Asociación de Internautas

PARA una vez que el alcalde se pone anarquista, va el Estado y nos lo multa. Bueno, en realidad multa a la ciudad, porque los 300.000 euros de sanción por la red wifi municipal gratuita y al parecer, sin papeles, los tendrán que pagar todos los malagueños, no el regidor ni su edil de Nuevas Tecnologías. Pero por muy chapucera que haya podido ser la gestión administrativa de uno de los proyectos estelares de este mandato -muy mal vamos si en el Ayuntamiento ya no funciona ni la tecnocracia, estandarte del delatorrismo-, parece disparatada la sanción histórica al Consistorio por su pretensión de ofrecer conexión a internet gratis en las sedes municipales, aunque sólo a las páginas del Ayuntamiento. Tanto por su cuantía como por la filosofía de partida de la legislación y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

26-02-2010 -  Javier / Gómez | Málaga Hoy.- La administración pública sigue viendo internet como un bien de consumo, como un producto casi de lujo cuya gestión debe estar en manos privadas y ser objeto de la libre competencia. Es una doctrina absolutamente errónea, porque el acceso a internet a alta velocidad y a precios razonables debería ser un derecho constitucional. Y acabar con la brecha digital, las masas de analfalbetos tecnológicos, cuestión prioritaria para el Estado. Pero en España seguimos padeciendo las cuotas más altas por el ADSL de la UE y regulando internet como si fuera un sector económico al uso y no un asunto estratégico vital, el campo de juego en el que competirán todos nuestros hijos.

La red es el mayor y único distribuidor global e instantáneo de información, de cultura, de productos, de libertades. De ahí los intentos de China de amordazarla. Así que la pregunta no es por qué el Ayuntamiento de Málaga se ha atrevido a hacer la competencia desleal a las operadoras, sino por qué no lo hacen todas las administraciones. Puede que, sin darse cuenta ni pretenderlo, De la Torre se haya convertido en un revolucionario.