Hace cerca de un año se aprobó en el Estado español la reforma del texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI). Las modificaciones contienen la ampliación del ya existente canon de soportes analógicos aplicación de un canon también sobre los productos digitales susceptibles de ser soporte de copia de obras protegidas por derechos de autor.
Este hecho, agravado por la desproporcionalidad de las elevadas cantidades con las que se gravan dichos soportes y el hecho de que con tal medida se establezcan dobles imposiciones a una misma actividad soporte, reproductor, copiador, etc.-, ha generado muchas protestas entre la sociedad española -1 millón de firmas recogidas en contra del canon-, que ve como se presupone que toda utilización de productos digitales por parte de los usuarios es con la finalidad de copiar obras protegidas. Es obvio que esto representa una vulneración de toda presunción de inocencia.
Si bien la Directiva 29/2001/CE reconoce el derecho de todo autor a recibir una compensación equitativa para que puedan continuar con su labor creativa y artística, ésta está sujeta al uso de su obra. Sucede que el canon tal y como está establecido, está compensando algo diferente al uso de los derechos de autor, pues existen soportes digitales con sistemas de protección integrados que impiden hacer copias privadas y, sin embargo, la Ley los mantiene gravados con el canon.
Por lo tanto, no se puede proceder al cobro indiscriminado a todo producto digital bajo el pretexto de su idoneidad para actividades de copia, cuando además no es teóricamente posible, porque tiene una gran diversidad de posibilidades de uso. Es más, la Ley de Administración Electrónica, actualmente a trámite, obliga a usar soportes digitales, gravados con canon, a sujetos sin capacidad para hacer copias para uso privado, como la Administración Pública obligada a grabar los juicios por ejemplo-, generándose un enriquecimiento injusto de entes privados como lo son las sociedades gestoras de derechos de autor.
En definitiva, la aplicación del canon no sólo significa un gran impacto económico en la sociedad española, sino que condiciona el mercado provocando desajustes que afectan la libre competencia, con lo que se viola la Ley española de Defensa de la Competencia, y en especial, los artículos 85 y 86 del Tratado de la CE, y 65 y 66 del Tratado de la CECA.
Delante de los hechos expuestos, como eurodiputado español quisiera mostrar mi inquietud al respecto, y a la vista de que se ha presentado una denuncia a la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario , declaro mi interés y urgenciapor conocer la decisión adoptada al respecto por la Comisión.
Así, ¿Qué opina la Comisión sobre la aplicación indiscriminada del canon? ¿Cuál es el estado actual en la tramitación de la denuncia? ¿Para cuando habrá un pronunciamiento?
ICV- Iniciativa per Catalunya Verde
YA HAY 1.328.000 FIRMAS CONTRA EL CANON.
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Este hecho, agravado por la desproporcionalidad de las elevadas cantidades con las que se gravan dichos soportes y el hecho de que con tal medida se establezcan dobles imposiciones a una misma actividad soporte, reproductor, copiador, etc.-, ha generado muchas protestas entre la sociedad española -1 millón de firmas recogidas en contra del canon-, que ve como se presupone que toda utilización de productos digitales por parte de los usuarios es con la finalidad de copiar obras protegidas. Es obvio que esto representa una vulneración de toda presunción de inocencia.
Si bien la Directiva 29/2001/CE reconoce el derecho de todo autor a recibir una compensación equitativa para que puedan continuar con su labor creativa y artística, ésta está sujeta al uso de su obra. Sucede que el canon tal y como está establecido, está compensando algo diferente al uso de los derechos de autor, pues existen soportes digitales con sistemas de protección integrados que impiden hacer copias privadas y, sin embargo, la Ley los mantiene gravados con el canon.
Por lo tanto, no se puede proceder al cobro indiscriminado a todo producto digital bajo el pretexto de su idoneidad para actividades de copia, cuando además no es teóricamente posible, porque tiene una gran diversidad de posibilidades de uso. Es más, la Ley de Administración Electrónica, actualmente a trámite, obliga a usar soportes digitales, gravados con canon, a sujetos sin capacidad para hacer copias para uso privado, como la Administración Pública obligada a grabar los juicios por ejemplo-, generándose un enriquecimiento injusto de entes privados como lo son las sociedades gestoras de derechos de autor.
En definitiva, la aplicación del canon no sólo significa un gran impacto económico en la sociedad española, sino que condiciona el mercado provocando desajustes que afectan la libre competencia, con lo que se viola la Ley española de Defensa de la Competencia, y en especial, los artículos 85 y 86 del Tratado de la CE, y 65 y 66 del Tratado de la CECA.
Delante de los hechos expuestos, como eurodiputado español quisiera mostrar mi inquietud al respecto, y a la vista de que se ha presentado una denuncia a la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario , declaro mi interés y urgenciapor conocer la decisión adoptada al respecto por la Comisión.
Así, ¿Qué opina la Comisión sobre la aplicación indiscriminada del canon? ¿Cuál es el estado actual en la tramitación de la denuncia? ¿Para cuando habrá un pronunciamiento?
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