Adolfo Estalella / Cinco Días .- El Gobierno ha aprobado en el mes de octubre una nueva ley (ley de retención de datos relativa a las comunicaciones electrónicas) que obliga a las empresas de comunicaciones (operadoras móviles y fijas, proveedores de internet, etcétera) a guardar masivamente durante dos años los datos de todas nuestras comunicaciones: cuando llamamos o nos conectamos a internet, a quién llamamos, desde qué lugar (en el caso de los móviles)... Todo eso para que la policía, y demás cuerpos de seguridad puedan acceder a ello. Y siguiendo un tortuoso trámite el Congreso debate otro proyecto (la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, conocida como LISI), con la que (entre otras muchas cuestiones) se abre la posibilidad de que instituciones diferentes a los jueces ordenen el cierre de páginas web en internet sin necesidad de pasar por el juzgado.
Tanto una como otra han recibido insistentes críticas de diversas organizaciones civiles (la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Comisión de Libertades de Internet, entre otras) que han alertado sobre el recorte que ambas leyes dan a derechos fundamentales de los ciudadanos como la privacidad de las comunicaciones (en el caso de la primera) y el derecho a expresarse libremente en internet sin temor a que una institución diferente a un juez decida que no tiene derecho a expresarse (en el caso del proyecto de la LISI).
El panorama lo describe sombríamente Víctor Domingo, el beligerante presidente de la Asociación de Internautas: 'Nos encontramos con un retroceso de las libertades con unas leyes que son aprobadas por el Gobierno, como si tal cosa, con toda naturalidad'. De más grueso calibre es el diagnóstico del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez, que en un reciente artículo decía que la ley de retención de datos 'permite un control del Estado sobre el ciudadano, que ni Franco, ni Mussolini, ni el mismo Hitler o Stalin, fueron capaces de imaginar'. Y entrando en materia describía los detalles: 'Mediante esta Ley se pretende crear enormes bases de datos de todos los ciudadanos, con los datos que se generan en nuestras comunicaciones electrónicas, ya sean telefónicas, mediante teléfonos móviles e incluso de telefonía por internet, y también de las conexiones a internet, que en vez de destruirse o hacerse anónimos se conservarán durante dos años'.
Con la nueva ley se crean repositorios masivos de datos a los que la policía podrá acceder de forma indiscriminada una vez que tienen autorización judicial. Es decir, que los datos de nuestras comunicaciones privadas podrán ser examinados 'para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir', somos sospechosos por defecto, señala el teniente fiscal Martínez.
La nueva ley abre la opción a cerrar web sin necesidad de pasar por el juzgado
Y lo que se crea es una asimetría total entre el Estado y los ciudadanos, según lo interpreta la Comisión para las Libertades en Internet (CLI). Mientras el Estado sabe cada vez más de los ciudadanos, estos ignoran cada vez más la vigilancia a la que se encuentran sistemáticamente sometidos: 'El Estado y las empresas, acumulan (y se cruzan) cada vez más datos sobre los ciudadanos y cada vez resulta más difícil conocer lo que saben de nosotros', decían en un informe realizado sobre esta ley, 'el ansia por parte de las administraciones y de las empresas de obtener información de carácter personal de cada uno de nosotros, crece de forma inversamente proporcional a la debida transparencia'. Diversos informes publicados a lo largo de los últimos años por organizaciones de derechos internacionales como la Privacy International, organización de ámbito europeo, señalan que la retención de estos datos era una aspiración que los cuerpos de seguridad de la UE tenían desde hace años y que encontraron en la lucha antiterrorista iniciada en el año 2001 la coartada perfecta para satisfacerla.
La tendencia actual es el recorte del derecho de privacidad de los ciudadanos en toda Europa, y en el resto del mundo, según señala la organización Privacy Internacional. 'Cuando se vea el impacto que esta ley tiene en la sociedad será muy tarde', señala con pesimismo el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Efectos directos
Los datos de nuestras comunicaciones serán almacenados: hora en la que nos conectamos, duración, destinatario, lugar desde el que lo hacemos (en el caso de los móviles), etcétera.
La LISI en trámite permite el cierre de web a los 'órganos competentes' cuando afecten al orden público, la protección de la infancia o de la salud pública.
Lo controvertido es si en ciertos casos el cierre podrá declararse por órganos diferentes a los jueces.
Una norma que afecta a los derechos fundamentales
Un joven abre un blog y critica la gestión de la dirección de su instituto. La dirección del centro persigue el cierre del blog por la 'mala imagen que daba del centro', según el protagonista. Denuncia y juicio por un comentario anónimo injurioso. Sentencia y multa de 200 euros por las injurias del anónimo. Un año después, aquel joven continúa con su blog escribiendo sobre política y temas sociales. Es el ejemplo perfecto que plantea la nueva Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información (LISI).
Para unos, como la Asociación de Internautas (AI), la LISI abre la puerta a que conflictos de ese tipo o similares se solucionen sin pasar por los tribunales, dándole potestad a ciertos 'órganos competentes' para cerrar las páginas. Lourdes Muñoz, diputada del PSOE que ha defendido la ley en el Congreso responde vehementemente: 'La ley no atribuye nuevas competencias a nadie, ocurre lo mismo que en la vida real, y nadie podrá cerrar un blog salvo un juez'.
Pero para las asociaciones civiles como la AI el asunto no está tan claro, y tampoco para el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Pedro Martínez. 'Es una ley que nace viciada, que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión y que debería haber sido tramitada por lo tanto como ley orgánica y no como ley ordinaria', dice Martínez.
Las entidades de gestión como la SGAE, responsables de recaudar el canon, han tratado de que la ley les facilite la posibilidad de perseguir determinadas prácticas que hasta el momento los tribunales no han considerado ilegales. No han accedido a sus reclamaciones, dice Muñoz. 'Han hecho una ley a medida de las entidades de gestión, para permitirles clausurar páginas web de internet sin necesidad de acudir a los tribunales', replica el fiscal Pedro Martínez.
'Este debate no es nuevo, ya lo tuvimos hace unos años', recuerda Víctor Domingo, 'y lo ganamos'. La batalla, sin embargo, vuelve a plantearse. Y lo que para algunos constituye la lógica regulación de internet para otros representa la amputación de derechos fundamentales. Lejos queda aquel alegato que hace 11 años lanzaba John Perry Barlow: 'Gobiernos del mundo industrial no sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos'. En aquel momento se creía que internet no podría ser regulado.
Las tornas han cambiado, con cada nueva ley de internet los ciudadanos se juegan buena parte de sus derechos civiles. Las previsiones de algunos testigos sobre el tipo de sociedad que va a resultar son sombrías. Y la indiferencia sobre estos asuntos es extensa.
Tanto una como otra han recibido insistentes críticas de diversas organizaciones civiles (la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Comisión de Libertades de Internet, entre otras) que han alertado sobre el recorte que ambas leyes dan a derechos fundamentales de los ciudadanos como la privacidad de las comunicaciones (en el caso de la primera) y el derecho a expresarse libremente en internet sin temor a que una institución diferente a un juez decida que no tiene derecho a expresarse (en el caso del proyecto de la LISI).
El panorama lo describe sombríamente Víctor Domingo, el beligerante presidente de la Asociación de Internautas: 'Nos encontramos con un retroceso de las libertades con unas leyes que son aprobadas por el Gobierno, como si tal cosa, con toda naturalidad'. De más grueso calibre es el diagnóstico del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez, que en un reciente artículo decía que la ley de retención de datos 'permite un control del Estado sobre el ciudadano, que ni Franco, ni Mussolini, ni el mismo Hitler o Stalin, fueron capaces de imaginar'. Y entrando en materia describía los detalles: 'Mediante esta Ley se pretende crear enormes bases de datos de todos los ciudadanos, con los datos que se generan en nuestras comunicaciones electrónicas, ya sean telefónicas, mediante teléfonos móviles e incluso de telefonía por internet, y también de las conexiones a internet, que en vez de destruirse o hacerse anónimos se conservarán durante dos años'.
Con la nueva ley se crean repositorios masivos de datos a los que la policía podrá acceder de forma indiscriminada una vez que tienen autorización judicial. Es decir, que los datos de nuestras comunicaciones privadas podrán ser examinados 'para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir', somos sospechosos por defecto, señala el teniente fiscal Martínez.
La nueva ley abre la opción a cerrar web sin necesidad de pasar por el juzgado
Y lo que se crea es una asimetría total entre el Estado y los ciudadanos, según lo interpreta la Comisión para las Libertades en Internet (CLI). Mientras el Estado sabe cada vez más de los ciudadanos, estos ignoran cada vez más la vigilancia a la que se encuentran sistemáticamente sometidos: 'El Estado y las empresas, acumulan (y se cruzan) cada vez más datos sobre los ciudadanos y cada vez resulta más difícil conocer lo que saben de nosotros', decían en un informe realizado sobre esta ley, 'el ansia por parte de las administraciones y de las empresas de obtener información de carácter personal de cada uno de nosotros, crece de forma inversamente proporcional a la debida transparencia'. Diversos informes publicados a lo largo de los últimos años por organizaciones de derechos internacionales como la Privacy International, organización de ámbito europeo, señalan que la retención de estos datos era una aspiración que los cuerpos de seguridad de la UE tenían desde hace años y que encontraron en la lucha antiterrorista iniciada en el año 2001 la coartada perfecta para satisfacerla.
La tendencia actual es el recorte del derecho de privacidad de los ciudadanos en toda Europa, y en el resto del mundo, según señala la organización Privacy Internacional. 'Cuando se vea el impacto que esta ley tiene en la sociedad será muy tarde', señala con pesimismo el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Efectos directos
Los datos de nuestras comunicaciones serán almacenados: hora en la que nos conectamos, duración, destinatario, lugar desde el que lo hacemos (en el caso de los móviles), etcétera.
La LISI en trámite permite el cierre de web a los 'órganos competentes' cuando afecten al orden público, la protección de la infancia o de la salud pública.
Lo controvertido es si en ciertos casos el cierre podrá declararse por órganos diferentes a los jueces.
Una norma que afecta a los derechos fundamentales
Un joven abre un blog y critica la gestión de la dirección de su instituto. La dirección del centro persigue el cierre del blog por la 'mala imagen que daba del centro', según el protagonista. Denuncia y juicio por un comentario anónimo injurioso. Sentencia y multa de 200 euros por las injurias del anónimo. Un año después, aquel joven continúa con su blog escribiendo sobre política y temas sociales. Es el ejemplo perfecto que plantea la nueva Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información (LISI).
Para unos, como la Asociación de Internautas (AI), la LISI abre la puerta a que conflictos de ese tipo o similares se solucionen sin pasar por los tribunales, dándole potestad a ciertos 'órganos competentes' para cerrar las páginas. Lourdes Muñoz, diputada del PSOE que ha defendido la ley en el Congreso responde vehementemente: 'La ley no atribuye nuevas competencias a nadie, ocurre lo mismo que en la vida real, y nadie podrá cerrar un blog salvo un juez'.
Pero para las asociaciones civiles como la AI el asunto no está tan claro, y tampoco para el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Pedro Martínez. 'Es una ley que nace viciada, que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión y que debería haber sido tramitada por lo tanto como ley orgánica y no como ley ordinaria', dice Martínez.
Las entidades de gestión como la SGAE, responsables de recaudar el canon, han tratado de que la ley les facilite la posibilidad de perseguir determinadas prácticas que hasta el momento los tribunales no han considerado ilegales. No han accedido a sus reclamaciones, dice Muñoz. 'Han hecho una ley a medida de las entidades de gestión, para permitirles clausurar páginas web de internet sin necesidad de acudir a los tribunales', replica el fiscal Pedro Martínez.
'Este debate no es nuevo, ya lo tuvimos hace unos años', recuerda Víctor Domingo, 'y lo ganamos'. La batalla, sin embargo, vuelve a plantearse. Y lo que para algunos constituye la lógica regulación de internet para otros representa la amputación de derechos fundamentales. Lejos queda aquel alegato que hace 11 años lanzaba John Perry Barlow: 'Gobiernos del mundo industrial no sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos'. En aquel momento se creía que internet no podría ser regulado.
Las tornas han cambiado, con cada nueva ley de internet los ciudadanos se juegan buena parte de sus derechos civiles. Las previsiones de algunos testigos sobre el tipo de sociedad que va a resultar son sombrías. Y la indiferencia sobre estos asuntos es extensa.
