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Los ministros del Interior de la UE han alcanzado un acuerdo sobre la retención de datos de comunicaciones telefónicas y electrónicas en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el texto rechaza que sean los Estados miembros los que asuman el coste extra que la aplicación de esta directiva suponga para las industrias de telecomunicaciones. Esta medida tendrá un coste anual de entre 1 y 4 millones de euros por compañía.

02-12-2005 - LD (Agencias) El texto legislativo señala que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas –incluidas las no atendidas– así como las comunicaciones por Internet. Además, se ha determinado que se conservarán entre 6 y 24 meses las informaciones, a partir de las cuales se podrá saber quién ha hecho la llamada, a quién, desde donde y la duración, pero no su contenido, al que sólo se puede acceder si hay una orden judicial. En cuanto al coste, se rechaza que sean los Estados miembros los que deban asumir el coste extra que la aplicación de esta directiva suponga para las industrias de telecomunicaciones.

La presidencia británica de turno de la UE ha reconocido que para lograr el acuerdo todos los países han tenido que realizar concesiones y ha expresado su confianza en que el texto acordado podrá ser aceptado por el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión. Por su parte, la Comisión Europea ha aceptado el acuerdo, aunque incluirá una declaración paralela para resaltar que no habrá distorsiones a la competencia por el coste que esta medida podría suponer para las industrias de telecomunicaciones.

La propuesta de directiva, que se discute desde hace más de año y medio, busca armonizar en los Estados miembros unas normas mínimas para conservar una información que ahora sólo tiene fines comerciales y que se ha demostrado útil en investigaciones de atentados terroristas como los del 11 de marzo en Madrid.

El ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló, antes de conocerse el acuerdo, que el rastro que dejan las llamadas "puede jugar un papel enormemente relevante en la depuración de responsabilidades penales por crímenes terroristas". En cuanto al coste extra, que las compañías reclaman sean asumidos por los Estados, el ministro afirmó con rotundidad que "no se puede admitir que exista el resarcimiento económico a las empresas por cumplir estas reglas".

Frente a los cálculos oficiales de un coste anual de entre 1 y 4 millones de euros por compañía, el sector estima que sólo los cambios necesarios para registrar los datos relativos a las llamadas fallidas en líneas fijas supondría una inversión de 100 millones de euros.