El proyecto de nuevo reglamento general de prestación del servicio de radio y televisión por cable que prepara el Gobierno se está convirtiendo en un cajón de sastre en el que tienen cabida las más diversas regulaciones. Una de ellas la que se refiere a la modificación de la actual legislación sobre información de la programación televisiva, según la cual las televisiones debían de hacerla pública con once días de antelación, permitiendo a los ciudadanos conocer la programación de una semana completa.
El proyecto de nuevo reglamento, sin embargo, supone en la práctica la anulación del derecho a la información para la mayoría de los ciudadanos, ya que la norma que prepara el Gobierno establece que la programación se facilitará con siete días de antelación a través de las páginas de teletexto, de las guías electrónicas o de las páginas web de las propias televisiones.
Nada nos gustaría más a la Asociación de Internautas que Internet fuese el sistema de información de los ciudadanos, señal inequívoca de que la Sociedad de la Información avanza. Pero no es así, más del 60% de la población no accede a este medio. Resulta paradójico que la apuesta de Industria por la información digital se haga a costa de la mayor parte de la población.
Que el teletexto y las guías electrónicas sean otras de las fuentes sugeridas en el proyecto para conocer la programación de los canales analógicos o digitales respectivamente resulta asombroso e indica que el redactor del mismo lo ha utilizado pocas veces o quiere dificultar la fácil comparación de las programaciones.
En definitiva el proyecto de reglamento excluye el acceso de los ciudadanos a la información televisiva a través de los medios escritos de periodicidad semanal que tienen una difusión próxima al 55% de la población, obligándoles a procurarse información por otros medios, a los que no acceden, no conocen o son más caros.
Desde el punto de vista de la Asociación de Internautas, resulta incongruente que la ampliación de la oferta televisiva a la que asistimos con dos nuevos canales analógicos y la televisión digital, se salde con un recorte de los sistemas por los que los ciudadanos pueden conocer los contenidos televisivos.
La nueva regulación puede propiciar que el millón y medio de hogares que acceden a la señal de la TDT mediante cable o Adsl tengan que instalar otro decodificador
Durante once años, y como consecuencia de lo indicado en la Ley del Cable de 1995, los operadores de cable han cumplido con la obligación de transportar y hacer llegar a sus abonados la señal de todos los canales de televisión -nacionales, autonómicas y municipales- emitidos por ondas hertzianas terrenas, tanto mediante tecnología analógica como digital. No parece razonable que en el escaso horizonte existente hasta el apagón digital (2010) se genere un régimen diferente.
La obligación así configurada ha servido para dar una difusión más amplia a aquellas cadenas que no podían alcanzarla por sus propios métodos, al tiempo que sirve para fomentar el acceso a una nueva tecnología de emisión, la de la televisión digital terrestre (TDT).
Tampoco resulta razonable que en este período transitorio hacía el apagón analógico se pretenda cobrar a los operadores de cable por aquello que los que los ciudadanos pueden ver en abierto y gratuitamente y, además, por dar cumplimiento a una obligación que les ha sido impuesta por Ley.
En el caso de que los operadores se negasen a satisfacer las exigencias de las cadenas de televisión se obliga al millón y medio de hogares que acceden a la señal de la TDT mediante cable o Adsl a instalar otro decodificador en sus hogares para recibir la televisión digital, algo que puede ir en contra de la implantación de la TDT.
Por otra parte la TDT, como televisión por ondas tiene carácter de servicio público y la difusión de su señal mediante distintos sistemas responde a la necesidad de desarrollar y consolidar una nueva tecnología, con lo que la administración estaría fomentando el acceso de los ciudadanos a la misma, lo que debiera constituirse en su prioridad.
Por todo ello,la Asociación de Internautas ha solicitado a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que el nuevo reglamento mantenga inalterable la legislación aún vigente por la que las televisiones deben hacer pública su programación con once días de antelación y que hasta el cese definitivo de las emisiones de televisión con tecnología analógica, los titulares de autorización para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable, vendrán obligados a incluir en su oferta el conjunto de canales que se emiten por ondas, ya sea mediante tecnología analógica o digital.
Por último, es preciso señalar que se hecha en falta una actuación más eficaz y decidida de las autoridades de consumo en defensa de los derechos de los ciudadanos.
El proyecto de nuevo reglamento, sin embargo, supone en la práctica la anulación del derecho a la información para la mayoría de los ciudadanos, ya que la norma que prepara el Gobierno establece que la programación se facilitará con siete días de antelación a través de las páginas de teletexto, de las guías electrónicas o de las páginas web de las propias televisiones.
Nada nos gustaría más a la Asociación de Internautas que Internet fuese el sistema de información de los ciudadanos, señal inequívoca de que la Sociedad de la Información avanza. Pero no es así, más del 60% de la población no accede a este medio. Resulta paradójico que la apuesta de Industria por la información digital se haga a costa de la mayor parte de la población.
Que el teletexto y las guías electrónicas sean otras de las fuentes sugeridas en el proyecto para conocer la programación de los canales analógicos o digitales respectivamente resulta asombroso e indica que el redactor del mismo lo ha utilizado pocas veces o quiere dificultar la fácil comparación de las programaciones.
En definitiva el proyecto de reglamento excluye el acceso de los ciudadanos a la información televisiva a través de los medios escritos de periodicidad semanal que tienen una difusión próxima al 55% de la población, obligándoles a procurarse información por otros medios, a los que no acceden, no conocen o son más caros.
Desde el punto de vista de la Asociación de Internautas, resulta incongruente que la ampliación de la oferta televisiva a la que asistimos con dos nuevos canales analógicos y la televisión digital, se salde con un recorte de los sistemas por los que los ciudadanos pueden conocer los contenidos televisivos.
La nueva regulación puede propiciar que el millón y medio de hogares que acceden a la señal de la TDT mediante cable o Adsl tengan que instalar otro decodificador
Durante once años, y como consecuencia de lo indicado en la Ley del Cable de 1995, los operadores de cable han cumplido con la obligación de transportar y hacer llegar a sus abonados la señal de todos los canales de televisión -nacionales, autonómicas y municipales- emitidos por ondas hertzianas terrenas, tanto mediante tecnología analógica como digital. No parece razonable que en el escaso horizonte existente hasta el apagón digital (2010) se genere un régimen diferente.
La obligación así configurada ha servido para dar una difusión más amplia a aquellas cadenas que no podían alcanzarla por sus propios métodos, al tiempo que sirve para fomentar el acceso a una nueva tecnología de emisión, la de la televisión digital terrestre (TDT).
Tampoco resulta razonable que en este período transitorio hacía el apagón analógico se pretenda cobrar a los operadores de cable por aquello que los que los ciudadanos pueden ver en abierto y gratuitamente y, además, por dar cumplimiento a una obligación que les ha sido impuesta por Ley.
En el caso de que los operadores se negasen a satisfacer las exigencias de las cadenas de televisión se obliga al millón y medio de hogares que acceden a la señal de la TDT mediante cable o Adsl a instalar otro decodificador en sus hogares para recibir la televisión digital, algo que puede ir en contra de la implantación de la TDT.
Por otra parte la TDT, como televisión por ondas tiene carácter de servicio público y la difusión de su señal mediante distintos sistemas responde a la necesidad de desarrollar y consolidar una nueva tecnología, con lo que la administración estaría fomentando el acceso de los ciudadanos a la misma, lo que debiera constituirse en su prioridad.
Por todo ello,la Asociación de Internautas ha solicitado a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que el nuevo reglamento mantenga inalterable la legislación aún vigente por la que las televisiones deben hacer pública su programación con once días de antelación y que hasta el cese definitivo de las emisiones de televisión con tecnología analógica, los titulares de autorización para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable, vendrán obligados a incluir en su oferta el conjunto de canales que se emiten por ondas, ya sea mediante tecnología analógica o digital.
Por último, es preciso señalar que se hecha en falta una actuación más eficaz y decidida de las autoridades de consumo en defensa de los derechos de los ciudadanos.
