Roberto R. Ballesteros. La Gaceta - Usted denunció las irregularidades de Sitel en junio de 2005 ante el Fiscal General del Estado. ¿Qué anomalías vio?
- Denuncié la ausencia de cobertura jurídica que había para usar esa tecnología. Sitel, que no es más que una parte de un complejo sistema informático, había estado funcionando sin norma alguna hasta sólo un par de meses antes de mi informe. Fue en abril de 2005 cuando lo regularizaron mediante un Real Decreto del Ministerio de Industria. También denuncié que las interceptaciones efectuadas con Sitel no están sometidas a un control judicial efectivo y no pueden ser utilizadas como prueba en un juicio.
- ¿Por qué?
- Porque es el juez el único que puede decir qué se debe interceptar y fundamentarlo debidamente. No vale una referencia genérica a la información asociada, como ocurre. Tiene que justificarse de forma individualizada la razón por la que se deben interceptar unos datos personales y no otros. Tampoco queda claro que lo que se intercepta sea realmente lo que se entrega. Por otra parte, los archivos se almacenan indefinidamente y los centros de interceptación son anónimos y no están bajo supervisión judicial como un organismo más dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Cómo valora que el pasado 24 de noviembre la izquierda votase contra de introducir más garantías?
- Parece el mundo al revés.Tradicionalmente en España la izquierda ha sido la reivindicadora de los derechos civiles y las libertades. Pero ahora está perdiendo esa bandera. Que ahora sea la derecha quien abandere la lucha por los derechos civiles es un signo de madurez democrática que conecta con la sociedad civil y puede revitalizarla.
- La izquierda achaca oportunismo político al PP, porque su iniciativa podría anularse el caso Gürtel.
- Los abogados saben lo que tienen que hacer, que tienen derecho a examinar la legalidad en la obtención del material probatorio. Ellos y sólo ellos plantearán en el momento oportuno las impugnaciones que estimen convenientes, si es que les conviene hacerlo, y los tribunales resolverán lo que corresponda. Es incomprensible el empecinamiento en no querer regular la materia, ya que para nada afecta al proceso.
- Pero los imputados del Gürtel podrían beneficiarse.
- La ley es una norma general, no un privilegio para unos pocos. Se dirige a todos los ciudadanos. La negativa a la ley nos conduce al caos judicial, ya que se están produciendo cientos de impugnaciones en los procedimientos actuales por temas de escuchas. Cuanto más se demore la ley, mayor será ese caos, que durará hasta que el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo puedan resolver.
¿Entonces cuáles creen que son las razones de la negativa?
- Cuando generalizaron el uso de Sitel, lo hicieron de buena fe Pero, aunque los fines inicialmente eran nobles, los medios no son legítimos en una democracia. Los ciudadanos entendemos que la izquierda y la derecha tengan visiones distintas del modelo económico y social. Pero no en materia de derechos. Eso se resolvió en el siglo XIX y está incluido en el pacto constitucional de 1978. Por eso, salvo que el objetivo sea dañar a toda costa al rival político, nadie comprende la cicatearía del Gobierno para impedir la adaptación de la nueva realidad tecnológica al elenco de derechos civiles.
- ¿Qué opina del proyecto para modificar la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información?
- Su tramitación fue muy tortuosa. Los lobbies de la industria cultural intentaron crear un órgano administrativo que podía retirar los contenidos de Internet. El famoso artículo 17 bis. Los internautas lo denunciaron, acusaron al Gobierno de querer introducir la censura y de violar el secreto de las comunicaciones y la privacidad. Ahora es lo mismo, sólo que más refinado y engañoso.
- ¿Engañoso?
- Se dice que las conexiones particulares no serán cortadas, que se trata sólo de censurar las páginas de enlaces. El presidente hasta niega esto. Pero la ley crea un órgano en el Ministerio de Cultura con capacidad para cortar sin autorización judicial cualquier conexión y cerrar páginas web siempre que sea necesario para salvaguardar la propiedad intelectual. ¿Por otra parte, qué se entiende por páginas de enlaces que faciliten las descargas? Eso lo hace el mismo Google. ¿También pretenden cerrarlo?
- Dice que afecta al secreto de las comunicaciones y la privacidad. ¿No requeriría también entonces ley orgánica?
- Efectivamente, si alguien sabe lo que yo me descargo es porque espía mis comunicaciones, obtiene mi IP, que es un dato personal según nuestra legislación. Después, siguiendo lo previsto por la reforma, el Gobierno se dirige a la operadora de telefonía para que identifique al titular de esa IP y poder demandarlo o cortarle la conexión. Y esto tampoco se dice. Por otra parte, al afectar a derechos fundamentales, debería tramitarse como ley orgánica y contar con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, como pone de manifiesto el artículo 108 de la Ley del Poder Judicial. Ninguna de la dos cosas existe hoy. Por estas dos razones, el Parlamento debería devolver el proyecto al Gobierno, para que lo tramite como es debido.
- En Sitel pasó lo mismo. Tampoco se pidieron informes.
- Así es. La regulación de las tecnologías de la información es el nuevo campo de batalla donde se libra la lucha por los derechos civiles. No discutimos que el Estado utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el poder actúe con transparencia. Los medios que utilice, además de respetuosos con el régimen de garantías, deben ser públicos y conocidos. Por eso, para la sociedad civil, la reforma de la ley de sociedad de la información y la votación del 24 de noviembre de Sitel no suponen un fracaso. Se ha conseguido sacar el debate a la calle y trasladarlo al Parlamento. Estamos haciendo músculo democrático. Quizá estemos asistiendo al principio de un nuevo liderazgo en la defensa de los derechos civiles.
- Denuncié la ausencia de cobertura jurídica que había para usar esa tecnología. Sitel, que no es más que una parte de un complejo sistema informático, había estado funcionando sin norma alguna hasta sólo un par de meses antes de mi informe. Fue en abril de 2005 cuando lo regularizaron mediante un Real Decreto del Ministerio de Industria. También denuncié que las interceptaciones efectuadas con Sitel no están sometidas a un control judicial efectivo y no pueden ser utilizadas como prueba en un juicio.
- ¿Por qué?
- Porque es el juez el único que puede decir qué se debe interceptar y fundamentarlo debidamente. No vale una referencia genérica a la información asociada, como ocurre. Tiene que justificarse de forma individualizada la razón por la que se deben interceptar unos datos personales y no otros. Tampoco queda claro que lo que se intercepta sea realmente lo que se entrega. Por otra parte, los archivos se almacenan indefinidamente y los centros de interceptación son anónimos y no están bajo supervisión judicial como un organismo más dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Cómo valora que el pasado 24 de noviembre la izquierda votase contra de introducir más garantías?
- Parece el mundo al revés.Tradicionalmente en España la izquierda ha sido la reivindicadora de los derechos civiles y las libertades. Pero ahora está perdiendo esa bandera. Que ahora sea la derecha quien abandere la lucha por los derechos civiles es un signo de madurez democrática que conecta con la sociedad civil y puede revitalizarla.
- La izquierda achaca oportunismo político al PP, porque su iniciativa podría anularse el caso Gürtel.
- Los abogados saben lo que tienen que hacer, que tienen derecho a examinar la legalidad en la obtención del material probatorio. Ellos y sólo ellos plantearán en el momento oportuno las impugnaciones que estimen convenientes, si es que les conviene hacerlo, y los tribunales resolverán lo que corresponda. Es incomprensible el empecinamiento en no querer regular la materia, ya que para nada afecta al proceso.
- Pero los imputados del Gürtel podrían beneficiarse.
- La ley es una norma general, no un privilegio para unos pocos. Se dirige a todos los ciudadanos. La negativa a la ley nos conduce al caos judicial, ya que se están produciendo cientos de impugnaciones en los procedimientos actuales por temas de escuchas. Cuanto más se demore la ley, mayor será ese caos, que durará hasta que el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo puedan resolver.
¿Entonces cuáles creen que son las razones de la negativa?
- Cuando generalizaron el uso de Sitel, lo hicieron de buena fe Pero, aunque los fines inicialmente eran nobles, los medios no son legítimos en una democracia. Los ciudadanos entendemos que la izquierda y la derecha tengan visiones distintas del modelo económico y social. Pero no en materia de derechos. Eso se resolvió en el siglo XIX y está incluido en el pacto constitucional de 1978. Por eso, salvo que el objetivo sea dañar a toda costa al rival político, nadie comprende la cicatearía del Gobierno para impedir la adaptación de la nueva realidad tecnológica al elenco de derechos civiles.
- ¿Qué opina del proyecto para modificar la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información?
- Su tramitación fue muy tortuosa. Los lobbies de la industria cultural intentaron crear un órgano administrativo que podía retirar los contenidos de Internet. El famoso artículo 17 bis. Los internautas lo denunciaron, acusaron al Gobierno de querer introducir la censura y de violar el secreto de las comunicaciones y la privacidad. Ahora es lo mismo, sólo que más refinado y engañoso.
- ¿Engañoso?
- Se dice que las conexiones particulares no serán cortadas, que se trata sólo de censurar las páginas de enlaces. El presidente hasta niega esto. Pero la ley crea un órgano en el Ministerio de Cultura con capacidad para cortar sin autorización judicial cualquier conexión y cerrar páginas web siempre que sea necesario para salvaguardar la propiedad intelectual. ¿Por otra parte, qué se entiende por páginas de enlaces que faciliten las descargas? Eso lo hace el mismo Google. ¿También pretenden cerrarlo?
- Dice que afecta al secreto de las comunicaciones y la privacidad. ¿No requeriría también entonces ley orgánica?
- Efectivamente, si alguien sabe lo que yo me descargo es porque espía mis comunicaciones, obtiene mi IP, que es un dato personal según nuestra legislación. Después, siguiendo lo previsto por la reforma, el Gobierno se dirige a la operadora de telefonía para que identifique al titular de esa IP y poder demandarlo o cortarle la conexión. Y esto tampoco se dice. Por otra parte, al afectar a derechos fundamentales, debería tramitarse como ley orgánica y contar con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, como pone de manifiesto el artículo 108 de la Ley del Poder Judicial. Ninguna de la dos cosas existe hoy. Por estas dos razones, el Parlamento debería devolver el proyecto al Gobierno, para que lo tramite como es debido.
- En Sitel pasó lo mismo. Tampoco se pidieron informes.
- Así es. La regulación de las tecnologías de la información es el nuevo campo de batalla donde se libra la lucha por los derechos civiles. No discutimos que el Estado utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el poder actúe con transparencia. Los medios que utilice, además de respetuosos con el régimen de garantías, deben ser públicos y conocidos. Por eso, para la sociedad civil, la reforma de la ley de sociedad de la información y la votación del 24 de noviembre de Sitel no suponen un fracaso. Se ha conseguido sacar el debate a la calle y trasladarlo al Parlamento. Estamos haciendo músculo democrático. Quizá estemos asistiendo al principio de un nuevo liderazgo en la defensa de los derechos civiles.
