecto a la patente del software. Se trata de Hungría, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Dinamarca y Chipre.

El ministro de Economía de Luxemburgo y presidente de turno del Consejo, Jeannot Krecke, aseguró que tomaba nota de las "dudas" que la directiva generaba entre un número creciente de Estados miembros, pero dijo que pese a ello era necesario ratificar el acuerdo político porque de lo contrario se crearía un "mal precedente" en los ya de por si largos procedimientos de decisión de la UE.

"La aprobación abre la puerta a la segunda lectura del Parlamento Europeo. Ahora conviene que todas las instituciones lleguen a un acuerdo que tenga en cuenta las preocupaciones de las empresas y de los consumidores", dijo Krecke, precisando que el compromiso definitivo debe ofrecer "clarificaciones a lo que se percibe como inseguridad jurídica" en la patentabilidad de los programas de ordenador.

La presidencia luxemburguesa remitirá hoy o mañana la directiva de patentes de software a la Eurocámara para que se inicie de inmediato la segunda lectura. El Parlamento pidió el mes pasado a través de su presidente, Josep Borrell, la retirada de la propuesta de la Comisión sobre patentes de software y la presentación de un nuevo texto para poder lograr un compromiso. Pero el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, se limitó a tomar nota de esta solicitud e instó a los Veinticinco a tomar una decisión.

Las asociaciones de usuarios de software libre aseguran que la posibilidad de patentar software haría ilegal más de la mitad de programas informáticos utilizados actualmente en la UE, y sólo beneficiaría a las grandes empresas de programación informática, en detrimento de las pequeñas empresas y de los consumidores. Las grandes compañías como Microsoft o Nokia sostienen, por el contrario, que esta directiva estimulará la innovación al proteger los derechos de los inventores.