Asociación de Internautas

Las operadoras de telecomunicaciones piden al Gobierno que el futuro sistema de fijación de tarifas telefónicas -que según el ministro Piqué será revisado en breve- se fije con arreglo a la tasa de inflación real en España -en torno al 3,5%- y no con respecto al objetivo oficial de la Unión Europea del 2%.

04-09-2002 - El anuncio realizado el pasado lunes por el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, respecto a la modificación en las próximas semanas del sistema de precios máximos que regula el sector de las telecomunicaciones -el denominado «price cap»- ha sido interpretado en los diversos sectores implicados como una clara subida de los precios, pero con una acogida muy dispar, y no siempre como el camino más eficaz para mejorar la competencia en el sector.

Así, la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel) ve en la supuesta subida una manera de aliviar «las pérdidas que la mayor parte de las operadoras» tienen, y la justifican como la fórmula para equiparar costes e ingresos y alcanzar una mayor productividad. Pero Astel no se conforma con que para el incremento de las tarifas se tome como referencia máxima el objetivo de inflación para la zona euro. Es decir, un 2%, igual que se va a hacer con las tarifas eléctricas. La pretensión de Astel es que la subida de precios telefónicos se haga con arreglo a la inflación real en España, en torno al 3,5%.

Cambiar la fórmula de cálculo

Además, el director general de Astel, Félix Álvarez-Miranda, ha pedido que la fórmula de cálculo de dichas tasas elimine los deflactores que se aplican en los últimos años, informa Ep. Según Álvarez-Miranda, el hecho de que la fórmula de cálculo de dicho sistema de precios consistiera en restar al objetivo de inflación ocho puntos, en el caso de 2001, y nueve en 2002, provocó que el precio de las llamadas telefónicas se redujera hasta un 50% desde la apertura del mercado a la competencia.

No obstante, la patronal estima que la modificación del sistema de fijación de tarifas telefónicas «no es suficiente» para incentivar la competencia efectiva en el sector, «si bien constituye un paso absolutamente necesario».

El director general de Astel recordó la necesidad de que el Gobierno regule otros aspectos para que el mercado de la telefonía logre una mayor liberalizacón, como son extender la «factura única» y limitar la práctica de recuperación de clientes de Telefónica.

Astel reivindica también una mayor presencia de los nuevos operadores en los contratos telefónicos de la Administración del Estado que, según denunció Alvarez-Miranda, actualmente están muy ligados al operador dominante con contratos a largo plazo.

Además, la patronal pide al Ejecutivo la resolución de los problemas que las compañías han encontrado con las corporaciones locales, en cuanto al despliegue de redes para telefonía fija y la instalación de antenas para móviles.

Los asociaciones de consumidores OCU y CECU no ven más que excusas en todas estas justificaciones para subir las tarifas como fórmula para alcanzar la competencia en el sector. En concreto, el portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Antonio López, señaló a Servimedia que «son presiones de las compañías al Gobierno, porque quieren ganar más para poder invertir más o para poder hacer la competencia a Telefónica». Mientras, el director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, tachó de «falta de respeto al consumidor» el incremento de los precios del teléfono, informa Efe.

Protestas de la oposición

La oposición política también ha manifestado su opinión en contra de la medida. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, manifestó ayer que era una «injusticia» la revisión al laza de las tarifas eléctricas y las de las telecomunicaciones, porque suponen un incumplimiento del Gobierno con respecto a sus compromisos y promesas.

Por su parte, Izquierda Unida acusó al Gobierno de anteponer los intereses de las grandes multinacionales eléctricas y de telecomunicaciones a los de los usuarios. «con la coartada de que es necesario aumentar la calidad de los servicios y la competencia de estos sectores, a los del conjunto de los consumidores, quienes una vez más verán cómo tienen que pagar más sin notar mejoras reales por las prestaciones que reciben».

El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, manifestó que «la medida anunciada por el ministro Piqué favorece claramente a las empresas, y los ciudadanos pagamos el pato de una libre competencia que no está funcionando, porque las compañías no están invirtiendo».

Reproducido de ABC .