La liberalización de telecomunicaciones sigue haciendo agua. Los operadores de cable están cansados por lo que consideran trato de favor del Gobierno hacia Telefónica. La gota que ha colmado el vaso ha sido la autorización por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Telefónica Cable para que ofrezca no sólo Internet, sino incluso televisión de pago a través del ADSL, liberándole de su compromiso de invertir 3.000 millones de euros en cablear España y planteando una competencia desleal que asfixiaría su negocio. Los operadores de Aunacable han denunciado el caso ante la Audiencia Nacional por considerar que es discriminatorio e ilegal, y piden la suspensión cautelar de la decisión de Ciencia y Tecnología.
Los operadores de Aunacable, la mayor empresa de cable de España, han decidido llevar a los tribunales al Gobierno al considerar que la viabilidad económica de su proyecto se encuentra seriamente amenazada por el trato discriminatorio que, a su juicio, tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Telefónica.
El origen del conflicto arranca cuando el Gobierno liberó de hecho a la operadora de todos sus compromisos de inversión (3.000 millones de euros) en materia de cable -Telefónica estaba obligada a cablear con fibra óptica toda España- y le permitió, a cambio, el despliegue del ADSL, una tecnología mucho más barata que el cable, puesto que utiliza la línea tradicional y, mediante modem, permite dar Internet a alta velocidad. De esta forma, Telefónica ha podido conquistar en poco más de un año casi 400.000 clientes de banda ancha, arrebatando ese mercado natural al cable, que apenas tiene 260.000 abonados.
Pero la puntilla ha venido con la decisión de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sistemas de Información (SETSI), del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de transformar parcialmente los títulos habilitantes de Telefónica de Cable sancionando la total libertad de esta filial de la operadora para utilizar cualquier tecnología y comercializar directamente telefonía, Internet e incluso televisión.
Ante esta situación, los operadores de Madritel, Supercable, Menta y Able, todos ellos integrados en Aunacable, han presentado un recurso contra la resolución del ministerio ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional pidiendo paralelamente su suspensión cautelar. La denuncia se produce justo en el momento en que Telefónica ultima las pruebas técnicas para ofrecer televisión de pago y en abierto a través de ADSL.
Los recurrentes esgrimen que la resolución del pasado 31 de enero es totalmente contraria a derecho, porque deja vía libre a Telefónica de Cable para usar el ADSL, en contra de lo comprometido en su título concesional para la prestación de servicios de televisión, desatendiendo a las recomendaciones esenciales realizadas por el Consejo de Estado. Las resoluciones de este órgano consultivo señalaban que la tecnología desplegada debía sujetarse al Reglamento del Cable; es decir, que no bastaba con adaptar la red convencional (de pares de hilos de cobre), sino una red de fibra óptica o cable coaxial.
Además, argumentan que, en contra de la Ley de Cable y de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), no se respeta el principio de igualdad de condiciones, ya que los operadores de cable deben seguir cumpliendo sus compromisos de inversión (acumulan hasta el momento 4.300 millones de euros), de los que se libera a Telefónica.
Es más, Telefónica podrá recuperar los avales por 90 millones de euros depositados cuando se le otorgó una concesión de cable para todas las demarcaciones, sin haber cumplido los compromisos.
Cuestión de supervivencia
Para Aunacable, está en juego la supervivencia del cable, una tecnología más avanzada que el ADSL, pero que requiere mucha mayor inversión y ofrece una rentabilidad a más a largo plazo. Y es que si Telefónica puede hacer una oferta conjunta de conexión rápida a Internet y televisión, estarán atacando la línea de flotación del negocio del cable, cuya principal baza es precisamente comercializar paquetes conjuntos de telefonía, Internet y televisión. Sólo en 2001, las pérdidas operativas del consorcio superaron los 120 millones de euros, a las que habría que sumar las del resto de compañías que forman parte de la Agrupación de Operadores de Cable y los 215 millones de Ono.
