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SITEL

La mayor parte de los jueces desconoce el espía telefónico


La judicatura denuncia que no ha recibido información alguna sobre el funcionamiento de Sitel. Critican el insuficiente marco normativo de la intervención de llamadas




I. Moreno La Gaceta..- Sitel, el sistema de interceptación de llamadas que está provocando más de un quebradero de cabeza al Gobierno, es un gran desconocido en la carrera judicial. O, al menos, lo era antes de que saltase a la palestra mediática. Los jueces, encargados de autorizar el uso de este software espía a la Policía y la Guardia Civil, afirman desconocer el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel). once miembros de la judicatura consultados por este periódico reconocen que ignoran su trascendencia.

"Lo empiezan a conocer ahora, antes no se conocía", apunta el magistrado de la audiencia Nacional, Enrique López. "No lo conocemos a fondo; damos orden de interceptar llamadas y no sabemos concretamente qué sistema se utiliza", admite el juez de instrucción José Sierra. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, reafirma este extremo: "Estoy convencido de que la mayoría de los jueces desconocían íntegramente Sitel". El portavoz de la asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, es tajante: "No había oído hablar de Sitel en mi vida". Sus homónimos del resto de asociaciones judiciales afirman lo mismo. "Mi impresión es que no tenemos conocimientos de este sistema y que desconocemos la forma técnica en la que se lleva a cabo", detalla Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente. "la opinión general es que lo desconocen", considera Ignacio Espinosa, de Jueces para la Democracia. "Se conoce vagamente", sostiene Marcelino Sexmero, de la Francisco de Vitoria.

El magistrado de la Nacional Javier Martínez Lázaro, en cambio, dice que sí se sabía que se utilizaba, pero "todo su alcance y su potencialidad probablemente no se conocía".

El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza es de la misma opinión: "Sabíamos que existía, pero no sabíamos toda la dimensión y trascendencia que tiene". Por último, José Requero, magistrado de la Nacional, también reconoce que no conocía su existencia, pero porque no trabaja con dicho sistema.

Déficit informativo

A pesar de este desconocimiento generalizado, ni el Ministerio de Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impartieron cursos u ofrecieron información a la carrera judicial sobre el funcionamiento de este software. Así lo constata un ex alto cargo del CGPJ, que reconoce que, entre los cientos de cursos que ofrece, ninguno se dedicó a explicar Sitel "a pesar de que se desconocía su funcionamiento". Y así lo constatan también todos los jueces consultados, que denuncian ese déficit informativo. "No nos han dado ningún curso y considero que debería ser necesario", opina Sierra. Armengol, por su parte, critica que "no se ha facilitado la información oportuna a los operadores judiciales". Maza también cree que es "imprescindible": "Yo estoy deseando informarme y lo estoy intentando conocer a través de los compañeros porque necesitamos saber la trascendencia que tienen nuestros actos". dos portavoces judiciales García y Sexmero rompen esta tónica, negando que sea indispensable recibir formación al respecto porque como ejemplifica el miembro de la aPM, "si convertimos en imprescindible conocer Sitel, también será imprescindible saber medicina cuando un juez tenga que resolver un pleito sobre responsabilidad sanitaria".

En lo que sí están de acuerdo todos los miembros de la carrera judicial consultados es en la urgencia de regular este sistema a través de una ley orgánica, a excepción de García, que no lo considera necesario. "El marco legal no es suficiente", advierte Maza.

Martínez Lázaro hace hincapié en que "todo lo que afecta a los derechos fundamentales en principio debe estar regulado por ley orgánica" y recalca que "no hay una regulación detallada, lo que habitualmente da lugar a debates judiciales intensos en los juicios de drogas, en los que un 50% del tiempo se dedica a discutir la legalidad de las intervenciones telefónicas".

López recuerda que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido en repetidas ocasiones a España que regule la intervención de llamadas telefónicas: "ahora la única referencia que tenemos los jueces es la jurisprudencia". Y el hecho de sólo contar con esa jurisprudencia, "provoca a veces indefensión", concluye Sexmero.

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