
La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, FUCI, ha
podido constatar como la liberalización y la libre competencia de la telefonía
no ha traído consigo todo lo bueno que se esperaba. Las reclamaciones en esta
materia se incrementan a un ritmo del 20% cada año, un hecho que resulta
paradójico en un sector tan competitivo.
30-05-2002 -
El pasado año se recibieron cerca de 29.000 reclamaciones, 7.000 más
que en el 2000 y se espera que en el presente estas cifras se disparen ya que
del total de quejas recibidas más del 50% se refieren a telefonía.

De éstas reclamaciones, 16.000 se efectuaron en el 2001 en la
Comunidad de Madrid, que experimenta un aumento del número de denuncias
del 15% respecto al año 2000.
Las reclamaciones más frecuentes en los dos tipos de telefonía, tanto
fija como móvil, se centran en la mala prestación de servicios de información y
del total), fallos en las conexiones a Internet (14%), dificultades para
solicitar la desconexión o el cambio de operador (11%), fraudes en la
aplicación de la tarifa plana (8%), duplicación de facturas (7%), prestación
de servicios no solicitados (5%), inclusión en fichero de morosos (2%) ...

Ante esta situación, desde el gabinete jurídico de FUCI se destaca la
necesidad de que exista una buena calidad de los servicios de atención de las
operadoras, dando la posibilidad al cliente de ser atendido por verdaderos
profesionales que trabajen en oficinas a pie de calle para resolver sus
innumerables quejas y dudas, ya que la eliminación de las
oficinas comerciales provoca que el servicio hacia el consumidor sea
deficiente.
Asimismo, desde FUCI se aconseja a los usuarios que a la hora de
reclamar ante una compañía deben hacerlo siempre por escrito para que quede
constancia de la queja, requisito previo para acudir a la junta arbitral. Por
ello, es muy importante conservar todos los documentos (contratos, facturas
...) que puedan servir como prueba.
Según FUCI, los usuarios deben acercarse a las asociaciones de
consumidores para que el asunto sea llevado ante una junta arbitral, -al que
están adscritas todas las compañías de teléfonos- , ya que es un procedimiento
gratuito cuyo laudo o resolución se dicta en un plazo de tiempo relativamente
corto.
