No es nada fácil: es la propia titular de Cultura la que lo ha reconocido en voz baja y entre pasillos. Quince días, un manifiesto y un consejo de ministros después, la disposición final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible sigue donde estaba, intocable, con la aspiración de llegar allá donde los jueces no han querido, al cierre administrativo de webs de descargas y páginas de enlaces. Y tan huérfana de padres como de verdugos: nadie reconoce su autoría -aunque el anteproyecto fue gestionado y redactado por el Gabinete de la Presidencia y por la Vicepresidencia Económica- pero tampoco la corrige. Las presiones paralizan las fichas de Moncloa. A ZP no le salen los mapas de la red de redes. Sinde, no sabe no contesta y Caamaño retrocede y exige intervención judicial. De la Vega cierra filas con Sinde, Sebastián se preocupa de la guerra con las telecos. No es el paso adelante del Portavoz de Cultura del PSOE, José Andrés Torres Mora, (que defiende la propuesta de González-Sinde y la literalidad de la LES) el único que deja entrever que la guerra de las descargas se ha convertido para Moncloa y de Ferraz en un abismo al que asoman sus desencuentros los ministros y las diputados socialistas. La vicepresidenta no tiene tan claro que haya que desechar si tiene que haber o no una decisión administrativa, y el momento de la intervención judicial. Ahora, en Moncloa, lo único claro es que quién sabe.
El barco antipirata de Moncloa ha vuelto a talleres. Y los retoques -lo admitía De la Vega ante el Congreso- pueden ser largos. Sinde se ha quedado sola con sus dudas. Aún no sabía la composición ni las funciones de la Comisión. Para ella, un policía de la red; para los documentos oficiales de su Ministerio, sólo un mediador y un denunciante.
Ni rastro en el horizonte de una salida cercana y positiva que Zapatero anunciaba desde el primer momento en que desautorizó a Sinde. Los tanteos, si se cumplen las previsiones de la vicepresidenta, no han hecho más que empezar, lo que iba a ser uno de los platos fuertes del cierre parlamentario y del paseíllo sostenible para la presidencia española hoy ya sólo es -De la Vega dixit- un borrador en busca de una "solución de consenso" entre los derechos de los usuarios de la red y de los creadores. Presidencia y Ferraz barajan otra vez los cambios, esta vez lo vigilan muy de cerca. Amasan la calma del anteproyecto y del informe final de la Propiedad Intelectual, estaba ya listo para pasar de la Comisión al Congreso, pero agotará el tiempo, puede esperar al 31de diciembre, quiere que sea, como pronto a la vuelta de Copenhague, con Presidencia, de la Vega y Sebastián en ristre. Y han devuelto bajo la mesa otra vez la lista negra de 200 webs piratas de la Coalición de Creadores que Sinde prometió perseguir, pero aceleran desde Interior una oleada ejemplificadora de detenciones policiales y juicios a presuntos piratas de contenidos audiovisuales en la red. En el fondo de la polémica subyace un enfrentamiento entre el Ministerio de Industria -que respira por los recelos de las operadoras telefónicas que dan acceso a internet- y el Ministerio de Cultura, en sintonía con los creadores de contenidos.
Zapatero promete exigir la intervención judicial para el bloqueo de páginas de internet y no tocar a los usuarios particulares, pero al esquivar la pauta de Sinde choca de nuevo con los muros del colectivo de internautas: augura cortes a las webs con contenidos ilegales, aún a riesgo de emprender un viaje a ninguna parte y de topar con los mismos muros jurisdiccionales donde hasta ahora todos los tribunales no han encontrado delito. Ni las divergencias, ni los avisos del PP invitan al grupo socialista a las urgencias, ni a una regulación específica: El PP asegura a los internautas que no apoyará una ley especial para Internet y descuenta que en caso de que el Gobierno no modifique la disposición final del anteproyecto en el que se permite cortar Internet para salvaguardar la propiedad intelectual, será eliminada durante la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados. Ya que el PSOE no conseguirá los apoyos suficientes del resto de grupos.
Además, toparía con el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional contra el conjunto del anteproyecto de ley de economía sostenible. Sólo la escenografía está ya clara. Y los calendarios: la orden de Moncloa es que los detalles de la nueva regulación estén sobre las mesas antes de la moción del PP, que se votará en la siguiente sesión plenaria o en la de febrero, cuando se reanude la actividad ordinaria del Parlamento. Y en ellos ya no hay ni rastro de Sinde.
Prometía -antes de abrazarse al silencio- que su ministerio seguirá abierto a escuchar, pero es Moncloa la que ya no tiene muchos más oídos para las explicaciones de la ministra. Ya no habrá, después de Navidad, la ronda de reuniones que Sinde prometió con el colectivo de blogeros e internautas, nada de una nueva hoja de ruta o al menos un nuevo manual de explicaciones.
La última palabra de Zapatero es el no a todo, la vuelta de tuerca definitiva a su ceremonia de la confusión. Si fuera por el presidente, "no se va a cerrar ningún blog ni ninguna web". Y los detalles ya no están a mano de la ministra de Cultura. La vacuna del silencio de Zapatero no dejará que acuda al Congreso ahora a explicar sus deslices, aunque la polémica nació del Ministerio de Cultura y de él dependerá -con o sin intervención judicial- la comisión administrativa que podría instar al cierre de páginas web. Moncloa le reserva de nuevo sólo un rincón oscuro y le carga a sus espaldas todos los mea culpas de la regulación de los contenidos digitales, aunque en el entorno de Zapatero no todos eran ajenos a los planes de la ministra. En Moncloa, nadie dará la cara por ella ahora en el contencioso de la Ley de Cine ante Bruselas ni la ayudarán a desempolvar el proyecto de Ley de Música.
Lo advierten los abogados y analistas especialistas en internet: la cláusula adicional de la LES no sólo se ha explicado mal, sino que su redacción tiene lagunas.
No especifica o desarrolla la simple mención a la propiedad intelectual como causa de adopción de medidas administrativas, ni incluye al menos el requisito de ánimo de lucro comercial para tranquilizar a los internautas. Y Sinde no vio que para que baste una decisión administrativa para cerrar una web es necesario cambiar primero otros puntos de la Constitución: el artículo 18.3, que garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial y el artículo 20.5, que sólo autoriza el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Y -como denuncian expertos como Enrique Dans y la Asociación de Internautas- la literalidad de la ley serviría lo mismo para cerrar a patadas una página web cualquiera sin intervención de órgano judicial alguno que para perseguir cosas que los jueces afirman que no tienen que ser perseguidas.
Las empresas de hosting califican el bloqueo de webs de "chapuza técnica". Las que alberguen una página web denunciada ante la Comisión de Propiedad Intelectual serán las primeras que tendrán que ejecutar la orden de desconexión, dejando a su cliente sin servicio. Pero si la web no está alojada en territorio español, son los operadores deberán bloquear el acceso, a nivel de enrutado o de resolución DNS, dos medidas que los atajos tecnológicos pueden superarse con facilidad. Además, en el caso de las empresas proveedoras de ADSL, sólo son mensajeros y deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes. Y en el caso de bloquear una IP, se podría dejar fuera de servicio a todas las webs que la compartan, como ya ha ocurrido alguna vez.
La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, aún a riesgo de erosionar el secreto de las comunicaciones y de revertir en demandas de responsabilidad civil millonarias contra las telecos por parte de los usuarios.
OTRA MORDAZA PARA SINDE
Zapatero no le perdona a Sinde que le haya manchado el bautismo de su criatura sostenible. Le ha puesto, de nuevo, las mordazas que le colocó en agosto para apartarla de cualquier contencioso sobre los contenidos digitales. La de las comparecencias, le marca a la ministra el mejor no meneallo con la regulación de los contenidos de internet. No habrá presencia de la ministra en la última sesión de control del año en el Congreso, por más que el PP le pida aclaraciones.
Tras la desautorización de Rodríguez Zapatero, no ha vuelto a hacer declaraciones ni aparecer en actos públicos y ya no volvería a rendir cuentas de su mandato hasta finales de febrero. Las explicaciones, desde ahora, quedan en boca del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el primero en ponerle tentetiesos judiciales a los planes del P2P de González Sinde y de su Comisión de Propiedad Intelectual. Cosas de agenda, explica la titular de Cultura. Sólo De la Vega se ha atrevido a echarle un capote y a decir que la ministra ha actuado acertadamente". Luego, el silencio para consumar un mes horribilis que ha acabado con la paciencia y los planes de Sinde y con su sitio en el Consejo de Ministros. Nadie en Moncloa defenderá sus gestiones y las de Ignasi Guardans para rescatar de las sospechas de la Comisión Europea la Ley de Cine, que deja al sector sin ayudas en el primer trimestre del año. Y la Ley de Música -por la que clama el sector audiovisual- y los ajustes regulatorios específicos para los libros digitales en el mercado español han vuelto a la nevera de Cultura. Si salen de ella, no será con las llaves de González-Sinde.
Zapatero aún no sabe cómo sacar la pata de Sinde de la Ley de Economía Sostenible, sólo que ha tenido que plegar la vela mayor de la nave antipirata de la ministra y dejar que sus propios compañeros de partido y del Consejo de Ministros le enmienden la plana en la galería pública. La secretaria de Organización del PSOE, Leyre pajín, le ha puesto nombre y apellidos al epicentro de la ciberguerra: ha habido errores de comunicación sobre los planes del gobierno para los contenidos digitales y el intercambio de archivos. No se ha explicado bien, denunciaba con la sospecha sobre la ministra de Cultura. Nada que no hubieran advertido, bajo la mesa de Presidencia, diputados socialistas y más de un miembro de la guardia pretoriana de Zapatero: era mucho más que un problema de marketing. González-Sinde coló su criatura (un gendarme administrativo con el que llegar, sin intervención judicial, allá donde los tribunales no han querido hasta ahora: al bloqueo de las webs de enlaces y los proveedores de servicios de internet) por la puerta de atrás de la LES, a última hora, sin que Zapatero en persona (lo confiesan en Presidencia) pudieran revisar dos veces su letra pequeña de la disposición final de la discordia.
Se incluyó como una disposición final en el texto sobre Economía Sostenible, no se anunció previamente a los sectores afectados, y tampoco se comunicó al resto de ministros y dirigentes del PSOE. Ni patronales como Redtel (que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones) o ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información); ni las asociaciones de internautas estaban al corriente de la reforma antes de su publicación.
TERCERAS VÍAS
Moncloa busca terceras vías para la regulación de las descargas en la red que no incendien todos los puentes con Washington, como las del ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba - una comisión "pero de jueces" especializada en el cierre de páginas web-o al menos potenciar la web mientras tanto. El Gobierno ya tomó el riesgo electoral de aprobar el canon digital en 2008 y la rebelión de los internautas le ha recordado esta vez, cuál puede ser el precio político de sus facturas. Su cuarta vía pasaría por mantener la Comisión del Ministerio de Cultura, pero con menores funciones y sin la atribución de bloquear páginas web que presuntamente vulneren derechos de autor. Podrá instar al juez al cierre de una web, pero no ordenarlo directamente. Pero no es sólo el repudio europeo, la rebelión de la comunidad internauta española y la amenaza del PP de llevar al Tribunal Constitucional cualquier futura ley que permita bloqueo de webs sin resolución judicial previa lo que ha acabado por abortar las posibilidades del plan A de González-Sinde y sus gateras en la Ley de Economía Sostenible.
La industria de contenidos intenta pescar a dos manos en el río revuelto de internet, quiere escarmientos y acelera la caza de brujas. Buscan ahora los atajos de Industria, ya no se fían de las promesas de la ministra. La lista que la Coalición de Creadores ha enviado a Industria con la dirección de cerca de 200 webs -que supuestamente distribuyen contenidos ilegales en internet- está siendo analizada por Moncloa y la han tomado, por ahora, como "documento de trabajo" para la comisión interministerial de la que forman parte Cultura, Justicia, Interior e Industria. La consigna -desde Moncloa e interior- parecer ser ir ahora contra los que inician la cadena de las descargas de contenidos en Internet y acabar así con la oferta de material sujeto a derechos de autor en la Red. Ya existe un régimen sancionador en el Código Penal - una legislación ya homologable a la del resto de países- que se podría cumplir. Los enlaces P2P, que permiten compartir todo tipo de contenido (protegido o no) entre ordenadores de todo el mundo de forma directa, no están penados en España, tal y como han recogido multitud de sentencias judiciales en los últimos años. Sin embargo, alojar ese contenido protegido y ponerlo a disposición (comunicación pública) sí lo está si se demuestra que existe lucro por parte de los administradores.
Durante la última semana, la policía ha intensificado la vigilancia en la zona mediterránea y el norte y ha detenido a más de diez personas por piratear, presuntamente, películas que subían a Internet, además de un buen número de propietarios de páginas de enlaces P2P a ficheros de películas, videojuegos y software -identificados por la policía- que alimentaban las webs cobrando cuotas. Para el abogado Carlos Sánchez Almeida, la policía está afinando el tiro cada vez más. "En 2003 iban contra las páginas de enlaces a bulto. Ya en 2006 cambiaron de estrategia, buscando relacionar a los dueños de estás páginas con los que graban; algo que, ahora, parecen haber conseguido. Eso sí, tendrán que demostrar que han subido las películas con ánimo de lucro", añade.
Industria sanciona con 36.000 a una web de descargas por incumplir la LSSI, a instancias de las entidades de gestión. Además, ante el fracaso de las denuncias en los tribunales contra diversas páginas de elinks, el Ministerio de Industria ha optado por aplicar con dureza la LSSI atendiendo a las demandas de las entidades de gestión. La web descargasfatales.com, que ha decidido cerrar sus puertas, deberá hacer frente a una sanción de 36.000 euros por no identificar correctamente a su titular tras una denuncia presentada por la Asociación Videográfica Española Independiente. Hasta ahora Industria intervenía en este tipo de casos para recabar los datos del propietario de la página web para que la entidad de gestión correspondiente pudiese formular la demanda ante los tribunales. Pero para evitar los continuos varapalos que los jueces están dando a los denunciantes de páginas P2P, Industria ha optado por imponer ella misma la sanción y conseguir así los efectos buscados por los denunciantes.
UN DESLIZ QUE SIGUE HUÉRFANO
Los detalles de la correción y la regulación definitiva de los contenidos de internet aún no tienen padre. Salvo la vicepresidenta -que confesaba que "es una iniciativa del Gobierno y no sólo del Ministerio de Cultura- los silencios delatan la implicación de la cartera de Sinde. La ministra ha pasado a la historia de la primera batalla de la guerra de Internet de Zapatero como la responsable del plan para cerrar páginas web sin autorización judicial, y pararrayos ante la avalancha de críticas desde dentro y fuera de la Red. Desde Ferraz y el grupo parlamentario socialista achacan el error a los asesores jurídicos de Sinde. Carga aún con el sambenito de la disposición final segunda de la LES y con sus urgencias, las que la llevaron a destapar la caja de los truenos con los internautas de espaldas al silencio acordado con Moncloa e Industria hasta que la Comisión Interministerial no entregara sus conclusiones al Congreso esta semana. Pero fue el propio Zapatero el que volvió de Washington, el 16 de octubre, con el encargo de limpiar las manchas del que EE UU considera el segundo mercado más pirata de la red y con un calendario y un guión claro, soplado al oído de Sebastián y Sinde por la gubernamental y por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual. Sólo el entorno de González-Sinde se atreve a conjugar la letra pequeña de un viaje a ninguna parte en el que la ministra no ha estado sola, ni tan lejos de Moncloa.
La ministra ha dejado en evidencia mucho más que su poco sentido de la oportunidad.. La enmienda de la LES pasó bajo más de una lupa del gabinete de Zapatero antes de saltar a la luz. Y como adelantaban fuentes gubernamentales a El País, la ministra de Cultura quiso informar de la iniciativa, tal como estaba redactada, a las partes interesadas antes de su publicación, pero su pretensión fue desestimada. Cuando González-Sinde comenzó a dejar ver los flecos de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, el texto ya había pasado por cuatro ministerios y superado el cedazo de Presidencia.
No fue otro que José Enrique Serrano, director de Gabinete del Presidente del Gobierno y 'mano derecha' de José Luis Rodríguez Zapatero el que lo avaló -y hasta lo apadrinó según algunos- y no fue otro que el ministerio de Industria el que lo filtró a los medios. El abogado especialista en nuevas tecnologías Sánchez Almeida, le ponía nombre y apellidos: no fue otro que David Cierco, director general de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, quien filtró los planes de Cultura y la LES para el cierre de páginas web. Además, como recuerda el presidente de la Asociación de Internautas, hasta tres veces el Gobierno ha intentado cerrar páginas webs sin permiso judicial. La primera vez fue durante la tramitación de la LISI, articulo el artículo 17 bis, y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a intentarlo con el Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet".
Ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada de contenidos de la red sin control judicial alguno. La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas.
Sinde prometía -antes de abrazarse al silencio- que su ministerio seguirá abierto a escuchar, que habría nuevas reuniones, pero es Moncloa la que ya no tiene muchos más oídos para las explicaciones de la ministra. No sólo son el PP y IU los que amenazan con dejar la ley sin apoyo parlamentario si no cambia. Ni más de 50.000 internautas los que se le rebelan. Ya no habrá, después de Navidad, la ronda de reuniones que Sinde prometió con el colectivo de blogueros e internautas, nada de una nueva hoja de ruta o al menos un nuevo manual de explicaciones. La última palabra de Zapatero es el no a todo, la vuelta de tuerca definitiva a su ceremonia de la confusión. Si fuera por el presidente, "no se va a cerrar ningún blog ni ninguna web". Y los detalles ya no están a mano de la ministra de Cultura. Le pisa, además, los talones la Asociación de Internautas. La Oficina de Conflictos de Intereses archivó en julio una denuncia contra ella por ser conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado en el cine. Pero ahora la Asociación de Internautas llevará a Angeles González Sinde a los tribunales ordinarios para que explique los 10 millones de euros en subvenciones recibidos como cineasta y guionista -incluyendo casos como el de Recóndita Armonía, que no llegó a realizarse- y también las ayudas concedidas al sector desde que Zapatero la nombró ministra en abril. Lo harán ante el silencio de Moncloa, que no conjuga ya ninguno de los verbos de la ministra.
LAS PRESIONES EXTERIORES COMPLICAN MÁS EL ESCENARIO
Zapatero transitará, de uno u otro lado, por el desfiladero de los desencuentros exteriores, entre la espada de Obama y la pared de Bruselas. La Comisaria Vivianne Reding le dejó claro y a domicilio a Zapatero, que a pesar de la ambigüedad regulatoria del paquete telecom, si en España hay bloqueo o cortes de webs sin decisión judicial toparán contra los muros de la Unión Europea. Desde su paso por la Casa Blanca en octubre, la consigna para Zapatero estaba clara, la misma que Miguel Sebastián se encargaba de poner de largo -por encima de los vaivenes de Sinde- el 19 de noviembre en la Feria Ficod de contenidos digitales de Madrid, dedicada nada menos que a EE UU. Moncloa quería quitarse de encima todas las sombras de ese halo tejido con los informes de la industria cultural americana.
En Washington no han caído bien las promesas de Zapatero de no cerrar nada en Internet. Le recuerdan que la bitácora de la Comisión Interministerial de Propiedad Intelectual tiene desde su origen más de una brújula en manos ajenas: las de los informes del Congreso americano, que consideran a España el segundo país en su ranking de 'descargas ilegales' después de China. No es otra que la brújula de Obama la que dio a luz a la Comisión Interministerial de Internet que esta semana debe entregar sus conclusiones sobre la propiedad intelectual y la red al Congreso. Ni otra que la carta de navegación de Washington la que optaba por dejar pasar de largo los modelos francés y británico de control de las descargas y centrarse en el castigo a las webs de enlaces y los concentradores de contenidos. Pero las sombras del spam, el comercio electrónico, la falta de despegue de su plan de ciberseguridad y ahora la guerra de las descargas de internet convierten a ZP en el protagonista del antiguión que prometió en la Casa Blanca.
Obama le pidió en octubre a Zapatero gestos de condena al P2P no autorizado y una nueva regulación. La diplomacia americana y el lobby de la industria audiovisual presionan ahora al Palacio de Santa Cruz, a Ferraz y hasta a Génova con la denuncia de que el mercado español -según la gubernamental United States Trade Representative (USTR) es un agujero negro para el negocio del cine americano en España, uno de los primeros mercados europeos de cine en sala y en DVD. Un desencuentro que -advierten en Washington- podría provocar sanciones comerciales contra España. Moncloa asume que necesitará ayuda exterior para acotar la geografía pirata: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas -a las que la industria le atribuye el 70% de las descargas- están en España. La mayoría se ubica en los EEUU y por cada web que cierra se abren 20. Al día siguiente de que un plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno -o por el Congreso-, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla.
Washington, a cambio, pondrá a prueba la compensación de Moncloa a su sintonía con la negociación del ACTA. Y el lobby americano, en aliados y facilidades para llegar a los piratas españoles. La industria estadounidense mira al segundo oasis pirata de su mapa internacional, pero España es también el segundo mercado con los internautas más activos en redes sociales y mayores crecimientos en contenidos digitales en 2009 de Europa. Y, como la Coalición de Creadores, quieren sacudir a la vez el palo de los bloqueos y la zanahoria de sus propios modelos comerciales a los ojos de los usuarios españoles. Los estudios y las discográficas de EE UU buscan sitio en las dos macrowebs de Promusicae y la Coalición que patrocina Cultura: incluirán su catálogo en español.
El barco antipirata de Moncloa ha vuelto a talleres. Y los retoques -lo admitía De la Vega ante el Congreso- pueden ser largos. Sinde se ha quedado sola con sus dudas. Aún no sabía la composición ni las funciones de la Comisión. Para ella, un policía de la red; para los documentos oficiales de su Ministerio, sólo un mediador y un denunciante.
Ni rastro en el horizonte de una salida cercana y positiva que Zapatero anunciaba desde el primer momento en que desautorizó a Sinde. Los tanteos, si se cumplen las previsiones de la vicepresidenta, no han hecho más que empezar, lo que iba a ser uno de los platos fuertes del cierre parlamentario y del paseíllo sostenible para la presidencia española hoy ya sólo es -De la Vega dixit- un borrador en busca de una "solución de consenso" entre los derechos de los usuarios de la red y de los creadores. Presidencia y Ferraz barajan otra vez los cambios, esta vez lo vigilan muy de cerca. Amasan la calma del anteproyecto y del informe final de la Propiedad Intelectual, estaba ya listo para pasar de la Comisión al Congreso, pero agotará el tiempo, puede esperar al 31de diciembre, quiere que sea, como pronto a la vuelta de Copenhague, con Presidencia, de la Vega y Sebastián en ristre. Y han devuelto bajo la mesa otra vez la lista negra de 200 webs piratas de la Coalición de Creadores que Sinde prometió perseguir, pero aceleran desde Interior una oleada ejemplificadora de detenciones policiales y juicios a presuntos piratas de contenidos audiovisuales en la red. En el fondo de la polémica subyace un enfrentamiento entre el Ministerio de Industria -que respira por los recelos de las operadoras telefónicas que dan acceso a internet- y el Ministerio de Cultura, en sintonía con los creadores de contenidos.
Zapatero promete exigir la intervención judicial para el bloqueo de páginas de internet y no tocar a los usuarios particulares, pero al esquivar la pauta de Sinde choca de nuevo con los muros del colectivo de internautas: augura cortes a las webs con contenidos ilegales, aún a riesgo de emprender un viaje a ninguna parte y de topar con los mismos muros jurisdiccionales donde hasta ahora todos los tribunales no han encontrado delito. Ni las divergencias, ni los avisos del PP invitan al grupo socialista a las urgencias, ni a una regulación específica: El PP asegura a los internautas que no apoyará una ley especial para Internet y descuenta que en caso de que el Gobierno no modifique la disposición final del anteproyecto en el que se permite cortar Internet para salvaguardar la propiedad intelectual, será eliminada durante la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados. Ya que el PSOE no conseguirá los apoyos suficientes del resto de grupos.
Además, toparía con el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional contra el conjunto del anteproyecto de ley de economía sostenible. Sólo la escenografía está ya clara. Y los calendarios: la orden de Moncloa es que los detalles de la nueva regulación estén sobre las mesas antes de la moción del PP, que se votará en la siguiente sesión plenaria o en la de febrero, cuando se reanude la actividad ordinaria del Parlamento. Y en ellos ya no hay ni rastro de Sinde.
Prometía -antes de abrazarse al silencio- que su ministerio seguirá abierto a escuchar, pero es Moncloa la que ya no tiene muchos más oídos para las explicaciones de la ministra. Ya no habrá, después de Navidad, la ronda de reuniones que Sinde prometió con el colectivo de blogeros e internautas, nada de una nueva hoja de ruta o al menos un nuevo manual de explicaciones.
La última palabra de Zapatero es el no a todo, la vuelta de tuerca definitiva a su ceremonia de la confusión. Si fuera por el presidente, "no se va a cerrar ningún blog ni ninguna web". Y los detalles ya no están a mano de la ministra de Cultura. La vacuna del silencio de Zapatero no dejará que acuda al Congreso ahora a explicar sus deslices, aunque la polémica nació del Ministerio de Cultura y de él dependerá -con o sin intervención judicial- la comisión administrativa que podría instar al cierre de páginas web. Moncloa le reserva de nuevo sólo un rincón oscuro y le carga a sus espaldas todos los mea culpas de la regulación de los contenidos digitales, aunque en el entorno de Zapatero no todos eran ajenos a los planes de la ministra. En Moncloa, nadie dará la cara por ella ahora en el contencioso de la Ley de Cine ante Bruselas ni la ayudarán a desempolvar el proyecto de Ley de Música.
Lo advierten los abogados y analistas especialistas en internet: la cláusula adicional de la LES no sólo se ha explicado mal, sino que su redacción tiene lagunas.
No especifica o desarrolla la simple mención a la propiedad intelectual como causa de adopción de medidas administrativas, ni incluye al menos el requisito de ánimo de lucro comercial para tranquilizar a los internautas. Y Sinde no vio que para que baste una decisión administrativa para cerrar una web es necesario cambiar primero otros puntos de la Constitución: el artículo 18.3, que garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial y el artículo 20.5, que sólo autoriza el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Y -como denuncian expertos como Enrique Dans y la Asociación de Internautas- la literalidad de la ley serviría lo mismo para cerrar a patadas una página web cualquiera sin intervención de órgano judicial alguno que para perseguir cosas que los jueces afirman que no tienen que ser perseguidas.
Las empresas de hosting califican el bloqueo de webs de "chapuza técnica". Las que alberguen una página web denunciada ante la Comisión de Propiedad Intelectual serán las primeras que tendrán que ejecutar la orden de desconexión, dejando a su cliente sin servicio. Pero si la web no está alojada en territorio español, son los operadores deberán bloquear el acceso, a nivel de enrutado o de resolución DNS, dos medidas que los atajos tecnológicos pueden superarse con facilidad. Además, en el caso de las empresas proveedoras de ADSL, sólo son mensajeros y deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes. Y en el caso de bloquear una IP, se podría dejar fuera de servicio a todas las webs que la compartan, como ya ha ocurrido alguna vez.
La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, aún a riesgo de erosionar el secreto de las comunicaciones y de revertir en demandas de responsabilidad civil millonarias contra las telecos por parte de los usuarios.
OTRA MORDAZA PARA SINDE
Zapatero no le perdona a Sinde que le haya manchado el bautismo de su criatura sostenible. Le ha puesto, de nuevo, las mordazas que le colocó en agosto para apartarla de cualquier contencioso sobre los contenidos digitales. La de las comparecencias, le marca a la ministra el mejor no meneallo con la regulación de los contenidos de internet. No habrá presencia de la ministra en la última sesión de control del año en el Congreso, por más que el PP le pida aclaraciones.
Tras la desautorización de Rodríguez Zapatero, no ha vuelto a hacer declaraciones ni aparecer en actos públicos y ya no volvería a rendir cuentas de su mandato hasta finales de febrero. Las explicaciones, desde ahora, quedan en boca del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el primero en ponerle tentetiesos judiciales a los planes del P2P de González Sinde y de su Comisión de Propiedad Intelectual. Cosas de agenda, explica la titular de Cultura. Sólo De la Vega se ha atrevido a echarle un capote y a decir que la ministra ha actuado acertadamente". Luego, el silencio para consumar un mes horribilis que ha acabado con la paciencia y los planes de Sinde y con su sitio en el Consejo de Ministros. Nadie en Moncloa defenderá sus gestiones y las de Ignasi Guardans para rescatar de las sospechas de la Comisión Europea la Ley de Cine, que deja al sector sin ayudas en el primer trimestre del año. Y la Ley de Música -por la que clama el sector audiovisual- y los ajustes regulatorios específicos para los libros digitales en el mercado español han vuelto a la nevera de Cultura. Si salen de ella, no será con las llaves de González-Sinde.
Zapatero aún no sabe cómo sacar la pata de Sinde de la Ley de Economía Sostenible, sólo que ha tenido que plegar la vela mayor de la nave antipirata de la ministra y dejar que sus propios compañeros de partido y del Consejo de Ministros le enmienden la plana en la galería pública. La secretaria de Organización del PSOE, Leyre pajín, le ha puesto nombre y apellidos al epicentro de la ciberguerra: ha habido errores de comunicación sobre los planes del gobierno para los contenidos digitales y el intercambio de archivos. No se ha explicado bien, denunciaba con la sospecha sobre la ministra de Cultura. Nada que no hubieran advertido, bajo la mesa de Presidencia, diputados socialistas y más de un miembro de la guardia pretoriana de Zapatero: era mucho más que un problema de marketing. González-Sinde coló su criatura (un gendarme administrativo con el que llegar, sin intervención judicial, allá donde los tribunales no han querido hasta ahora: al bloqueo de las webs de enlaces y los proveedores de servicios de internet) por la puerta de atrás de la LES, a última hora, sin que Zapatero en persona (lo confiesan en Presidencia) pudieran revisar dos veces su letra pequeña de la disposición final de la discordia.
Se incluyó como una disposición final en el texto sobre Economía Sostenible, no se anunció previamente a los sectores afectados, y tampoco se comunicó al resto de ministros y dirigentes del PSOE. Ni patronales como Redtel (que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones) o ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información); ni las asociaciones de internautas estaban al corriente de la reforma antes de su publicación.
TERCERAS VÍAS
Moncloa busca terceras vías para la regulación de las descargas en la red que no incendien todos los puentes con Washington, como las del ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba - una comisión "pero de jueces" especializada en el cierre de páginas web-o al menos potenciar la web mientras tanto. El Gobierno ya tomó el riesgo electoral de aprobar el canon digital en 2008 y la rebelión de los internautas le ha recordado esta vez, cuál puede ser el precio político de sus facturas. Su cuarta vía pasaría por mantener la Comisión del Ministerio de Cultura, pero con menores funciones y sin la atribución de bloquear páginas web que presuntamente vulneren derechos de autor. Podrá instar al juez al cierre de una web, pero no ordenarlo directamente. Pero no es sólo el repudio europeo, la rebelión de la comunidad internauta española y la amenaza del PP de llevar al Tribunal Constitucional cualquier futura ley que permita bloqueo de webs sin resolución judicial previa lo que ha acabado por abortar las posibilidades del plan A de González-Sinde y sus gateras en la Ley de Economía Sostenible.
La industria de contenidos intenta pescar a dos manos en el río revuelto de internet, quiere escarmientos y acelera la caza de brujas. Buscan ahora los atajos de Industria, ya no se fían de las promesas de la ministra. La lista que la Coalición de Creadores ha enviado a Industria con la dirección de cerca de 200 webs -que supuestamente distribuyen contenidos ilegales en internet- está siendo analizada por Moncloa y la han tomado, por ahora, como "documento de trabajo" para la comisión interministerial de la que forman parte Cultura, Justicia, Interior e Industria. La consigna -desde Moncloa e interior- parecer ser ir ahora contra los que inician la cadena de las descargas de contenidos en Internet y acabar así con la oferta de material sujeto a derechos de autor en la Red. Ya existe un régimen sancionador en el Código Penal - una legislación ya homologable a la del resto de países- que se podría cumplir. Los enlaces P2P, que permiten compartir todo tipo de contenido (protegido o no) entre ordenadores de todo el mundo de forma directa, no están penados en España, tal y como han recogido multitud de sentencias judiciales en los últimos años. Sin embargo, alojar ese contenido protegido y ponerlo a disposición (comunicación pública) sí lo está si se demuestra que existe lucro por parte de los administradores.
Durante la última semana, la policía ha intensificado la vigilancia en la zona mediterránea y el norte y ha detenido a más de diez personas por piratear, presuntamente, películas que subían a Internet, además de un buen número de propietarios de páginas de enlaces P2P a ficheros de películas, videojuegos y software -identificados por la policía- que alimentaban las webs cobrando cuotas. Para el abogado Carlos Sánchez Almeida, la policía está afinando el tiro cada vez más. "En 2003 iban contra las páginas de enlaces a bulto. Ya en 2006 cambiaron de estrategia, buscando relacionar a los dueños de estás páginas con los que graban; algo que, ahora, parecen haber conseguido. Eso sí, tendrán que demostrar que han subido las películas con ánimo de lucro", añade.
Industria sanciona con 36.000 a una web de descargas por incumplir la LSSI, a instancias de las entidades de gestión. Además, ante el fracaso de las denuncias en los tribunales contra diversas páginas de elinks, el Ministerio de Industria ha optado por aplicar con dureza la LSSI atendiendo a las demandas de las entidades de gestión. La web descargasfatales.com, que ha decidido cerrar sus puertas, deberá hacer frente a una sanción de 36.000 euros por no identificar correctamente a su titular tras una denuncia presentada por la Asociación Videográfica Española Independiente. Hasta ahora Industria intervenía en este tipo de casos para recabar los datos del propietario de la página web para que la entidad de gestión correspondiente pudiese formular la demanda ante los tribunales. Pero para evitar los continuos varapalos que los jueces están dando a los denunciantes de páginas P2P, Industria ha optado por imponer ella misma la sanción y conseguir así los efectos buscados por los denunciantes.
UN DESLIZ QUE SIGUE HUÉRFANO
Los detalles de la correción y la regulación definitiva de los contenidos de internet aún no tienen padre. Salvo la vicepresidenta -que confesaba que "es una iniciativa del Gobierno y no sólo del Ministerio de Cultura- los silencios delatan la implicación de la cartera de Sinde. La ministra ha pasado a la historia de la primera batalla de la guerra de Internet de Zapatero como la responsable del plan para cerrar páginas web sin autorización judicial, y pararrayos ante la avalancha de críticas desde dentro y fuera de la Red. Desde Ferraz y el grupo parlamentario socialista achacan el error a los asesores jurídicos de Sinde. Carga aún con el sambenito de la disposición final segunda de la LES y con sus urgencias, las que la llevaron a destapar la caja de los truenos con los internautas de espaldas al silencio acordado con Moncloa e Industria hasta que la Comisión Interministerial no entregara sus conclusiones al Congreso esta semana. Pero fue el propio Zapatero el que volvió de Washington, el 16 de octubre, con el encargo de limpiar las manchas del que EE UU considera el segundo mercado más pirata de la red y con un calendario y un guión claro, soplado al oído de Sebastián y Sinde por la gubernamental y por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual. Sólo el entorno de González-Sinde se atreve a conjugar la letra pequeña de un viaje a ninguna parte en el que la ministra no ha estado sola, ni tan lejos de Moncloa.
La ministra ha dejado en evidencia mucho más que su poco sentido de la oportunidad.. La enmienda de la LES pasó bajo más de una lupa del gabinete de Zapatero antes de saltar a la luz. Y como adelantaban fuentes gubernamentales a El País, la ministra de Cultura quiso informar de la iniciativa, tal como estaba redactada, a las partes interesadas antes de su publicación, pero su pretensión fue desestimada. Cuando González-Sinde comenzó a dejar ver los flecos de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, el texto ya había pasado por cuatro ministerios y superado el cedazo de Presidencia.
No fue otro que José Enrique Serrano, director de Gabinete del Presidente del Gobierno y 'mano derecha' de José Luis Rodríguez Zapatero el que lo avaló -y hasta lo apadrinó según algunos- y no fue otro que el ministerio de Industria el que lo filtró a los medios. El abogado especialista en nuevas tecnologías Sánchez Almeida, le ponía nombre y apellidos: no fue otro que David Cierco, director general de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, quien filtró los planes de Cultura y la LES para el cierre de páginas web. Además, como recuerda el presidente de la Asociación de Internautas, hasta tres veces el Gobierno ha intentado cerrar páginas webs sin permiso judicial. La primera vez fue durante la tramitación de la LISI, articulo el artículo 17 bis, y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a intentarlo con el Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet".
Ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada de contenidos de la red sin control judicial alguno. La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas.
Sinde prometía -antes de abrazarse al silencio- que su ministerio seguirá abierto a escuchar, que habría nuevas reuniones, pero es Moncloa la que ya no tiene muchos más oídos para las explicaciones de la ministra. No sólo son el PP y IU los que amenazan con dejar la ley sin apoyo parlamentario si no cambia. Ni más de 50.000 internautas los que se le rebelan. Ya no habrá, después de Navidad, la ronda de reuniones que Sinde prometió con el colectivo de blogueros e internautas, nada de una nueva hoja de ruta o al menos un nuevo manual de explicaciones. La última palabra de Zapatero es el no a todo, la vuelta de tuerca definitiva a su ceremonia de la confusión. Si fuera por el presidente, "no se va a cerrar ningún blog ni ninguna web". Y los detalles ya no están a mano de la ministra de Cultura. Le pisa, además, los talones la Asociación de Internautas. La Oficina de Conflictos de Intereses archivó en julio una denuncia contra ella por ser conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado en el cine. Pero ahora la Asociación de Internautas llevará a Angeles González Sinde a los tribunales ordinarios para que explique los 10 millones de euros en subvenciones recibidos como cineasta y guionista -incluyendo casos como el de Recóndita Armonía, que no llegó a realizarse- y también las ayudas concedidas al sector desde que Zapatero la nombró ministra en abril. Lo harán ante el silencio de Moncloa, que no conjuga ya ninguno de los verbos de la ministra.
LAS PRESIONES EXTERIORES COMPLICAN MÁS EL ESCENARIO
Zapatero transitará, de uno u otro lado, por el desfiladero de los desencuentros exteriores, entre la espada de Obama y la pared de Bruselas. La Comisaria Vivianne Reding le dejó claro y a domicilio a Zapatero, que a pesar de la ambigüedad regulatoria del paquete telecom, si en España hay bloqueo o cortes de webs sin decisión judicial toparán contra los muros de la Unión Europea. Desde su paso por la Casa Blanca en octubre, la consigna para Zapatero estaba clara, la misma que Miguel Sebastián se encargaba de poner de largo -por encima de los vaivenes de Sinde- el 19 de noviembre en la Feria Ficod de contenidos digitales de Madrid, dedicada nada menos que a EE UU. Moncloa quería quitarse de encima todas las sombras de ese halo tejido con los informes de la industria cultural americana.
En Washington no han caído bien las promesas de Zapatero de no cerrar nada en Internet. Le recuerdan que la bitácora de la Comisión Interministerial de Propiedad Intelectual tiene desde su origen más de una brújula en manos ajenas: las de los informes del Congreso americano, que consideran a España el segundo país en su ranking de 'descargas ilegales' después de China. No es otra que la brújula de Obama la que dio a luz a la Comisión Interministerial de Internet que esta semana debe entregar sus conclusiones sobre la propiedad intelectual y la red al Congreso. Ni otra que la carta de navegación de Washington la que optaba por dejar pasar de largo los modelos francés y británico de control de las descargas y centrarse en el castigo a las webs de enlaces y los concentradores de contenidos. Pero las sombras del spam, el comercio electrónico, la falta de despegue de su plan de ciberseguridad y ahora la guerra de las descargas de internet convierten a ZP en el protagonista del antiguión que prometió en la Casa Blanca.
Obama le pidió en octubre a Zapatero gestos de condena al P2P no autorizado y una nueva regulación. La diplomacia americana y el lobby de la industria audiovisual presionan ahora al Palacio de Santa Cruz, a Ferraz y hasta a Génova con la denuncia de que el mercado español -según la gubernamental United States Trade Representative (USTR) es un agujero negro para el negocio del cine americano en España, uno de los primeros mercados europeos de cine en sala y en DVD. Un desencuentro que -advierten en Washington- podría provocar sanciones comerciales contra España. Moncloa asume que necesitará ayuda exterior para acotar la geografía pirata: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas -a las que la industria le atribuye el 70% de las descargas- están en España. La mayoría se ubica en los EEUU y por cada web que cierra se abren 20. Al día siguiente de que un plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno -o por el Congreso-, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla.
Washington, a cambio, pondrá a prueba la compensación de Moncloa a su sintonía con la negociación del ACTA. Y el lobby americano, en aliados y facilidades para llegar a los piratas españoles. La industria estadounidense mira al segundo oasis pirata de su mapa internacional, pero España es también el segundo mercado con los internautas más activos en redes sociales y mayores crecimientos en contenidos digitales en 2009 de Europa. Y, como la Coalición de Creadores, quieren sacudir a la vez el palo de los bloqueos y la zanahoria de sus propios modelos comerciales a los ojos de los usuarios españoles. Los estudios y las discográficas de EE UU buscan sitio en las dos macrowebs de Promusicae y la Coalición que patrocina Cultura: incluirán su catálogo en español.
