J. GARCÍA/RIBADESELLA En el curso sobre Administraciones Públicas y Propiedad Intelectual organizado por la Universidad Complutense de Madrid, que ayer se clausuró en el Gran Hotel del Sella, algunos juristas aseguraron que ese tipo de gravámenes no benefician a la llamada sociedad de la información. «No tiene sentido gravar a particulares para que se pueda desarrollar una actividad de corte intelectual y de carácter privado», aseguró Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, quien aplicó esta misma teoría al canon establecido para los cedés vírgenes.
Según explicó, los constantes avances en nuevas tecnologías han traído consigo una serie de problemas que deben resolverse, pero no a base de nuevos impuestos y nuevas cargas económicas sobre el ciudadano. La llegada de Internet a ha facilitado la trasgresión de los derechos de propiedad intelectual, «pero también se vulneran los derechos al honor o a la intimidad».
Por ese motivo, Domingo Bello apuesta por tutelar y proteger el ciberespacio. La receta aportada por este jurista pasa por ampliar las funciones de la llamada Comisión de Arbitraje recogida por la Ley de Propiedad Intelectual, actualmente sometida a reforma legislativa en las Cortes. Según sus datos, los tribunales de justicia españoles están «desbordados» con más de 7.000 pleitos pendientes por temas relacionados con el pago de derechos de autor. Bello tampoco ve adecuado que el contenido de las publicaciones sobre los resúmenes de prensa pueda ser usado por ciertas empresas con finalidad lucrativa sin consentimiento de sus editores.
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