Archivado en Noticias, Privacidad

Seguridad, Gobierno y Sociedad


El sorprendente y, de momento, aparente desenlace de los asesinatos de Rocío Wanninkhof y de Sonia Carabantes, unidos a un antiguo preaviso de la policía británica sobre la posible peligrosidad del presunto asesino de una de las muchachas o quizá de ambas, han levantado, además de polémica, un amplio debate social. Efectivamente, el deseo y la necesidad de un más alto nivel de seguridad ciudadana y personal y el uso de registros informáticos conteniendo información sensible como forma eficaz de elevar dicho nivel llevan a que, por enésima vez, se plantee la compatibilidad o incompatibilidad entre el registro de ciertos datos individuales, la seguridad ciudadana y la intimidad de las personas.



pdf
print
pmail
Ya hace tiempo que se habla de archivar la huella genética de los delincuentes convictos por agresiones sexuales; ahora se añade la polémica sobre los antecedentes británicos del presunto asesino de Rocío y Sonia mientras el ministro Acebes se defiende diciendo que un ciudadano sin sumarios judiciales abiertos no puede ser fichado.

Al mismo tiempo, la creciente –y sospechosa- adoración que parecen sentir los dirigentes de las administraciones públicas hacia el sector privado hacen que el ciudadano se sienta inquieto con respecto a la fidelidad en la custodia de sus datos personales; esta custodia, hasta hoy, era bastante segura gracias al celo de los funcionarios públicos (hecha la salvedad de las inevitables –y afortunadamente escasas- ovejas negras) pero está puesta ahora en cuestión debido al uso de software de desarrollo privado sospechoso de esconder rutinas capaces de fisgar en beneficio de terceros las máquinas en las que está instalado o, en el mejor de los casos, de tener agujeros de seguridad tan importantes que los ‘fisgones’ no necesitan un nivel excesivamente alto de profesionalidad, especialización o, en fin, de conocimientos, para penetrar en cualesquiera sistemas usuarios de dicho software.

Aunque ya nos gustaría, ciertamente no tenemos el ungüento amarillo capaz de solucionar estos problemas a satisfacción de todos, pero sí está claro que estas dificultades deben afrontarse y resolverse; y resolverse, además, a satisfacción del ciudadano, que no es tan iluso como para pretender la óptima y perfecta salvaguarda de todos sus intereses –sabe que para hacer tortillas hay que romper huevos- pero sí desea que la relación entre el beneficio que obtiene y el bien que sacrifica sea adecuada y razonable y, sobre todo, acorde con una interpretación estricta de la Constitución.

El problema –por si fuera liviano el que presenta ya de por sí la temática- es que los gobiernos suelen afrontar estos dilemas desde la unilateral óptica de sus propios intereses y, sobre todo, de los intereses particulares de los grupos de presión que los promocionan al poder y que los sostienen en él. En ninguna fase del estudio ni de la resolución participa el ciudadano. Y así nos luce el pelo a todos los españolitos, bombardeados y esquilmados por mil codicias (operadores e intermediarios de telecomunicaciones, SGAE, etc.), con medio país en el más absoluto analfabetismo tecnológico y el otro medio hundido en las profundidades de la zanja digital más ominosa, y sin poder interactuar con la mayoría de las administraciones públicas por el increíble sometimiento de éstas a una empresa monopolística que no respeta nada (y cuando decimos nada, queremos decir, literalmente, nada).

Por no hablar de la simple y pura negligencia, de la incapacidad más absoluta y de la ignorancia más supina demostrada por varios miembros sucesivos de varios gobiernos sucesivos de varios partidos sucesivos, tanto en Madrid como en casi todas las comunidades autónomas salvando honorables y escasísimas excepciones. Apañados estamos: la España que nos hiela el corazón ya no es “la otra” (felizmente superada, y que dure) sino “la oficial”, que no se entera o no se quiere enterar de lo que anhelan, temen y sufren cuarenta millones de seres humanos colocados –a la fuerza ahorcan- bajo su bota.

Desde aquí reclamamos a nuestros gobernantes que se afronten con urgencia estos temas, pero que no se hagan estudios ni se adopten resoluciones sin escuchar –y muy atentamente- a la sociedad civil. Hay asociaciones de víctimas de todo tipo de delitos que tienen mucho que decir y que aportar. Hay asociaciones del mundo informático, virtual y de las TIC –la nuestra en primera fila, pero no la única, afortunadamente- que tenemos mucho que decir y que aportar. Hay colegios profesionales que tienen mucho que decir y que aportar. Hay sindicatos y asociaciones profesionales no colegiales en sectores muy sensibles como la administración pública, la banca y el seguro que tienen mucho que decir y que aportar. Y esta relación no es exhaustiva.

Ignorar a la sociedad civil, como tradicionalmente se viene haciendo por casi todos los gobiernos, solamente conduce a que las soluciones sean ineficaces, incompletas, malas, excesivamente limitadoras de derechos cívicos y fundamentales y, en definitiva, frustrantes para el ciudadano.

O sea que, en vez de soluciones, constituyen nuevas y muy dolorosas... complicaciones.

Javier Cuchí – Miembro de la Asociación de Internautas