JORGE DEL CORRAL en la Voz de Galicia La SGAE dispone de un cuantioso presupuesto que se nutre, principalmente, de un canon por copia privada sobre soportes electrónicos, y de tarifas sobre la gestión colectiva de los derechos de autor. Para el primero, que se aplica sobre los CD, DVD y MP3 vírgenes, ha pedido su supresión la Comisión Asesora para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria por considerar que «supone un enriquecimiento injusto de las entidades de gestión a costa del Estado». Sobre las segundas, las tarifas (precios lo llaman ellos) en régimen de monopolio de la gestión colectiva de los derechos universales de autor de varios colectivos, claman infructuosamente los usuarios porque consideran que las leyes que las amparan olvidan los derechos de los consumidores y les convierten en sujetos de diezmos.
La FAPAE, por su parte, ha logrado para el sector numerosas canonjías y leyes proteccionistas que benefician económicamente a sus integrantes pero castran al cine. Así, han logrado, además de subvenciones públicas directas e indirectas entregadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a cada película producida, que las televisiones privadas y públicas tengan que invertir obligatoriamente el 5% de sus ingresos brutos en el sector cinematográfico europeo, y de este porcentaje el 60% en cine español; o que las salas cinematográficas tengan que programar cine español o del resto de la UE un día por cada tres de exhibición de películas de terceros países. Tan generosas ayudas no impiden que disminuya el número de butacas, habiéndose reducido en doce mil las disponibles en el 2005 con relación al 2004, hasta dejar en 983.250 las plazas en nuestros cines, ni que el número de espectadores a las películas españolas descienda cada año, ni, en fin, que las películas patrias reduzcan su tiempo de permanencia en cartelera por falta de clientes. Todo este conglomerado cultural, adulado o temido por los partidos, goza de buena salud a costa de la de los demás. Es la ley de la calle.
La FAPAE, por su parte, ha logrado para el sector numerosas canonjías y leyes proteccionistas que benefician económicamente a sus integrantes pero castran al cine. Así, han logrado, además de subvenciones públicas directas e indirectas entregadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a cada película producida, que las televisiones privadas y públicas tengan que invertir obligatoriamente el 5% de sus ingresos brutos en el sector cinematográfico europeo, y de este porcentaje el 60% en cine español; o que las salas cinematográficas tengan que programar cine español o del resto de la UE un día por cada tres de exhibición de películas de terceros países. Tan generosas ayudas no impiden que disminuya el número de butacas, habiéndose reducido en doce mil las disponibles en el 2005 con relación al 2004, hasta dejar en 983.250 las plazas en nuestros cines, ni que el número de espectadores a las películas españolas descienda cada año, ni, en fin, que las películas patrias reduzcan su tiempo de permanencia en cartelera por falta de clientes. Todo este conglomerado cultural, adulado o temido por los partidos, goza de buena salud a costa de la de los demás. Es la ley de la calle.
