Este fraude "generalizado" es consecuencia de engaños de diverso tipo, como conexiones a Internet realizadas sin conocimiento del usuario, que dan lugar a facturas de hasta 1.800 euros, según Alonso, portavoz de la UCE.
La situación de "indefensión" en que se encuentran los consumidores "se ha agudizado" últimamente por el hecho de que las operadoras "se han dado de baja del sistema arbitral de consumo", a lo que se añade la falta de medios materiales de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA), que tiene más de 5.000 expedientes sin tramitar, según el portavoz de UCE.
De este modo, los consumidores "no tienen donde reclamar" y no existe ningún mecanismo que tutele los derechos de los usuarios, una circunstancia que conocen perfectamente los proveedores de los servicios de tarificación adicional y que aprovechan para incrementar sus acciones fraudulentas.
Ante esta situación, la organización de consumidores ha solicitado a diversas instancias -Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)- que insten al nuevo Gobierno a suspender "temporalmente" estos servicios, prestados a través de los códigos 803, 806 y 807 (telefonía) y 907 (Internet).
Un fraude cometido con la complicidad de la Administración y la CMT
Según la organización, esta situación se produce con "la connivencia y la complicidad" de la Administración, las operadoras y la CMT, que ha llegado a afirmar en una de sus resoluciones que los servicios de tarificación adicional promueven el desarrollo de la Sociedad de la Información, algo que la UCE considera "vergonzoso".
La asociación de consumidores recomienda a los consumidores que no paguen las facturas telefónicas donde figuren llamadas a teléfonos de tarificación adicional "que no hayan realizado" y exijan a su operadora que les envíe una factura que desglose el coste de estos de estos servicios y el del teléfono ordinario.
Reproducido de El País.es
La situación de "indefensión" en que se encuentran los consumidores "se ha agudizado" últimamente por el hecho de que las operadoras "se han dado de baja del sistema arbitral de consumo", a lo que se añade la falta de medios materiales de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA), que tiene más de 5.000 expedientes sin tramitar, según el portavoz de UCE.
De este modo, los consumidores "no tienen donde reclamar" y no existe ningún mecanismo que tutele los derechos de los usuarios, una circunstancia que conocen perfectamente los proveedores de los servicios de tarificación adicional y que aprovechan para incrementar sus acciones fraudulentas.
Ante esta situación, la organización de consumidores ha solicitado a diversas instancias -Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)- que insten al nuevo Gobierno a suspender "temporalmente" estos servicios, prestados a través de los códigos 803, 806 y 807 (telefonía) y 907 (Internet).
Un fraude cometido con la complicidad de la Administración y la CMT
Según la organización, esta situación se produce con "la connivencia y la complicidad" de la Administración, las operadoras y la CMT, que ha llegado a afirmar en una de sus resoluciones que los servicios de tarificación adicional promueven el desarrollo de la Sociedad de la Información, algo que la UCE considera "vergonzoso".
La asociación de consumidores recomienda a los consumidores que no paguen las facturas telefónicas donde figuren llamadas a teléfonos de tarificación adicional "que no hayan realizado" y exijan a su operadora que les envíe una factura que desglose el coste de estos de estos servicios y el del teléfono ordinario.
Reproducido de El País.es
