ESTRASBURGO, Francia (AFP) - Haciendo referencia al "derecho fundamental a la libertad de expresión y de información", garantizado por la Convención Europea de los Derechos del Hombre (artículo 10), el comité de ministros pidió a los Estados miembros que no pongan en marcha "controles previos", prefiriendo el principio de la autorregulación o de la corregulación.
"Las autoridades públicas no deberían, en medio de las medidas generales de bloqueo o filtración, negar el acceso del público a la información y otras comunicaciones en Internet, sin consideración de fronteras", precisa la declaración, que admite la instalación de "filtros para la protección de menores", sobre todo en escuelas o bibliotecas.
El comité de ministros se ha pronunciado también por el principio de "responsabilidad limitada de proveedores de servicios".
"Es necesario limitar la responsabilidad de proveedores de servicios", indicó el comité, que apuesta, pese a todo, por la necesidad de determinadas fronteras.
Estos proveedores deberían tomar medidas "rápidamente" para suprimir las informaciones juzgadas ilícitas de las que tengan conocimiento, así como los Estados están en su derecho de tomar medidas para "suprimir un contenido claramente identificable" como "ilícito".
Por otra parte, el texto apuesta por el anonimato de los usuarios de Internet y por el acceso de todos a los servicios "a un precio razonable".
"Las autoridades públicas no deberían, en medio de las medidas generales de bloqueo o filtración, negar el acceso del público a la información y otras comunicaciones en Internet, sin consideración de fronteras", precisa la declaración, que admite la instalación de "filtros para la protección de menores", sobre todo en escuelas o bibliotecas.
El comité de ministros se ha pronunciado también por el principio de "responsabilidad limitada de proveedores de servicios".
"Es necesario limitar la responsabilidad de proveedores de servicios", indicó el comité, que apuesta, pese a todo, por la necesidad de determinadas fronteras.
Estos proveedores deberían tomar medidas "rápidamente" para suprimir las informaciones juzgadas ilícitas de las que tengan conocimiento, así como los Estados están en su derecho de tomar medidas para "suprimir un contenido claramente identificable" como "ilícito".
Por otra parte, el texto apuesta por el anonimato de los usuarios de Internet y por el acceso de todos a los servicios "a un precio razonable".
