José Montilla eligió el foro más hostil para un anuncio de estas características; ante 200 directivos de empresas de telecos congregados por la patronal Aetic, cuyo presidente Jesús Banegas, minutos antes del discurso del ministro, había afirmado que "la intervención política de los precios telefónicos no favorecen el desarrollo del sector.
José Montilla y Jesús Banegas, cada uno con la mejor de sus sonrisas, mantuvieron el pasado martes un auténtico dialogo de sordos. Era la primera toma de contacto entre el nuevo Gobierno y el sector de las telecos y la comunicación, y quedó al descubierto que, al menos en el punto de partida, las posiciones de ambas partes están en abierta contradicción.
Se celebraba en Madrid un multitudinario acto de la patronal de las empresas de tecnología de información, Aetic, para celebrar su reciente fundación tras la fusión de dos asociaciones anteriores; Aniel y Sedisi.
El auditorio eran unos 200 altos directivos, tanto de empresas de fabricación de equipos, como de operadores de servicios; tanto de telefonía fija y de telefonía móvil, como del mundo de Internet y del universo audiovisual.
BANEGAS VERSUS MONTILLA
La puesta en escena del desencuentro, el intercambio de disparos, fue más o menos del siguiente modo. El presidente de la patronal, Banegas, con el tono doctoral que le caracteriza tras largos años en el mismo puesto, abogó en su alocución por la total libertad empresarial para la fijación de las tarifas en el sector. La actual regulación y la intervención política de los precios no favorecen el desarrollo del sector, pues generan incertidumbre y resultados económicos insuficientes para animar la inversión afirmó-.
En consecuencia la reivindicación del sector no puede ser otra que "un inmediato cambio del actual mecanismo de fijación de precios a favor de un sistema que posibilite que la competencia y la innovación sean los factores determinantes del precio de mercado".
El ministro Montilla encajó el golpe. Como si la cosa no fuera con él, lanzó la bomba de la tarde al advertir que el sistema de cesta que el Gobierno aplica sobre los precios minoristas de Telefónica de España (al que se conoce con el nombre técnico de price cap) sigue vigente con carácter transitorio hasta que la CMT, el organismo regulador del sector, analice los nuevos mercados y determine si hay o no operadores con peso significativo en mercados que funcionen en competencia.
Lo que Montilla quería hacer entender a 200 espantados directivos de las empresas de telecos es que el nuevo Gobierno ha decidido retrasar hasta después del año 2005 la plena liberalización de las tarifas que Telefónica de España aplica a sus 17 millones de clientes de telefonía fija y, por tanto, la plena liberalización del conjunto de los precios telefónicos.
De esta manera el ministerio de Industria suspende provisionalmente la política anunciada por el anterior ejecutivo del Partido Popular quien había decidido que la última medida de regulación de los precios minoristas del operador dominante sería la aplicada en 2004 con una rebaja media del 2%.
ENCONTRONAZO TRAS ENCONTRONAZO
Pero la intervención administrativa de la factura telefónica no fue el único punto de desencuentro entre la patronal y el ministro. La presión impositiva que se aplica a las actividades del sector se convirtió en el segundo motivo de disputa.
Jesús Banegas calificó de "extemporánea" la fiscalidad que sufren las telecomunicaciones en España y espetó en la misma cara de Montilla que las empresas de tecnologías de la información "no pueden ni deben seguir siendo fuente inagotable de recaudación impositiva, ni responsables financieros del servicio universal y otras prestaciones públicas cuya responsabilidad corresponde al Estado y que deben sufragarse con cargo a los Presupuestos Generales".
La respuesta fue igualmente agresiva. El ministro acusó al tejido empresarial español de situarse a la cola en la aplicación de inversiones de I+D. Recordó que mientras que el volumen total del gasto en investigación y desarrollo en España sólo está financiado en un 50% por las compañías, en Alemania y Estados Unidos, este porcentaje supera el 75%.
UNA ESTRATEGIA PARA EL FUTURO
Coherente con este planteamiento de choque, Montilla eludió mencionar la reforma de la fiscalidad del sector entre sus propósitos y fijó su estrategia de futuro en tres principios básicos.
Primero la incentivación de la innovación y la I+D. Segundo el establecimiento de políticas y prioridades sectoriales que permitan un desarrollo tecnológico sostenible. Y tercero, el impulso de la cooperación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Estrecho de Banda para Finanzas.com
José Montilla y Jesús Banegas, cada uno con la mejor de sus sonrisas, mantuvieron el pasado martes un auténtico dialogo de sordos. Era la primera toma de contacto entre el nuevo Gobierno y el sector de las telecos y la comunicación, y quedó al descubierto que, al menos en el punto de partida, las posiciones de ambas partes están en abierta contradicción.
Se celebraba en Madrid un multitudinario acto de la patronal de las empresas de tecnología de información, Aetic, para celebrar su reciente fundación tras la fusión de dos asociaciones anteriores; Aniel y Sedisi.
El auditorio eran unos 200 altos directivos, tanto de empresas de fabricación de equipos, como de operadores de servicios; tanto de telefonía fija y de telefonía móvil, como del mundo de Internet y del universo audiovisual.
BANEGAS VERSUS MONTILLA
La puesta en escena del desencuentro, el intercambio de disparos, fue más o menos del siguiente modo. El presidente de la patronal, Banegas, con el tono doctoral que le caracteriza tras largos años en el mismo puesto, abogó en su alocución por la total libertad empresarial para la fijación de las tarifas en el sector. La actual regulación y la intervención política de los precios no favorecen el desarrollo del sector, pues generan incertidumbre y resultados económicos insuficientes para animar la inversión afirmó-.
En consecuencia la reivindicación del sector no puede ser otra que "un inmediato cambio del actual mecanismo de fijación de precios a favor de un sistema que posibilite que la competencia y la innovación sean los factores determinantes del precio de mercado".
El ministro Montilla encajó el golpe. Como si la cosa no fuera con él, lanzó la bomba de la tarde al advertir que el sistema de cesta que el Gobierno aplica sobre los precios minoristas de Telefónica de España (al que se conoce con el nombre técnico de price cap) sigue vigente con carácter transitorio hasta que la CMT, el organismo regulador del sector, analice los nuevos mercados y determine si hay o no operadores con peso significativo en mercados que funcionen en competencia.
Lo que Montilla quería hacer entender a 200 espantados directivos de las empresas de telecos es que el nuevo Gobierno ha decidido retrasar hasta después del año 2005 la plena liberalización de las tarifas que Telefónica de España aplica a sus 17 millones de clientes de telefonía fija y, por tanto, la plena liberalización del conjunto de los precios telefónicos.
De esta manera el ministerio de Industria suspende provisionalmente la política anunciada por el anterior ejecutivo del Partido Popular quien había decidido que la última medida de regulación de los precios minoristas del operador dominante sería la aplicada en 2004 con una rebaja media del 2%.
ENCONTRONAZO TRAS ENCONTRONAZO
Pero la intervención administrativa de la factura telefónica no fue el único punto de desencuentro entre la patronal y el ministro. La presión impositiva que se aplica a las actividades del sector se convirtió en el segundo motivo de disputa.
Jesús Banegas calificó de "extemporánea" la fiscalidad que sufren las telecomunicaciones en España y espetó en la misma cara de Montilla que las empresas de tecnologías de la información "no pueden ni deben seguir siendo fuente inagotable de recaudación impositiva, ni responsables financieros del servicio universal y otras prestaciones públicas cuya responsabilidad corresponde al Estado y que deben sufragarse con cargo a los Presupuestos Generales".
La respuesta fue igualmente agresiva. El ministro acusó al tejido empresarial español de situarse a la cola en la aplicación de inversiones de I+D. Recordó que mientras que el volumen total del gasto en investigación y desarrollo en España sólo está financiado en un 50% por las compañías, en Alemania y Estados Unidos, este porcentaje supera el 75%.
UNA ESTRATEGIA PARA EL FUTURO
Coherente con este planteamiento de choque, Montilla eludió mencionar la reforma de la fiscalidad del sector entre sus propósitos y fijó su estrategia de futuro en tres principios básicos.
Primero la incentivación de la innovación y la I+D. Segundo el establecimiento de políticas y prioridades sectoriales que permitan un desarrollo tecnológico sostenible. Y tercero, el impulso de la cooperación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
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