Javier / Gómez | Málaga Hoy.- La administración pública sigue viendo internet como un bien de consumo, como un producto casi de lujo cuya gestión debe estar en manos privadas y ser objeto de la libre competencia. Es una doctrina absolutamente errónea, porque el acceso a internet a alta velocidad y a precios razonables debería ser un derecho constitucional. Y acabar con la brecha digital, las masas de analfalbetos tecnológicos, cuestión prioritaria para el Estado. Pero en España seguimos padeciendo las cuotas más altas por el ADSL de la UE y regulando internet como si fuera un sector económico al uso y no un asunto estratégico vital, el campo de juego en el que competirán todos nuestros hijos.
La red es el mayor y único distribuidor global e instantáneo de información, de cultura, de productos, de libertades. De ahí los intentos de China de amordazarla. Así que la pregunta no es por qué el Ayuntamiento de Málaga se ha atrevido a hacer la competencia desleal a las operadoras, sino por qué no lo hacen todas las administraciones. Puede que, sin darse cuenta ni pretenderlo, De la Torre se haya convertido en un revolucionario.
La red es el mayor y único distribuidor global e instantáneo de información, de cultura, de productos, de libertades. De ahí los intentos de China de amordazarla. Así que la pregunta no es por qué el Ayuntamiento de Málaga se ha atrevido a hacer la competencia desleal a las operadoras, sino por qué no lo hacen todas las administraciones. Puede que, sin darse cuenta ni pretenderlo, De la Torre se haya convertido en un revolucionario.