Asociación de Internautas

El Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) está sólo pendiente de los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado para su aprobación como Proyecto de Ley y posterior remisión a las Cortes Generales, según informó el Gobierno, en respuesta a una pregunta de la diputada de Izquierda Unida Presentación Urán sobre la transposición de la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico (2000/31/CE) al ordenamiento jurídico español.

16-10-2001 -  El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) precisa a la diputada que ya se han emitido los informes de los consejos asesores de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, del Consejo de Consumidores y Usuarios, y de la Agencia de Protección de Datos para la aprobación de la LSSI, cuya tramitación parlamentaria se espera "en un breve plazo".

El Ejecutivo añade que esta futura Ley tiene como objetivo fundamental establecer un marco jurídico estable que favorezca el desarrollo de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico en España, regulando la responsabilidad de los prestadores de servicios, la determinación de sus obligaciones, los derechos de los consumidores y usuarios en la contratación electrónica, etc.

Empresas importantes del sector de las telecomunicaciones, de los servicios de la Sociedad de la Información y del medio audiovisual; asociaciones representativas de los prestadores de servicios; organizaciones de usuarios de Internet; entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; organizaciones empresariales y bancarias; sindicatos; colegios profesionales de ingenieros de telecomunicación; y otras asociaciones, han sido consultadas al respecto o han hecho aportaciones al Anteproyecto.

El MCYT confía, con la LSSI, en "cumplir con el mandato de transponer el contenido de la Directiva" y, por otro lado, en "diseñar una Ley que otorgue confianza y seguridad para todos los ciudadanos en sus transacciones electrónicas", protegiendo "los derechos fundamentales y las libertades públicas".

El texto se subdivide en siete títulos: disposiciones generales, prestación de servicios de la sociedad de la información, comunicaciones por vía electrónica, solución judicial y extrajudicial de conflictos, información y control y, por último, infracciones y sanciones.

Reproducido de Europa Press