JUAN FRANCISCO ALONSO / MIGUEL ÁNGEL BARROSO / ABC.- El p2p vive su edad de oro
En el debate sobre la piratería e internet de estas semanas se habla del p2p como un dinosaurio devorador en plena juventud. Y, sin embargo, es una herramienta a la baja. Algunos incluso dicen que pronto veremos su final. Un estudio reciente de Arbor Networks, empresa que trabaja para muchos de los proveedores de internet más importantes del mundo, asegura que el p2p significa hoy el 18 por ciento del tráfico global de internet. Mucho, es cierto, pero mucho menos que en 2007, cuando era el 40 por ciento. ¿Quién está ocupando ese espacio? En el caso del vídeo, YouTube, Vimeo, Hulu o Vevo.com, servicio de vídeos musicales inaugurado la pasada semana en el que participan casi todas las «majors» de la industria musical (aún no funciona en España). Para bajar series o películas, los internautas prefieren sitios de descarga directa, como Rapidshare o Megaupload. Y, por último, despega el «streaming», tecnología que permite escuchar o ver archivos sin bajarlos al ordenador. Spotify, un gran boom en el mundo de la música, es el mejor ejemplo. Sus usuarios pueden escuchar de forma legal (gratis con publicidad, o mediante suscripción) casi toda la música del planeta sin descargarla en el ordenador. En España, el último Estudio General de Medios también ha reflejado esta tendencia. En 2008 utilizaba el p2p el 35 por ciento de la audiencia de internet; en 2009, el 27,4. «Estamos en el inicio de un nuevo ciclo en el que los usuarios dejarán de poseer discos físicamente e incluso archivos. Lo determinante es poseer acceso a contenidos. Este cambio conlleva el descenso de las descargas p2p», afirma Carlos de Otto, director general de Rockola.fm.
La ley maniatará la tecnología
«Internet fue diseñada como una red de arquitectura abierta para facilitar su crecimiento orgánico y descentralizada para impedir su control. A pesar de ello, la historia de la red es también la historia de los intentos del poder por controlarla. Frente a las ideologías políticas y los intereses económicos que intentan aplicar los parámetros de sometimiento que funcionan en el mundo físico, la cultura de la red responde con una decidida defensa de las libertades básicas para expresarnos, crear y compartir información. Los lobbies de las industrias decadentes presionan al poder para preservar sus privilegios a costa de los derechos de los usuarios de la tecnología: ésa es la batalla que está planteada, y es una batalla que nos concierne a todos», afirma José Luis Orihuela, profesor en la Universidad de Navarra y autor de eCuaderno.com.
El cierre de las webs, la solución
Esta semana se han cumplido diez años de la denuncia de la industria contra Napster. Quizá las discográficas pensaron que «muerto el perro...», pero nada más lejos de la realidad. La persecución aumentó su popularidad y otros muchos perfeccionaron el sistema. ¿Se pueden cerrar otros sitios parecidos? Probablemente, pero Pablo Soto, creador de programas p2p como Blubster y Omemo, llevado a juicio por las discográficas, no cree que eso solucione el problema de la industria. «Estas páginas contienen enlaces, pequeñas cadenas de texto con mera información sobre los archivos, y los usuarios intercambian dichos archivos sin necesidad de los enlaces. Si una página que contiene un enlace es responsable de los contenidos enlazados, que vayan cerrando internet, porque lo que hizo que la red se convirtiera en lo que es hoy fue la introducción del hipertexto, documentos con enlaces. El caso de Google es demoledor. Su modelo de negocio consiste en indexar el contenido que se difunde en todas las páginas de todos los servidores del mundo. La riqueza del buscador es enlazar el contenido disponible a nivel mundial, y ésa es su función. Google, por enlazarlo, no publica ni difunde ese contenido».
No se vende música
Los datos de Promusicae son claros. El mercado físico en España descendió un 35,14 por ciento en el primer semestre de 2009, mientras que el digital sólo creció un 4,99. Sin embargo, no en todos los sitios es así. En el Reino Unido, la cuna del pop, donde las discográficas aseguran que cada año se cuentan mil millones de «descargas ilegales», en 2009 se batirá el récord de ventas de singles. El 23 de octubre la cifra oficial era de más de 117 millones de canciones, el 98,6 por ciento mediante descargas de internet. «Los consumidores están respondiendo al valor y la innovación que ofrecen los servicios legales», afirma Geoff Taylor, presidente ejecutivo de BPI.
Las descargas son un delito
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no ha despejado una incógnita esencial: ¿Qué pasa cuando un usuario se descarga una canción de una página p2p? ¿Comete una ilegalidad o (como sostiene la publicidad institucional) un delito? «Es complejo», sostiene David Bravo, especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual. «Antes, la ley decía que no podías bajarte música sin autorización del autor, salvo que fuera para uso privado. Ahora se ha añadido un latiguillo: que esa música proceda de una fuente legal. ¿Se deriva de ello que si lo hago a través del p2p estoy cometiendo una ilegalidad? Hay autores que dicen que sí y otros, todo lo contrario. Lo que sí es un mito es que las descargas sean delito, ya que no existe jurisprudencia al respecto».
Los internautas no quieren pagar
«Me han regalado una maquinilla de afeitar... para que después compre las cuchillas de repuesto, que son más caras». Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en el Instituto de Empresa, pone este sencillo ejemplo para tratar de explicar que «lo del gratis total como concepto exclusivo de internet es una falacia absoluta. ¿No existe en la radio, en la televisión, en los diarios gratuitos? Nadie ha protestado por esto, ¿no? En el fondo, el problema lo ha provocado la propia industria discográfica al mantener su estructura y no proponer un modelo de negocio alternativo, con nuevos márgenes que incluyen el ahorro en costes de transporte y distribución. De repente, alguien dice: Oiga, tengo una alternativa mejor. Ahí está Spotify y otras aplicaciones parecidas».
Hacen falta reglas propias en la red
«Internet duplica el espacio de nuestras vidas», señala Esteban González Pons, vicesecretario general de Comunicación del PP. «Los que procedemos de la cultura analógica lo hemos hecho todo en la calle; ahora, la red facilita las relaciones comerciales, afectivas... hasta políticas. Es absurdo hacer una ley ad hoc. Debería regirse por los mismos códigos que se aplican en el mundo real cada especialidad del Derecho tocará lo que le corresponda, porque internet también es mundo real, aunque sea incorpóreo. No tiene sentido legislar para crear un estado de excepción. Además, normas y ciberespacio son dos territorios que se repelen por el carácter universal de éste. El acceso a la red es un derecho fundamental, igual que poder pasear por la calle... a menos que un juez diga lo contrario». González Pons se ha reunido estos días con internautas, editores de prensa, sociedades de gestión, operadoras y buscadores (Google, Yahoo) para intercambiar puntos de vista.
Las entidades de gestión son el espejo de los artistas
José Cervera, periodista especializado en tecnología y autor del blog Retiario: «Las entidades de gestión nacieron para ayudar a los autores, y en la era de la producción industrial de cultura lo consiguieron. Fueron muy positivas en un momento en que los autores eran pocos frente a un amplio mercado de consumidores y estaban inermes frente a los editores debido a que la única forma de difundir la cultura era vender soportes materiales (libros, discos, etcétera). En ese entorno las entidades de gestión protegieron los intereses de los autores, favorecieron la creación y fomentaron la cultura, beneficiando a la sociedad en su conjunto. El problema es que son instituciones que tienen intereses propios... y el mundo ha cambiado. Con el paso del tiempo las entidades de gestión se han transformado en intermediarios cuyo interés está asociado no a la autoría o a la cultura, sino a una forma concreta de compensar la autoría. Por tanto, se niegan a reconocer que el mercado cultural se ha visto esencialmente modificado por la digitalización (que separa la obra de su soporte) e internet (que multiplica el número de los autores), y se niegan a cambiar su modo de trabajar en defensa de los autores. Al hacerlo, se han transformado de entidades benevolentes y positivas en obstáculos para la creación y en lastres para la sociedad».
Internet es gratis
Los usuarios españoles pagamos el segundo ADSL más caro de la zona euro y el tercero de la UE (por detrás de Irlanda y Estonia; en el caso irlandés su ancho de banda es un 17 por 100 superior), según un informe de la Asociación de Internautas. «Estos datos suponen una rémora para afrontar la crisis y no resuelven que el acceso a internet por banda ancha sea universal (cuatro millones de ciudadanos no pueden disfrutar de este servicio en función de su residencia)», añade el documento. «En España hay nueve millones de internautas y, créame, dudo que alguno de ellos piense que en la red hay chollos», comenta Víctor Domingo, presidente de la citada asociación. «Lo que sí hay es una cultura de compartir. El precio es abusivo, y además hay que añadir el canon digital. La liberalización que tenemos en España, donde una compañía arrienda la red a otras, es perversa. Hay que crear marcos normativos que promuevan la competencia en redes y aseguren el servicio universal».
En el debate sobre la piratería e internet de estas semanas se habla del p2p como un dinosaurio devorador en plena juventud. Y, sin embargo, es una herramienta a la baja. Algunos incluso dicen que pronto veremos su final. Un estudio reciente de Arbor Networks, empresa que trabaja para muchos de los proveedores de internet más importantes del mundo, asegura que el p2p significa hoy el 18 por ciento del tráfico global de internet. Mucho, es cierto, pero mucho menos que en 2007, cuando era el 40 por ciento. ¿Quién está ocupando ese espacio? En el caso del vídeo, YouTube, Vimeo, Hulu o Vevo.com, servicio de vídeos musicales inaugurado la pasada semana en el que participan casi todas las «majors» de la industria musical (aún no funciona en España). Para bajar series o películas, los internautas prefieren sitios de descarga directa, como Rapidshare o Megaupload. Y, por último, despega el «streaming», tecnología que permite escuchar o ver archivos sin bajarlos al ordenador. Spotify, un gran boom en el mundo de la música, es el mejor ejemplo. Sus usuarios pueden escuchar de forma legal (gratis con publicidad, o mediante suscripción) casi toda la música del planeta sin descargarla en el ordenador. En España, el último Estudio General de Medios también ha reflejado esta tendencia. En 2008 utilizaba el p2p el 35 por ciento de la audiencia de internet; en 2009, el 27,4. «Estamos en el inicio de un nuevo ciclo en el que los usuarios dejarán de poseer discos físicamente e incluso archivos. Lo determinante es poseer acceso a contenidos. Este cambio conlleva el descenso de las descargas p2p», afirma Carlos de Otto, director general de Rockola.fm.
La ley maniatará la tecnología
«Internet fue diseñada como una red de arquitectura abierta para facilitar su crecimiento orgánico y descentralizada para impedir su control. A pesar de ello, la historia de la red es también la historia de los intentos del poder por controlarla. Frente a las ideologías políticas y los intereses económicos que intentan aplicar los parámetros de sometimiento que funcionan en el mundo físico, la cultura de la red responde con una decidida defensa de las libertades básicas para expresarnos, crear y compartir información. Los lobbies de las industrias decadentes presionan al poder para preservar sus privilegios a costa de los derechos de los usuarios de la tecnología: ésa es la batalla que está planteada, y es una batalla que nos concierne a todos», afirma José Luis Orihuela, profesor en la Universidad de Navarra y autor de eCuaderno.com.
El cierre de las webs, la solución
Esta semana se han cumplido diez años de la denuncia de la industria contra Napster. Quizá las discográficas pensaron que «muerto el perro...», pero nada más lejos de la realidad. La persecución aumentó su popularidad y otros muchos perfeccionaron el sistema. ¿Se pueden cerrar otros sitios parecidos? Probablemente, pero Pablo Soto, creador de programas p2p como Blubster y Omemo, llevado a juicio por las discográficas, no cree que eso solucione el problema de la industria. «Estas páginas contienen enlaces, pequeñas cadenas de texto con mera información sobre los archivos, y los usuarios intercambian dichos archivos sin necesidad de los enlaces. Si una página que contiene un enlace es responsable de los contenidos enlazados, que vayan cerrando internet, porque lo que hizo que la red se convirtiera en lo que es hoy fue la introducción del hipertexto, documentos con enlaces. El caso de Google es demoledor. Su modelo de negocio consiste en indexar el contenido que se difunde en todas las páginas de todos los servidores del mundo. La riqueza del buscador es enlazar el contenido disponible a nivel mundial, y ésa es su función. Google, por enlazarlo, no publica ni difunde ese contenido».
No se vende música
Los datos de Promusicae son claros. El mercado físico en España descendió un 35,14 por ciento en el primer semestre de 2009, mientras que el digital sólo creció un 4,99. Sin embargo, no en todos los sitios es así. En el Reino Unido, la cuna del pop, donde las discográficas aseguran que cada año se cuentan mil millones de «descargas ilegales», en 2009 se batirá el récord de ventas de singles. El 23 de octubre la cifra oficial era de más de 117 millones de canciones, el 98,6 por ciento mediante descargas de internet. «Los consumidores están respondiendo al valor y la innovación que ofrecen los servicios legales», afirma Geoff Taylor, presidente ejecutivo de BPI.
Las descargas son un delito
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no ha despejado una incógnita esencial: ¿Qué pasa cuando un usuario se descarga una canción de una página p2p? ¿Comete una ilegalidad o (como sostiene la publicidad institucional) un delito? «Es complejo», sostiene David Bravo, especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual. «Antes, la ley decía que no podías bajarte música sin autorización del autor, salvo que fuera para uso privado. Ahora se ha añadido un latiguillo: que esa música proceda de una fuente legal. ¿Se deriva de ello que si lo hago a través del p2p estoy cometiendo una ilegalidad? Hay autores que dicen que sí y otros, todo lo contrario. Lo que sí es un mito es que las descargas sean delito, ya que no existe jurisprudencia al respecto».
Los internautas no quieren pagar
«Me han regalado una maquinilla de afeitar... para que después compre las cuchillas de repuesto, que son más caras». Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en el Instituto de Empresa, pone este sencillo ejemplo para tratar de explicar que «lo del gratis total como concepto exclusivo de internet es una falacia absoluta. ¿No existe en la radio, en la televisión, en los diarios gratuitos? Nadie ha protestado por esto, ¿no? En el fondo, el problema lo ha provocado la propia industria discográfica al mantener su estructura y no proponer un modelo de negocio alternativo, con nuevos márgenes que incluyen el ahorro en costes de transporte y distribución. De repente, alguien dice: Oiga, tengo una alternativa mejor. Ahí está Spotify y otras aplicaciones parecidas».
Hacen falta reglas propias en la red
«Internet duplica el espacio de nuestras vidas», señala Esteban González Pons, vicesecretario general de Comunicación del PP. «Los que procedemos de la cultura analógica lo hemos hecho todo en la calle; ahora, la red facilita las relaciones comerciales, afectivas... hasta políticas. Es absurdo hacer una ley ad hoc. Debería regirse por los mismos códigos que se aplican en el mundo real cada especialidad del Derecho tocará lo que le corresponda, porque internet también es mundo real, aunque sea incorpóreo. No tiene sentido legislar para crear un estado de excepción. Además, normas y ciberespacio son dos territorios que se repelen por el carácter universal de éste. El acceso a la red es un derecho fundamental, igual que poder pasear por la calle... a menos que un juez diga lo contrario». González Pons se ha reunido estos días con internautas, editores de prensa, sociedades de gestión, operadoras y buscadores (Google, Yahoo) para intercambiar puntos de vista.
Las entidades de gestión son el espejo de los artistas
José Cervera, periodista especializado en tecnología y autor del blog Retiario: «Las entidades de gestión nacieron para ayudar a los autores, y en la era de la producción industrial de cultura lo consiguieron. Fueron muy positivas en un momento en que los autores eran pocos frente a un amplio mercado de consumidores y estaban inermes frente a los editores debido a que la única forma de difundir la cultura era vender soportes materiales (libros, discos, etcétera). En ese entorno las entidades de gestión protegieron los intereses de los autores, favorecieron la creación y fomentaron la cultura, beneficiando a la sociedad en su conjunto. El problema es que son instituciones que tienen intereses propios... y el mundo ha cambiado. Con el paso del tiempo las entidades de gestión se han transformado en intermediarios cuyo interés está asociado no a la autoría o a la cultura, sino a una forma concreta de compensar la autoría. Por tanto, se niegan a reconocer que el mercado cultural se ha visto esencialmente modificado por la digitalización (que separa la obra de su soporte) e internet (que multiplica el número de los autores), y se niegan a cambiar su modo de trabajar en defensa de los autores. Al hacerlo, se han transformado de entidades benevolentes y positivas en obstáculos para la creación y en lastres para la sociedad».
Internet es gratis
Los usuarios españoles pagamos el segundo ADSL más caro de la zona euro y el tercero de la UE (por detrás de Irlanda y Estonia; en el caso irlandés su ancho de banda es un 17 por 100 superior), según un informe de la Asociación de Internautas. «Estos datos suponen una rémora para afrontar la crisis y no resuelven que el acceso a internet por banda ancha sea universal (cuatro millones de ciudadanos no pueden disfrutar de este servicio en función de su residencia)», añade el documento. «En España hay nueve millones de internautas y, créame, dudo que alguno de ellos piense que en la red hay chollos», comenta Víctor Domingo, presidente de la citada asociación. «Lo que sí hay es una cultura de compartir. El precio es abusivo, y además hay que añadir el canon digital. La liberalización que tenemos en España, donde una compañía arrienda la red a otras, es perversa. Hay que crear marcos normativos que promuevan la competencia en redes y aseguren el servicio universal».
