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El Consejo de Consumidores y Usuarios propone que el Gobierno realice un mayor control y transparencia de la labor de las entidades de gestión del canon digital y plantea la posibilidad de crear una instancia pública de recaudación, lo que quitaría la exclusividad de la gestión del mismo que por ley detentan entidades como la SGAE.

08-01-2008 - Navegante - El Mundo.es.- Además, observa "con preocupación" la repercusión en el precio final de los productos gravados por el canon y "el encarecimiento" de muchos de ellos "que sin duda afectará a los usuarios".

Según el escrito presentado por el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores a la orden del Gobierno que regula las cuantías y los soportes sujetos al canon digital, es necesario un mayor seguimiento de los criterios de distribución de los ingresos percibidos en esta materia y de su labor inspectora para "eliminar algunas reticencias" sobre la recaudación asociada a los derechos de propiedad intelectual.
El Consejo expresa su malestar por no haber sido consultado durante la elaboración del proyecto y recuerda que "a quien más va a afectar es a los usuarios finales de dispositivos o componentes de la sociedad de la información".

Además indica "que no se contempla de modo satisfactorio" en la ley la participación de las organizaciones de consumidores en la fijación de los criterios de valoración de la compensación por copia privada o sus ajustes "que quedan en manos de la industria como deudora y de las entidades de gestión como receptoras".

Otras opciones

El Consejo de Consumidores sugiere la posibilidad de buscar "otras opciones que permitan asociar la generación de la obligación de remuneración a los derechohabientes al acto privado de reproducción de una obra y no a la adquisición de equipos, dispositivos y soportes idóneos para tal actividad".

Plantea también que el colectivo de fabricantes, importadores y distribuidores quede obligado a un pago según la idoneidad de los equipos y soportes, pero que éste no repercuta en el consumidor que pueda acreditar que no los emplea para realizar copias privadas.
La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, ha explicado que entregó el 27 de diciembre estas alegaciones a la orden ministerial, que el Gobierno quiere que entre en vigor a partir de mediados de enero y que se revisará en un año.

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