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No a la Ley Sinde-Wert

ANÁLISIS DE JUAN VARELA

'Ganan los internautas'

Los internautas lo están consiguiendo. Los diputados han aprobado que sólo los jueces puedan cerrar páginas web. Hasta el PSOE votó a favor de una moción del PP para reformar el proyecto de ley de economía sostenible, que faculta al Ministerio de Cultura para proponer el cierre de webs por violar la propiedad intelectual.

11-02-2010 -  Juan Varela en (COLPISA) - Habrá que esperar a la nueva ley, pero la revuelta internauta contra los excesos en la persecución de las descargas, animados por la SGAE y la industria del entretenimiento, demuestra el poder de este nuevo espacio público. Es difícil entender por qué el Gobierno propuso un cierre administrativo para defender un derecho económico frente a los fundamentales de los ciudadanos. Competencia ha pedido además la reforma de la gestión de derechos de autor al considerar un monopolio a la SGAE, Cedro y resto de entidades.

Los dueños del contenido aumentan su presión contra las descargas, la copia y los enlaces. Los usuarios no saben vivir sin ellos y defienden el derecho de cita, la copia privada –también el P2P, reconocido en sentencias y un acceso a la información y los contenidos abierto. La crisis aprieta y los medios, discográficas y hasta los editores de libros, ahora que amanece el ‘ebook’, demandan garantías para un negocio que pierde beneficios. Pelean creadores y audiencia en una disputa superable sólo con un cambio económico y un nuevo consenso sobre los contenidos y su uso cuando la copia ya no tiene valor.

El problema no es sólo legal. Es un cambio de mercado, tecnología, productos y consumo radical. El Congreso debate en estos momentos la propiedad intelectual, como en Europa, en Gran Bretaña con una ley de economía digital o el ACTA, una negociación mundial. Varios partidos piden una reforma profunda para acabar con las guerras del enlace y el P2P. Ninguno debería perder sus derechos: autores y distribuidores sobre sus obras, el público a usarlas sin limitaciones abusivas y las empresas tecnológicas a facilitar el acceso. Hace falta creatividad legal y situar la innovación como un objetivo compartido.

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