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No a la Ley Sinde-Wert

OPINIÓN

No creemos a Zapatero

Zapatero dice ahora, que no va a cerrar páginas web sin permiso judicial. Pero hasta tres veces el Gobierno ha intentado hacerlo.


12-12-2009 - La primera vez fue durante la tramitación de la LISI, articulo el artículo 17 bis, y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a intentarlo con el “Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet", ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada de contenidos de la red sin control judicial alguno. La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas liberticidas

Ahora de nuevo vuelven con más de lo mismo. Es rigurosamente falso que la Ley no permite la desconexión de particulares, y lo mas grave para saber si una persona se baja material protegido sus comunicaciones tienen que ser espiadas, lo que atenta al articulo 18.3 de la Constitución, Zapatero dice que no se cerraran páginas Web, pero la Ley y dice lo contrario. La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, con estos datos podrán cortarles la conexión o con la ayuda de Sitel saber todo lo que se han descargado durante un año y plantearles una demanda de responsabilidad civil .

Todos los expertos jurídicos que he podido consultar coinciden en calificar los tres textos cómo jurídicamente deficientes, con lo que dejan puertas falsas para la interpretación, pero que responden en lo fundamental, a la hoja de ruta dictada por Sgae, que no satisfecha todavía con el injusto canon, pretende dar potestad a la autoridad competente, en este caso la Comisión citada, para saltarse el control judicial, que no hay que olvidar. es el que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos que la Constitución de 1978 establece.

Así las cosas a nadie tiene que extrañar que consideremos que este debate más que una polémica jurídica se haya convertido en una batalla por la defensa de las libertades civiles, que trasciende de Internet y afecta a toda la ciudadanía.

Opinión de Víctor Domingo en La Gaceta

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