Barcelona, 18 sep (EFECOM).- Por ahora, France Telecom se ha negado, porque la pretensión de la Generalitat es que el precio no incluya la deuda de Al-pi, que en su mayoría corresponde a créditos de empresas de la multinacional francesa con su participada catalana.
Este socio norteamericano llega de la mano de Jordi Bosch, director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), consejero de Al-pi y principal impulsor de buscar una salida para esta empresa catalana dentro de la remodelación que France Telecom está impulsando en sus negocios en España después de haber adquirido el operador de móviles Amena por 6.400 millones este verano.
Portavoces del CTTI han asegurado desconocer cualquier cambio en el seno de Al-pi, lo mismo que los responsables de comunicación de la empresa.
Los planes de France Télécom pasan por fusionar Amena con el resto de los activos que posee en España (Uni2 y Wanadoo) y crear un nuevo grupo que podría mantener el nombre de Amena o la marca Orange, que agrupa las actividades de telefonía móvil de la operadora.
En principio, Al-pi no entrará en esta fusión y lo cierto, a juicio de fuentes del sector de telecomunicaciones, es que su papel al haberse especializado en servicios de telecomunicaciones para las empresas en Cataluña, no encaja con un grupo que globalmente se está enfocando en España hacia el mercado de particulares.
Al-pi está controlada en un 75% por la multinacional gala France Telecom, un paquete que adquirió a la Generalitat en 1999 por 78 millones de euros, mientras que la administración catalana se reservó el 25% restante como una manera de mantener un instrumento para impulsar las telecomunicaciones en Cataluña.
La venta de su participación en la condiciones que ahora ofrece la Generalitat supondría a France Telecom ingresar algo más de 50 millones de euros y asumir una importante minusvalía, ya que durante la vida de la empresa el grupo galo ha realizado diversas aportaciones capitalizando deuda.
Sin embargo, la posición de la Generalitat en la negociación tiene mucha fuerza, según fuentes del sector de telecomunicaciones consultadas, porque el CTTI ha iniciado la licitación del contrato de servicios de comunicaciones de voz y datos de la administración catalana, cuyo montante asciende a unos 30 millones de euros anuales y que hasta ahora era un negocio que correspondía a Al-pi.
La importancia de este contrato es clave, porque el 35% de los ingresos de Al-pi todavía dependen de este acuerdo con la Generalitat.
Este socio norteamericano llega de la mano de Jordi Bosch, director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), consejero de Al-pi y principal impulsor de buscar una salida para esta empresa catalana dentro de la remodelación que France Telecom está impulsando en sus negocios en España después de haber adquirido el operador de móviles Amena por 6.400 millones este verano.
Portavoces del CTTI han asegurado desconocer cualquier cambio en el seno de Al-pi, lo mismo que los responsables de comunicación de la empresa.
Los planes de France Télécom pasan por fusionar Amena con el resto de los activos que posee en España (Uni2 y Wanadoo) y crear un nuevo grupo que podría mantener el nombre de Amena o la marca Orange, que agrupa las actividades de telefonía móvil de la operadora.
En principio, Al-pi no entrará en esta fusión y lo cierto, a juicio de fuentes del sector de telecomunicaciones, es que su papel al haberse especializado en servicios de telecomunicaciones para las empresas en Cataluña, no encaja con un grupo que globalmente se está enfocando en España hacia el mercado de particulares.
Al-pi está controlada en un 75% por la multinacional gala France Telecom, un paquete que adquirió a la Generalitat en 1999 por 78 millones de euros, mientras que la administración catalana se reservó el 25% restante como una manera de mantener un instrumento para impulsar las telecomunicaciones en Cataluña.
La venta de su participación en la condiciones que ahora ofrece la Generalitat supondría a France Telecom ingresar algo más de 50 millones de euros y asumir una importante minusvalía, ya que durante la vida de la empresa el grupo galo ha realizado diversas aportaciones capitalizando deuda.
Sin embargo, la posición de la Generalitat en la negociación tiene mucha fuerza, según fuentes del sector de telecomunicaciones consultadas, porque el CTTI ha iniciado la licitación del contrato de servicios de comunicaciones de voz y datos de la administración catalana, cuyo montante asciende a unos 30 millones de euros anuales y que hasta ahora era un negocio que correspondía a Al-pi.
La importancia de este contrato es clave, porque el 35% de los ingresos de Al-pi todavía dependen de este acuerdo con la Generalitat.
