En una sesión de cuatro horas, no exenta de polémica respecto a las actuaciones legislativas que permite el Reglamento de la Cámara Alta, la Comisión rehizo el informe aprobado por la ponencia el pasado seis de junio con la incorporación de ocho enmiendas del PP no introducidas en aquel trámite y cinco transaccionales pactadas principalmente con los nacionalistas catalanes.
Y no fue hasta la presentación de una de estas, después de varios cruces de manifestaciones entre PP y PSOE, cuando el partido que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias se decidió a rectificar la polémica propuesta de obligar a los proveedores de servicios de Internet a almacenar durante un año los datos de tráfico por la Red, para su "puesta a disposición de las autoridades judiciales o policiales" en la investigación de delitos cometidos utilizando Internet.
No se equivocó el portavoz socialista en la citada comisión, Félix Lavilla, cuando, además de afirmar tajante que dicha enmienda era "de dudosa constitucionalidad", auguró: "Estoy convencido de que no va a llegar así al Pleno". Quince minutos de receso más tarde, la enmienda del PP ya limitaba la utilización de esos datos a jueces, tribunales y al Ministerio Fiscal.
SOLO DATOS "IMPRESCINDIBLES"
Con la nueva redacción, la LSSI obligará a los ISP a retener sólo los datos "imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio", que no podrán ser utilizados "en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional" u otros fines permitidos por la ley.
En su desarrollo reglamentario posterior se fijarán las categorías de datos que habrán de conservar los ISP "según el tipo de servicio prestado", el plazo de almacenamiento en cada caso (máximo un año), la forma de entrega a los órganos autorizados y las condiciones de custodia y de destrucción una vez cumplido el plazo.
Pero antes, la portavoz del PP en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Lucía Delgado, reiteraba que "lo único" que iba a exigirse con su propuesta era "la retención del número IP (identificador de cada ordenador conectado a Internet) y el momento del inicio de la comunicación", pese a que en su propia justificación de la enmienda se citaban datos "tales como el número o identificación de los equipos origen y destinatario de la comunicación, tiempo de duración de la conexión, volumen de datos transmitidos...".
Para Lavilla, lo que proponía el PP, además de "no servir para nada" si sólo se conservan los números IP, suponía "sacrificar la privacidad a cambio de nula seguridad". "La enmienda no resuelve el problema de la pederastia (en Internet), porque no se han puesto los medios", añadió en referencia a la escasez de medios materiales y humanos con que cuentan las Fuerzas de Seguridad del Estado para investigar delitos en la Red.
INFRACCIONES "MUY GRAVES"
La primera consecuencia de la aprobación de esta polémica enmienda es la inclusión de la negativa de los ISP a almacenar los datos y su utilización para fines distintos a los previstos en la ley como dos nuevas infracciones consideradas "muy graves", que podrían acarrear multas de entre 150.001 y 600.000 euros.
El nuevo informe de la ponencia también suprime la exclusión del ámbito de aplicación de la ley los casinos 'online', petición realizada reiteradamente por la Asociación de Usuarios de Internet, si bien habrá también de atenerse a lo contemplado sobre el juego en la legislación estatal y autonómica, aspecto en el que incidieron los representantes de CiU y Partido Nacionalista Vasco.
Asimismo, otra enmienda incorporada al texto, contempla la creación de indicativos relacionados con la educación, el entretenimiento y el desarrollo moral de la infancia y la juventud bajo el dominio '.es', que, por otra parte, ve como la LSSI contendrá una disposición adicional con todo un sistema para la asignación y tasas por las direcciones bajo el sufijo propio de España previo a la aprobación del Plan Nacional de Nombres de Dominio en Internet.
Al margen de las aprobadas, la Comisión de Ciencia y Tecnología desestimó incorporar otras más de 150 enmiendas presentadas por el resto de partidos --PSOE e IU, cuarenta cada uno; PNV, 32; BNG, 22; Entesa Catalana de Progrés, 21; y CiU, 11--, y rechazó las seis propuestas de veto presentadas contra el proyecto de ley por PSOE, Entesa, PNV, Izquierda Unida, BNG y Eusko Alkartasuna.
Reproducido de europa press
Y no fue hasta la presentación de una de estas, después de varios cruces de manifestaciones entre PP y PSOE, cuando el partido que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias se decidió a rectificar la polémica propuesta de obligar a los proveedores de servicios de Internet a almacenar durante un año los datos de tráfico por la Red, para su "puesta a disposición de las autoridades judiciales o policiales" en la investigación de delitos cometidos utilizando Internet.
No se equivocó el portavoz socialista en la citada comisión, Félix Lavilla, cuando, además de afirmar tajante que dicha enmienda era "de dudosa constitucionalidad", auguró: "Estoy convencido de que no va a llegar así al Pleno". Quince minutos de receso más tarde, la enmienda del PP ya limitaba la utilización de esos datos a jueces, tribunales y al Ministerio Fiscal.
SOLO DATOS "IMPRESCINDIBLES"
Con la nueva redacción, la LSSI obligará a los ISP a retener sólo los datos "imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio", que no podrán ser utilizados "en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional" u otros fines permitidos por la ley.
En su desarrollo reglamentario posterior se fijarán las categorías de datos que habrán de conservar los ISP "según el tipo de servicio prestado", el plazo de almacenamiento en cada caso (máximo un año), la forma de entrega a los órganos autorizados y las condiciones de custodia y de destrucción una vez cumplido el plazo.
Pero antes, la portavoz del PP en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Lucía Delgado, reiteraba que "lo único" que iba a exigirse con su propuesta era "la retención del número IP (identificador de cada ordenador conectado a Internet) y el momento del inicio de la comunicación", pese a que en su propia justificación de la enmienda se citaban datos "tales como el número o identificación de los equipos origen y destinatario de la comunicación, tiempo de duración de la conexión, volumen de datos transmitidos...".
Para Lavilla, lo que proponía el PP, además de "no servir para nada" si sólo se conservan los números IP, suponía "sacrificar la privacidad a cambio de nula seguridad". "La enmienda no resuelve el problema de la pederastia (en Internet), porque no se han puesto los medios", añadió en referencia a la escasez de medios materiales y humanos con que cuentan las Fuerzas de Seguridad del Estado para investigar delitos en la Red.
INFRACCIONES "MUY GRAVES"
La primera consecuencia de la aprobación de esta polémica enmienda es la inclusión de la negativa de los ISP a almacenar los datos y su utilización para fines distintos a los previstos en la ley como dos nuevas infracciones consideradas "muy graves", que podrían acarrear multas de entre 150.001 y 600.000 euros.
El nuevo informe de la ponencia también suprime la exclusión del ámbito de aplicación de la ley los casinos 'online', petición realizada reiteradamente por la Asociación de Usuarios de Internet, si bien habrá también de atenerse a lo contemplado sobre el juego en la legislación estatal y autonómica, aspecto en el que incidieron los representantes de CiU y Partido Nacionalista Vasco.
Asimismo, otra enmienda incorporada al texto, contempla la creación de indicativos relacionados con la educación, el entretenimiento y el desarrollo moral de la infancia y la juventud bajo el dominio '.es', que, por otra parte, ve como la LSSI contendrá una disposición adicional con todo un sistema para la asignación y tasas por las direcciones bajo el sufijo propio de España previo a la aprobación del Plan Nacional de Nombres de Dominio en Internet.
Al margen de las aprobadas, la Comisión de Ciencia y Tecnología desestimó incorporar otras más de 150 enmiendas presentadas por el resto de partidos --PSOE e IU, cuarenta cada uno; PNV, 32; BNG, 22; Entesa Catalana de Progrés, 21; y CiU, 11--, y rechazó las seis propuestas de veto presentadas contra el proyecto de ley por PSOE, Entesa, PNV, Izquierda Unida, BNG y Eusko Alkartasuna.
Reproducido de europa press
