Ante este panorama de incapacidad del mercado y de desidia del Gobierno para dar soluciones a esta situación, que sitúa a España por debajo de la media europea en cuanto a penetración y uso de Internet, surgen las iniciativas municipales wi-fi, - sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de cables- que proponen acceso asequible, accesible y universal a sus administrados.
Ayuntamientos como los de Atarfe, Ponteareas o Barcelona han sido pioneros en este tipo de iniciativas en pro de ofrecer acceso a sus ciudadanos y han sido expedientados por el regulador CMT por lanzarse a ofrecer servicio wi-fi gratuito sin contar con autorización previa y por considerar que los operadores públicos "no deben realizar sus actividades de manera que establezcan barreras de entrada" a los competidores privados "ni provoquen la salida del mercado de éstos por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones".
El regulador considera que la prestación de un servicio con carácter gratuito o a precio inferior al que establecería el mercado es un "caso claro de financiación pública de la actividad, ya que la Administración no estaría recuperando los gastos generados por la prestación del servicio", bajo el criterio de que las Administraciones se aprovechen de la autofinanciación pública para ofrecer, por ejemplo, acceso a Internet mediante tecnología inalámbrica Wi-Fi "a precio inferior al necesario para asegurar la rentabilidad del negocio".
El Gobierno comulga con esta tesis. David Cierco, director general para la Sociedad de la Información, en una reciente entrevista afirmaba, que "un Ayuntamiento no puede entrar en competencia directa con las empresas privadas", a las que protege la ley de 1998 que liberaliza las telecomunicaciones.
Numerosas iniciativas municipales se empeñan en ofrecer servicios wi-fi para facilitar el derecho que el mercado y el Gobierno no garantiza a sus administrados a acceder a Internet en Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Gerona o Zaragoza, tienen que superar numerosas trabas administrativas, con la consiguiente merma y restricciones de servicio en pleno siglo XXI.
Más allá de los planteamientos del gobierno meramente economicistas y de favor al mercado, el wi-fi municipal se adentra en el ámbito de los derechos que tienen por objeto regular la participación de los ciudadanos en la política, en su calidad de cosa pública y asume que, en un sistema de información compartida, como el que nos ofrece Internet, la figura del representante deja de tener sentido y deberán reasignársele otras funciones dentro de un modelo de democracia más directa en consonancia con el modelo informacional.
A lo mejor al Gobierno le da miedo que los ayuntamientos planteen esa democracia participativa que una herramienta de comunicación como Internet permite a los ciudadanos.
Artículo de Víctor Domingo. Presidente de la Asociación de Internautas
Reproducido de Adsl Ayuda
Ayuntamientos como los de Atarfe, Ponteareas o Barcelona han sido pioneros en este tipo de iniciativas en pro de ofrecer acceso a sus ciudadanos y han sido expedientados por el regulador CMT por lanzarse a ofrecer servicio wi-fi gratuito sin contar con autorización previa y por considerar que los operadores públicos "no deben realizar sus actividades de manera que establezcan barreras de entrada" a los competidores privados "ni provoquen la salida del mercado de éstos por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones".
El regulador considera que la prestación de un servicio con carácter gratuito o a precio inferior al que establecería el mercado es un "caso claro de financiación pública de la actividad, ya que la Administración no estaría recuperando los gastos generados por la prestación del servicio", bajo el criterio de que las Administraciones se aprovechen de la autofinanciación pública para ofrecer, por ejemplo, acceso a Internet mediante tecnología inalámbrica Wi-Fi "a precio inferior al necesario para asegurar la rentabilidad del negocio".
El Gobierno comulga con esta tesis. David Cierco, director general para la Sociedad de la Información, en una reciente entrevista afirmaba, que "un Ayuntamiento no puede entrar en competencia directa con las empresas privadas", a las que protege la ley de 1998 que liberaliza las telecomunicaciones.
Numerosas iniciativas municipales se empeñan en ofrecer servicios wi-fi para facilitar el derecho que el mercado y el Gobierno no garantiza a sus administrados a acceder a Internet en Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Gerona o Zaragoza, tienen que superar numerosas trabas administrativas, con la consiguiente merma y restricciones de servicio en pleno siglo XXI.
Más allá de los planteamientos del gobierno meramente economicistas y de favor al mercado, el wi-fi municipal se adentra en el ámbito de los derechos que tienen por objeto regular la participación de los ciudadanos en la política, en su calidad de cosa pública y asume que, en un sistema de información compartida, como el que nos ofrece Internet, la figura del representante deja de tener sentido y deberán reasignársele otras funciones dentro de un modelo de democracia más directa en consonancia con el modelo informacional.
A lo mejor al Gobierno le da miedo que los ayuntamientos planteen esa democracia participativa que una herramienta de comunicación como Internet permite a los ciudadanos.
Artículo de Víctor Domingo. Presidente de la Asociación de Internautas
Reproducido de Adsl Ayuda
