RAMÓN MUÑOZ - El País La Comisión Europea tiene la convicción de que en el mercado de las telecomunicaciones y, en particular en el de acceso a Internet, no existe suficiente competencia debido a la posición de privilegio que aún mantienen los antiguos monopolios públicos. Por eso, no dudó en sancionar hace unos años a France Télécom (10,3 millones de euros), y a Deutsche Telekom (12,6 millones). Pero Bruselas considera que esos avisos no fueron suficientes y quiere lanzar ahora un mensaje más contundente. La china le ha tocado esta vez a una empresa española.
La Comisión Europea ultima una multa "ejemplarizante" contra Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado del ADSL. Según fuentes conocedoras de la instrucción del caso, la sanción será la mayor impuesta nunca a una compañía de telecomunicaciones, y puede superar los 100 millones de euros. De esta forma, se uniría al club de las multinacionales con mayores sanciones encabezado por Microsoft, que tuvo que pagar 497 millones en 2004.
Telefónica mantiene aún el rayo de esperanza de que la multa se reduzca y confía en que el Gobierno español le eche una mano. Pero tiene claro que llevará cualquier sanción ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Comisión acusa a Telefónica de intentar expulsar del mercado a sus rivales mediante el "estrechamiento de márgenes", al cobrarles unos precios mayoristas muy altos en relación con los que pagan los clientes finales. De esta forma, los nuevos operadores no tienen margen de beneficio suficiente cuando revenden a sus abonados los servicios de ADSL que compran a Telefónica.
El expediente parte de una denuncia de 2003 de France Télécom (entonces Wanadoo), que desembocó en la apertura de un procedimiento formal en febrero de 2006 por la Comisaría de Competencia que tutela Neelie Kroes.
Frente a las conclusiones de la Comisión, Telefónica defiende que el mercado español de banda ancha es competitivo, como prueba el hecho de que casi la mitad (el 47%) se lo reparten los nuevos operadores (Orange, Ya.com, Tele2, Jazztel y los cableoperadores). También afirma que ninguna compañía de acceso a Internet ha dejado de operar por falta de rentabilidad.
El principal argumento de defensa jurídico que ha empleado Telefónica en el proceso es que todas y cada una de las ofertas de ADSL que ha lanzado al mercado contaban con la autorización expresa del regulador español, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que no apreció ese estrechamiento de márgenes.
Pero la Comisión Europea no sólo ha desoído a la CMT, sino que se ha enfrentado abiertamente a ella en las audiencias para sustanciar el caso. La disputa trasluce un conflicto de fondo: el plan de Bruselas de imponer un regulador único europeo de las telecomunicaciones que esté por encima de los reguladores nacionales. Si falla en contra de las tarifas de Telefónica reguladas por la CMT, los operadores dejarán de considerar a este organismo como su referente y trasladarán sus conflictos a Bruselas como última instancia, con la consiguiente inseguridad jurídica.
Gran crispación
Una muestra del nivel de crispación fue la audiencia ante Bruselas, el año pasado, de Joaquín Osa, director general de Instrucción de la CMT: "El tema de que haya dos autoridades dictando estructuras de precios me parece preocupante, desde un punto de vista económico enloquecedor y desde un punto de vista práctico, existe un concepto que se llama seguridad jurídica".
Osa recordó que la CMT había desautorizado un 20% de las promociones presentadas por Telefónica al observar ese pinzamiento de precios, y advirtió de que la medida que proponía la Comisión no era "ni proporcionada ni necesaria".
Para el caso, Bruselas ha aplicado el criterio de la contabilidad de costes, es decir, ha investigado qué le costaba a Telefónica ofrecer su servicio de ADSL y cuál era el margen del precio mayorista. La CMT ha usado el método del retail minus: parte del precio final que cobra Telefónica a sus clientes y decide luego cuáles son los precios mayoristas que se deben fijar para que los competidores tengan margen suficiente de rentabilidad.
La Comisión Europea ultima una multa "ejemplarizante" contra Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado del ADSL. Según fuentes conocedoras de la instrucción del caso, la sanción será la mayor impuesta nunca a una compañía de telecomunicaciones, y puede superar los 100 millones de euros. De esta forma, se uniría al club de las multinacionales con mayores sanciones encabezado por Microsoft, que tuvo que pagar 497 millones en 2004.
Telefónica mantiene aún el rayo de esperanza de que la multa se reduzca y confía en que el Gobierno español le eche una mano. Pero tiene claro que llevará cualquier sanción ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Comisión acusa a Telefónica de intentar expulsar del mercado a sus rivales mediante el "estrechamiento de márgenes", al cobrarles unos precios mayoristas muy altos en relación con los que pagan los clientes finales. De esta forma, los nuevos operadores no tienen margen de beneficio suficiente cuando revenden a sus abonados los servicios de ADSL que compran a Telefónica.
El expediente parte de una denuncia de 2003 de France Télécom (entonces Wanadoo), que desembocó en la apertura de un procedimiento formal en febrero de 2006 por la Comisaría de Competencia que tutela Neelie Kroes.
Frente a las conclusiones de la Comisión, Telefónica defiende que el mercado español de banda ancha es competitivo, como prueba el hecho de que casi la mitad (el 47%) se lo reparten los nuevos operadores (Orange, Ya.com, Tele2, Jazztel y los cableoperadores). También afirma que ninguna compañía de acceso a Internet ha dejado de operar por falta de rentabilidad.
El principal argumento de defensa jurídico que ha empleado Telefónica en el proceso es que todas y cada una de las ofertas de ADSL que ha lanzado al mercado contaban con la autorización expresa del regulador español, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que no apreció ese estrechamiento de márgenes.
Pero la Comisión Europea no sólo ha desoído a la CMT, sino que se ha enfrentado abiertamente a ella en las audiencias para sustanciar el caso. La disputa trasluce un conflicto de fondo: el plan de Bruselas de imponer un regulador único europeo de las telecomunicaciones que esté por encima de los reguladores nacionales. Si falla en contra de las tarifas de Telefónica reguladas por la CMT, los operadores dejarán de considerar a este organismo como su referente y trasladarán sus conflictos a Bruselas como última instancia, con la consiguiente inseguridad jurídica.
Gran crispación
Una muestra del nivel de crispación fue la audiencia ante Bruselas, el año pasado, de Joaquín Osa, director general de Instrucción de la CMT: "El tema de que haya dos autoridades dictando estructuras de precios me parece preocupante, desde un punto de vista económico enloquecedor y desde un punto de vista práctico, existe un concepto que se llama seguridad jurídica".
Osa recordó que la CMT había desautorizado un 20% de las promociones presentadas por Telefónica al observar ese pinzamiento de precios, y advirtió de que la medida que proponía la Comisión no era "ni proporcionada ni necesaria".
Para el caso, Bruselas ha aplicado el criterio de la contabilidad de costes, es decir, ha investigado qué le costaba a Telefónica ofrecer su servicio de ADSL y cuál era el margen del precio mayorista. La CMT ha usado el método del retail minus: parte del precio final que cobra Telefónica a sus clientes y decide luego cuáles son los precios mayoristas que se deben fijar para que los competidores tengan margen suficiente de rentabilidad.
