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El Instituto Nacional de Consumo está analizando, junto a la Secretaría General de Telecomunicaciones y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), la subida de tarifas de las principales compañías telefónicas para verificar su adecuación a la ley, informó hoy el Ministerio de Sanidad y Consumo.

08-02-2007 - EFE.-- Los nuevos contratos planteados por las compañías de telefonía móvil serán estudiados por Sanidad y Consumo en colaboración con las Comunidades Autónomas, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Ministerio de Justicia para determinar si se ajustan a la legalidad, afirma en una nota el departamento de Elena Salgado.

El subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, explicó durante la XXIII Conferencia Sectorial de Consumo que la única compañía que ha comunicado de forma oficial esta subida ha sido Movistar, por lo que ha solicitado información a Vodafone y Orange sobre la misma.

La subida de precios de los servicios de telefonía móvil se hará efectiva el uno de marzo, el mismo día que entra en vigor la Ley de Mejora de la Protección de Consumidores y Usuarios, que prohíbe el redondeo.

Puig aseguró que si en la información que faciliten las compañías hay indicios de que 'han actuado de forma concertada, se pedirá la intervención de las autoridades de defensa de la competencia, y en su caso de la CMT', sin perjuicio de las acciones de cesación que puede llevar a cabo el Instituto Nacional de Consumo.

En la Conferencia Sectorial de Consumo la ministra de Sanidad presentó el borrador del anteproyecto de ley que regulará la actividad de las empresas que comercializan bienes tangibles.

El objetivo del anteproyecto, que fue presentado en Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre y está en trámite de audiencia, es 'aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos ante la adquisición de estos bienes', también en lo relativo a la publicidad.

La futura ley obligará a que en las comunicaciones comerciales se deje claro que la naturaleza de estos bienes es 'no financiera, por lo que no podrán utilizarse palabras como inversión y ahorro'.

Además, en aquellos casos en los que el contrato establezca una promesa de revalorización, éste deberá hacerse mediante escritura pública ante notario, y la empresa deberá aportar un seguro o garantía que garantice al consumidor el precio de la adquisición inicial del bien objeto del contrato.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha acordado trabajar con las Comunidades en la Comisión de Cooperación de Consumo para el desarrollo reglamentario de la Ley de Protección de los Consumidores.

Entre las medidas que se abordarán se encuentra la puesta en marcha del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios y la elaboración del Real Decreto sobre Arbitraje de Consumo.

El Instituto Nacional de Consumo informó de que en 2006 se produjeron casi 1.500 alertas, un 13 por ciento más que el año anterior, y estuvieron referidas en su mayoría a juguetes y a material eléctrico.