Asociación de Internautas

La flexibilidad en la preselección de operador como consecuencia de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha ocasionado que al menos 165.000 familias de toda España se hayan visto afectadas por un posible fraude.

06-06-2005 - Levante-emv.es

En los últimos meses, observan con sorpresa -según denuncia la Unión de Consumidores de España (UCE)- cómo cambia el proveedor que emite la factura de su teléfono, o de banda ancha ADSL, sin que en ningún momento hayan solicitado un canje de compañía. La preasignación es un sistema por el que un abonado de Telefónica puede encaminar sus comunicaciones a través de otro agente sin tener que marcar prefijo alguno.

Las prácticas irregulares o slamming son fraudulentas porque modifican el servidor de telecomunicaciones de una personas sin la autorización explícita del usuario, sostienen las organizaciones de consumidores del sector. Esto es debido a los métodos comerciales agresivos para robar clientes, la externalización y la falta de control en las actividades comerciales, muchas veces dejadas en manos de contratas y subcontratas.

El global de denuncias presentadas ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) por Telefónica de España, la firma más afectada por esas irregularidades y diversas asociaciones de consumidores, suman 102 casos durante el primer trimestre de 2005. De éstas, 54 se han realizado contra Uni2 (filial de España de France Telecom) y 48, se dirigen hacia Auna. Con todo, la CMT sólo ha remitido al Ministerio Fiscal las denuncias que van acompañadas de escritos de alegaciones. Hay sentencias favorables a Telefónica contra Uni2 y Digimur S.L. (de Auna) -ambas en Madrid, así como en Retevisión de Orense.

Simple autorización verbal

El robo de clientes entre operadoras, que hasta ahora no ha sido atajado de raíz por el órgano regulador, se ha generalizado con las flexibilización del procedimiento que los controla, pues desde 2004 sólo requiere autorización verbal (Circular la CMT 1/2004 de 17 de mayo). Como se elimina el documento impreso, las posibilidades de engaño resultan mayores. A partir de ese momento, para el usuario, la vuelta a su operador de origen puede ser «larga y penosa» con cláusulas que impiden el cambio de compañía en un tiempo mínimo de un año. De otro lado, se producen llamadas interminables para darse de baja, comunicaciones a través del fax que no llegan o facturas que se dejan de pagar. Incluso puede ocasionar la entrada en una lista de morosos.