(López Penide | pontevedra) La Voz de Galicia
Desde hace varios meses, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España está embarcada en lo que para muchos juristas es toda una ofensiva judicial -hay quien incluso echa mano de la mitología religiosa y habla de cruzada- contra la difusión no autorizada de música en negocios y fiestas.
Sin ir más lejos, el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra ha constatando que buena parte de las causas de índole civil que tramitan se refieren a pleitos incoados a raíz de una denuncia de la entidad cultural. En todos los casos, se reclaman a los supuestos infractores el pago de una cantidades económicas variables según un canon pre-existente.
También no deja de ser curioso que uno de los primeros procedimientos abiertos este año fuese uno de estas características.
De hecho, ayer la sala pontevedresa celebró varias vistas orales con la misma dinámica. El denunciante era la SGAE, mientras que el papel de denunciado estaba destinado a ser interpretado por los responsables de un negocio o, incluso, una comisión de fiestas.
Así, quedó visto para sentencia la causa abierta contra la comisión de fiestas San Benito de Gondomar. En este caso concreto, nadie se sentó en el banquillo y la titular del juzgado optó por declararlos y juzgarlos en rebeldía.
Posteriormente, el representante legal de la Sociedad General de Autores y Editores explicó que se trata de casos en los que «no hay una previa autorización de la comunicación pública de la música».
En los restantes juicios estaban llamados a comparecer responsables de establecimientos de hostelería de la provincia -«ya sabe, es por poner la tele y la radio en el bar», precisó alzando los hombros una de las afectadas a una funcionaria judicial- o, incluso, negocios de otra índole, como lo que parecía era un gimnasio.
El conflicto
A nivel provincial y en el caso concreto de las comisiones de fiestas, la polémica con la SGAE se remonta a mayo del año pasado cuando los responsables de cuarenta colectivos parroquiales se unieron en torno a la fiesta de Liñares. En el trasfondo tenían en mente lo ocurrido en los festejos de Présaras, en Betanzos, a cuyos responsables un juez condenó a pagar 2.658 euros -finalmente la Audiencia de A Coruña reduciría la indemnización a 176 euros-.
Ya más recientemente, la Sociedad General de Autores ha sufrido un varapalo. El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Vigo rechazó, el pasado mes de enero, una demanda contra los organizadores de la fiesta de Liñares.
Entre otras cuestiones, en la sentencia se afirma que los miembros de la comisión no deben responder en ningún caso con su propio patrimonio a la reclamación económica. Añade, asimismo, que no pueden ser tratadas como sociedades anónimas, ya que carecen del elemental ánimo de lucro.
En cualquier caso, lo cierto es que este tipo de procedimientos judiciales seguirán siendo habituales en los próximos meses en el Juzgado de lo Mercantil.
Desde hace varios meses, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España está embarcada en lo que para muchos juristas es toda una ofensiva judicial -hay quien incluso echa mano de la mitología religiosa y habla de cruzada- contra la difusión no autorizada de música en negocios y fiestas.
Sin ir más lejos, el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra ha constatando que buena parte de las causas de índole civil que tramitan se refieren a pleitos incoados a raíz de una denuncia de la entidad cultural. En todos los casos, se reclaman a los supuestos infractores el pago de una cantidades económicas variables según un canon pre-existente.
También no deja de ser curioso que uno de los primeros procedimientos abiertos este año fuese uno de estas características.
De hecho, ayer la sala pontevedresa celebró varias vistas orales con la misma dinámica. El denunciante era la SGAE, mientras que el papel de denunciado estaba destinado a ser interpretado por los responsables de un negocio o, incluso, una comisión de fiestas.
Así, quedó visto para sentencia la causa abierta contra la comisión de fiestas San Benito de Gondomar. En este caso concreto, nadie se sentó en el banquillo y la titular del juzgado optó por declararlos y juzgarlos en rebeldía.
Posteriormente, el representante legal de la Sociedad General de Autores y Editores explicó que se trata de casos en los que «no hay una previa autorización de la comunicación pública de la música».
En los restantes juicios estaban llamados a comparecer responsables de establecimientos de hostelería de la provincia -«ya sabe, es por poner la tele y la radio en el bar», precisó alzando los hombros una de las afectadas a una funcionaria judicial- o, incluso, negocios de otra índole, como lo que parecía era un gimnasio.
El conflicto
A nivel provincial y en el caso concreto de las comisiones de fiestas, la polémica con la SGAE se remonta a mayo del año pasado cuando los responsables de cuarenta colectivos parroquiales se unieron en torno a la fiesta de Liñares. En el trasfondo tenían en mente lo ocurrido en los festejos de Présaras, en Betanzos, a cuyos responsables un juez condenó a pagar 2.658 euros -finalmente la Audiencia de A Coruña reduciría la indemnización a 176 euros-.
Ya más recientemente, la Sociedad General de Autores ha sufrido un varapalo. El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Vigo rechazó, el pasado mes de enero, una demanda contra los organizadores de la fiesta de Liñares.
Entre otras cuestiones, en la sentencia se afirma que los miembros de la comisión no deben responder en ningún caso con su propio patrimonio a la reclamación económica. Añade, asimismo, que no pueden ser tratadas como sociedades anónimas, ya que carecen del elemental ánimo de lucro.
En cualquier caso, lo cierto es que este tipo de procedimientos judiciales seguirán siendo habituales en los próximos meses en el Juzgado de lo Mercantil.
