Córdoba, 25 de octubre de 2005. Esta mañana se ha celebrado en Córdoba la jornada El servicio universal y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, organizada por la Unión de Consumidores de España. En ella se han tratado diversos temas, como los cambios legales en la protección de los derechos de los usuarios, el equilibrio entre el mercado y los derechos o la cuestión del servicio universal, incluyendo su financiación y su situación en España.
Durante la jornada, ha tenido lugar la presentación del informe Los efectos de la regulación asimétrica en los derechos de los consumidores en telecomunicaciones. El Servicio Universal en España, del que se desprenden cuestiones muy relevantes. El estudio demuestra que los usuarios carecen de la protección administrativa necesaria en derechos elementales en materia de telecomunicaciones, hecho que demuestra el aumento en el número de reclamaciones y solicitudes de arbitraje.
La Unión de Consumidores ha puesto sobre la mesa los derechos que reiteradamente se incumplen y que se abordan en el informe, a saber:
- El servicio universal y su financiación, como modo de garantizar el acceso a las telecomunicaciones como derecho originario de todos los demás.
-El derecho a elegir operador libremente, como garantía de respeto a la voluntad real del usuario. En el año 2004, más de 140.000 familias fueron cambiadas de operador sin su consentimiento.
-El derecho a un contrato escrito, como fórmula de verificación de la voluntad del usuario y de conocimiento de las obligaciones recíprocas.
-El derecho a la información veraz, como parte integrante de la garantía de la libre elección.
-El derecho a ser compensado por incumplimientos contractuales y por actuar contra la voluntad de los usuarios, como garantía básica del consumidor.
- El derecho a que la calidad de la prestación forme parte del contrato, como garantía para la evaluación individual de las prestaciones y las posibles compensaciones por incumplimiento.
-El derecho a la amplia divulgación de los índices de calidad, como garantía de conocimiento de elementos claves de la libre elección y estímulo para la mejora de la calidad.
-El derecho a recibir ofertas en todo momento, como elemento básico para el dinamismo del mercado.
- El derecho a mantener el número y el servicio telefónico, como garantía ante los riesgos que la portabilidad entraña.
-El derecho a la facturación directa exclusivamente por los servicios efectivamente prestados y el tráfico cursado por el operador que los provea, como garantía de la relación y de la responsabilidad contractual.
El problema radica en la desregulación del mercado que promueve la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), basada en medidas que garantizan la rentabilidad de los nuevos operadores y dejan a un lado los derechos de los consumidores. Desregulación que se ha visto favorecida por la pasividad en la protección de los derechos y los legítimos intereses de los consumidores mostrada por la administración del momento (Ministerio de Sanidad y Consumo y, en su día, Ciencia y Tecnología).
Aunque UCE considera que el Anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios y el relativo al reglamento de la nueva Ley General de Telecomunicaciones pueden corregir algunos defectos de esta desregulación, solicita que las administraciones públicas orienten la competencia hacia los usuarios, establezcan un sistema de derechos que haga que estos sean los protagonistas y promuevan la competencia leal. Para cumplir estos objetivos, UCE ha elaborado la siguiente propuesta de derechos:
-El respeto al derecho de acceso en voz y datos. Para ello, propone la creación del Fondo de Servicio Universal, como instrumento de solidaridad entre todos los usuarios, que cuente con las aportaciones de los operadores según su cuota de mercado por ingresos y con las aportaciones públicas que se establezcan para garantizar la viabilidad de Internet con una calidad básica de banda ancha con carácter universal.
-Respecto a la libertad de elección del usuario, UCE plantea la celebración de contratos escritos, reforzando la seguridad jurídica que éstos conllevan mediante la verificación de todas las solicitudes de cambios por preasignación o portabilidad del número.
-La seguridad jurídica no debe impedir la tramitación en 4 días de las solicitudes de preasignación o inhabilitación de la misma, o portabilidad, imponiendo las debidas sanciones a los operadores que causen o hayan causado el retraso, así como las correspondientes indemnizaciones a los usuarios.
-El respeto a la voluntad del usuario en la rescisión de contratos de cualquier servicio, habilitando un sistema de tramitación sencillo y ágil.
- El usuario tiene derecho a saber cuándo dispondrá de línea.
-UCE defiende el derecho de los usuarios a recibir ofertas de cualquier operador en cualquier momento, promoviendo también el derecho a la protección administrativa ante los actos de publicidad engañosa o desleal.
- Cada operador debe mantener su relación directa con los usuarios y facturar sólo por los servicios que presta.
-Por último, UCE exige que el derecho a ser compensado se extienda a la exigencia de responsabilidades en otros aspectos, como la publicidad engañosa o desleal, el incumplimiento de los compromisos contractuales o la alteración de la voluntad del cliente (preasignación irregular o traspasos irregulares). Por ello, reclama que la compensación tenga también en cuenta el perjuicio moral y la creación de una régimen sancionador para las prácticas irregulares de los operadores.
Declaración de la Asociación de Internautas para las Jornadas sobre "El servicio Universal. Los Derechos de los Usuarios en la Telecomunicacioones -- BORRADOR DE PROGRAMA
Durante la jornada, ha tenido lugar la presentación del informe Los efectos de la regulación asimétrica en los derechos de los consumidores en telecomunicaciones. El Servicio Universal en España, del que se desprenden cuestiones muy relevantes. El estudio demuestra que los usuarios carecen de la protección administrativa necesaria en derechos elementales en materia de telecomunicaciones, hecho que demuestra el aumento en el número de reclamaciones y solicitudes de arbitraje.
La Unión de Consumidores ha puesto sobre la mesa los derechos que reiteradamente se incumplen y que se abordan en el informe, a saber:
- El servicio universal y su financiación, como modo de garantizar el acceso a las telecomunicaciones como derecho originario de todos los demás.
-El derecho a elegir operador libremente, como garantía de respeto a la voluntad real del usuario. En el año 2004, más de 140.000 familias fueron cambiadas de operador sin su consentimiento.
-El derecho a un contrato escrito, como fórmula de verificación de la voluntad del usuario y de conocimiento de las obligaciones recíprocas.
-El derecho a la información veraz, como parte integrante de la garantía de la libre elección.
-El derecho a ser compensado por incumplimientos contractuales y por actuar contra la voluntad de los usuarios, como garantía básica del consumidor.
- El derecho a que la calidad de la prestación forme parte del contrato, como garantía para la evaluación individual de las prestaciones y las posibles compensaciones por incumplimiento.
-El derecho a la amplia divulgación de los índices de calidad, como garantía de conocimiento de elementos claves de la libre elección y estímulo para la mejora de la calidad.
-El derecho a recibir ofertas en todo momento, como elemento básico para el dinamismo del mercado.
- El derecho a mantener el número y el servicio telefónico, como garantía ante los riesgos que la portabilidad entraña.
-El derecho a la facturación directa exclusivamente por los servicios efectivamente prestados y el tráfico cursado por el operador que los provea, como garantía de la relación y de la responsabilidad contractual.
El problema radica en la desregulación del mercado que promueve la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), basada en medidas que garantizan la rentabilidad de los nuevos operadores y dejan a un lado los derechos de los consumidores. Desregulación que se ha visto favorecida por la pasividad en la protección de los derechos y los legítimos intereses de los consumidores mostrada por la administración del momento (Ministerio de Sanidad y Consumo y, en su día, Ciencia y Tecnología).
Aunque UCE considera que el Anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios y el relativo al reglamento de la nueva Ley General de Telecomunicaciones pueden corregir algunos defectos de esta desregulación, solicita que las administraciones públicas orienten la competencia hacia los usuarios, establezcan un sistema de derechos que haga que estos sean los protagonistas y promuevan la competencia leal. Para cumplir estos objetivos, UCE ha elaborado la siguiente propuesta de derechos:
-El respeto al derecho de acceso en voz y datos. Para ello, propone la creación del Fondo de Servicio Universal, como instrumento de solidaridad entre todos los usuarios, que cuente con las aportaciones de los operadores según su cuota de mercado por ingresos y con las aportaciones públicas que se establezcan para garantizar la viabilidad de Internet con una calidad básica de banda ancha con carácter universal.
-Respecto a la libertad de elección del usuario, UCE plantea la celebración de contratos escritos, reforzando la seguridad jurídica que éstos conllevan mediante la verificación de todas las solicitudes de cambios por preasignación o portabilidad del número.
-La seguridad jurídica no debe impedir la tramitación en 4 días de las solicitudes de preasignación o inhabilitación de la misma, o portabilidad, imponiendo las debidas sanciones a los operadores que causen o hayan causado el retraso, así como las correspondientes indemnizaciones a los usuarios.
-El respeto a la voluntad del usuario en la rescisión de contratos de cualquier servicio, habilitando un sistema de tramitación sencillo y ágil.
- El usuario tiene derecho a saber cuándo dispondrá de línea.
-UCE defiende el derecho de los usuarios a recibir ofertas de cualquier operador en cualquier momento, promoviendo también el derecho a la protección administrativa ante los actos de publicidad engañosa o desleal.
- Cada operador debe mantener su relación directa con los usuarios y facturar sólo por los servicios que presta.
-Por último, UCE exige que el derecho a ser compensado se extienda a la exigencia de responsabilidades en otros aspectos, como la publicidad engañosa o desleal, el incumplimiento de los compromisos contractuales o la alteración de la voluntad del cliente (preasignación irregular o traspasos irregulares). Por ello, reclama que la compensación tenga también en cuenta el perjuicio moral y la creación de una régimen sancionador para las prácticas irregulares de los operadores.
Declaración de la Asociación de Internautas para las Jornadas sobre "El servicio Universal. Los Derechos de los Usuarios en la Telecomunicacioones -- BORRADOR DE PROGRAMA
