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Los ministros europeos de telecomunicaciones abrirán camino en Granada a una defensa «más transparente» de la propiedad intelectual Propone suprimir la tasa digital por copia privada y apoya la carta de derechos de los clientes

19-01-2010 -  M. J.ALEGRE | LARIOJA.COM .- La industria europea de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) propone eliminar el canon digital por copia privada, sobrecoste que los consumidores de varios países -España entre ellos- pagan al comprar dispositivos y soportes informáticos (CD, discos duros, memorias extraíbles o teléfonos de valor añadido). Lo considera «gravoso y desfasado», y también apoya la carta europea de derechos de usuarios, las dos iniciativas 'estrella' que la presidencia española de la Unión Europea llevará a la reunión informal de ministros de los 27 países convocada en Granada los días 19 y 20 de abril.

Los derechos de autor -que, reconocen las empresas, son básicos en la financiación de contenidos- habrán de ser defendidos mediante un sistema «adecuado, responsable y transparente». Los mimbres para esta transformación podrían establecerse en Granada, pero el ministro español de Industria, Miguel Sebastián, reconoce que sería «demasiado ambicioso» pretender que en esa cita se alcance una solución de consenso.

La presidencia española adoptó la iniciativa pionera de consultar al sector, con la vista puesta en la 'agenda digital' 2010-2015, estrategia que emprenderá la Unión Europea para no quedarse descolgada del desarrollo de las tecnologías de la comunicación. En plena crisis económica, las tecnologías de la información son una de las principales vías de escape.
Las asociaciones que representan a las TIC europeas se tomaron en serio el encargo. Y todas ellas, desde las que agrupan a operadores de todo tipo a las de proveedores de contenidos, pasando por los fabricantes de máquinas y desarrolladores de software, redactaron un listado de reivindicaciones y propuestas que ayer entregaron al ministro español de Industria, en un acto al que asistieron dirigentes de las grandes empresas y que contó con la asistencia de Felipe González, el ex presidente de Gobierno hoy encargado por la UE de coordinar el diseño de la estrategia 2020.

El sector tropezó con temas en los que resultó imposible el acuerdo. La disparidad de intereses representados les ha impedido ir más allá en sus recomendaciones sobre competencia e inversiones en banda ancha de alta velocidad.

Tasas e impuestos

En el resto de las demandas se alcanzó un clarísimo consenso. Para que el comercio electrónico, la administración por Internet, la sanidad, las redes energéticas inteligentes y otros servicios digitales prosperen, Europa necesita un régimen armonizado que proteja a los usuarios con un sistema coherente de normas, una protección segura de la confidencialidad de los datos y una estrecha cooperación entre las agencias gubernamentales, las industrias y las organizaciones de privacidad. Fortalecer la seguridad pasa por establecer incentivos a la investigación y desarrollo.

Con el fin de que prosperen los servicios electrónicos hay que eliminar las barreras administrativas «ineficaces e innecesarias». Por descontado, las industrias reclaman la supresión de cuantas «tasas y gravámenes específicos encarecen los servicios» y en particular la eliminación de las obligaciones fiscales duplicadas en los proveedores.

Cada país tiene sus quejas específicas: en el caso de España, las operadoras de telecomunicaciones rechazan de plano el canon que se les ha impuesto para contribuir a la financiación de la televisión estatal. Otros planteamientos sectoriales han sido asumidos por las autoridades nacionales. El derecho universal a la banda ancha ya es un compromiso asumido por el Gobierno de Zapatero.

El ministro Sebastián se comprometió a distribuir oficialmente el informe de la industria ante la Comisión, el Parlamento Europeo y los estados miembros. Y defenderá esas propuestas en los debates de constitución del mercado único digital que persigue materializar la quinta de las libertades consagradas en la UE: la libre circulación de contenidos y servicios digitales.