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El Gobierno ocultó en 2004 la ausencia de cobertura legal con que operaba Sitel


El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, explicó el proyecto Sitel en las Cortes, aunque no informó del inexistente respaldo jurídico. El Gobierno admitió en sede parlamentaria en dos ocasiones durante el año 2004 estar utilizando el software de interceptación de llamadas Sitel. En ambas comparecencias, sin embargo, ocultó el hecho de que la aplicación informática estaba siendo utilizada sin ninguna cobertura legal


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Roberto R. Ballesteros / Gaceta.es.- El 13 de octubre de 2004, según se refleja en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, justificó ante los representantes de los ciudadanos la necesidad de invertir más de un millón de euros en el mantenimiento del sistema de interceptación de llamadas. "El mantenimiento de equipos informáticos (...) está dotado con 2,44 millones de euros (...). El programa Sitel supone 1.253.570 euros". Durante la misma intervención, el responsable de la seguridad del país explicó en el mismo sentido que el aumento del presupuesto de la Secretaría de Estado era de casi el 8% con respecto al año anterior. "Este incremento de seis millones de euros nos va a permitir desarrollar todos aquellos programas estratégicos que se han mencionado expresamente: Sirdee, Sitel, Sive".

Pero además de la explicación presupuestaria, Antonio Camacho entró de llenó en explicar el software. "El Sistema Integrado de Interceptación Telefónica es un sistema que se ha desarrollado a lo largo de los años 2001 y 2003, es un buen proyecto, y de lo que se trata en estos presupuestos es de establecer la consignación presupuestaria suficiente para optimizar el sistema. Estamos hablando en concreto de que la participación del servicio 02, Secretaría de Estado de Seguridad, en este proyecto es para el año 2005 de 601.000 euros.

Superproyecto informático

Seis días más tarde, el número dos del Ministerio del Interior volvía a intervenir ante las Cortes Generales. Esta vez hacía una argumentación más amplia sobre la aplicación. "La Secretaría de Estado da especial importancia a las nuevas tecnologías en la lucha contra la delincuencia, hasta el punto de que el superproyecto de equipos informáticos del Ministerio del Interior (...) ha crecido un 452% en los Presupuestos Generales (...). Dentro de ese superproyecto de equipos informáticos, hay uno en concreto que hace referencia al Sitel, al Sistema Integrado de Interceptación Telefónica, que trata de mejorar, desde un punto de vista operativo y estratégico, (...) esas interceptaciones telefónicas que tan importantes son en la lucha contra la criminalidad organizada. (...) Con el programa Sitel, de lo que se trata es de permitir que las Fuerzas de Seguridad del Estado consigan llegar a esas nuevas tecnologías que son utilizadas por las bandas organizadas (...). Una de las prioridades en la lucha contra el tráfico de estupefacientes va a ser priorizar y optimizar la utilización de nuevas tecnologías (...) en el ámbito de las intervenciones telefónicas".

Escondió el secretario de Estado, sin embargo, que ese "superproyecto" no contaba con cobertura legal alguna. Una situación de vacío en la que operó durante más de un año, hasta que el 15 de abril fue aprobado el RD 424/2005. Este reglamento también se tornó insuficiente, según sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2008. Hasta el 18 de octubre de 2007 no se aprobó una ley ordinaria que regulara el software, norma que aún no está claro si es suficiente, ya que la Constitución señala que los asuntos que pueden limitar derechos fundamentales deben regularse por ley orgánica.

Cospedal: "Se vulneran derechos fundamentales"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que no se arrepiente "en absoluto" de haber acusado al Gobierno de realizar escuchas ilegales a miembros de su partido, porque tiene la "obligación moral y política" de denunciar la "vulneración" de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o la intimidad. "No nos arrepentimos en absoluto", dijo en una entrevista en la Cope recogida por Ep. "Cuando se vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución" y se atenta contra el derecho al secreto de las comunicaciones hay que denunciarlo. "No es que le ocurra a personas destacadas del PP es que no le puede ocurrir a nadie de este país", señaló.
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