La euforia ha hecho correr que el canon ha sido declarado ilegal. Bueno, no exactamente, o mejor dicho, sólo en parte. Eso sí: en gran parte. Vayamos por partes, después de una lectura -de momento, en diagonal, no ha habido tiempo para más, y conste eso como una reserva y salvedad de imprecisiones- de la sentencia.
La sentencia tiene dos facetas: en primer lugar, el efecto que tendrá sobre Padawan, la empresa familiar que representa la tenaz Ana María Méndez, y la respuesta es que, en términos inmediatos, ninguno. Esa sentencia irá ahora a la Audiencia Provincial de Barcelona que la interpretará y la aplicará al caso concreto en su propia sentencia. Veremos, pues, en sumomento, esa aplicación y esa interpretación, aunque así, de buenas a primeras, está claro que Ana María ha conseguido, en términos jurídicos, un gran victoria. Ganar la guerra será otra cosa (que esperamos que también tenga un final feliz para ella, por supuesto).
El segundo efecto que habría que analizar es el que recaería sobre la legislación española (Ley de Propiedad Intelectual) que establece la compensación por copia privada, el famoso «canon». Y la respuesta puede ser sorprendente: ninguno.
¿Entonces? ¿Donde está tan resonante victoria? Vamos a verlo porque, sí, hay victoria, y clara, además. Nos lo explica muy bien Carlos Sánchez-Almeida en su bitácora de «El Mundo»:
[Cita del artículo 31.2 de la LPI] «No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador.»
Como puede observarse, el texto de la ley limita el alcance de la excepción de copia privada a aquellas que realicen personas físicas para su uso privado. Las copias que realicen personas jurídicas -como empresas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones o administraciones públicas- quedaban excluidas de la Ley.
Además de excluir a las personas jurídicas de la copia privada, el nuevo redactado de la LPI disponía en su artículo 25, apartado 7, que «el Gobierno, mediante real decreto, podrá establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2.»
Habiendo transcurrido más de cuatro años desde la aprobación de la Ley, el Gobierno no ha cumplido sus deberes, y no ha dictado el Real Decreto que hubiese evitado que cientos de miles de personas jurídicas pagasen injustamente canon digital.
Por tanto, lo que, en realidad ha hecho el Tribunal europeo es refrendar el contenido de la norma, pero reprochando su nula aplicación por falta -interesada, naturalmente- de desarrollo de la misma y, por tanto, de aplicación ilegal (es decir, no ajustada al derecho europeo) de la misma.
¿Qué es lo que sucede? Pues que los ingresos de las entidades de gestión de derechos de autor por el canon llegaban no sólo mayoritariamente sino masivamente de ese sector que, precisamente, no realiza copias privadas. Por eso, con imprecisión jurídica pero con cierto ajuste a la realidad, podemos decir que el canon se ha caído.
La pregunta, pues, sigue siendo la misma: si los particulares tenemos que seguir pagando canon ¿dónde está el triunfo? El triunfo está en varios puntos: el primero, en el ahorro de grandes cantidades de dinero público que vienen desapareciendo por esa especie de agujero negro en el consumo de las administraciones públicas y, muy especialmente, en el de la administración de Justicia, usuario masivo de soportes digitales; el segundo, en la mayor competitividad de las empresas que utilizan soportes y aparatos sometidos al ominoso canon, al haber conseguido librarse de él.
Pero el punto de triunfo más importante para todos los ciudadanos es propiamente político. Está claro que las entidades de egstión de derechos de autor no van a quedarse así. La merma de ingresos que se les viene encima es enorme y quizá insoportable (pensemos que la $GAE está empeñada hasta las trancas en la adquisición de un patrimonio inmobiliario que, encima, se ha devaluado puede que en una importante cantidad de puntos porcentuales, pero que se adeuda por el total de compra) y, por tanto, presionarán al Gobierno para la modificación del sistema... obviamente en sentido favorable a sus intereses. Lo que quiere decir que la batalla del canon vuelve a comenzar, que la batalla del canon vuelve a estar en las circunstancias del verano del 2002. Pero con una diferencia esencial: la atención y la mentalización de la ciudadanía en peso, en su práctica unanimidad.
En el 2002 estábamos solos nosotros, la Asociación de Internautas, Hispalinux y unos pocos independientes concienciados. Hoy hay una verdadera constelación de grupos y entidades en red absolutamente beligerantes en esta materia; y estos grupos están (estamos, porque ahí seguimos la AI, en primera línea del frente y destacados siempre) apoyados por la ciudadanía en red y ya también por la ciudadanía fuera de ella, que ya ha ido conociendo la catadura de la $GAE. El debate político va a tener que ser, esta vez, completamente diferente. A menos que los políticos quieran cometer los mismos errores de los últimos ocho años -cosa que tampoco nos sorprendería, la verdad- pero, en ese caso, tendrán que asumir las consecuencias de los mismos mucho antes y con efectos mucho más lacerantes. Esto es un aviso en toda regla.
Hay más avisos a los navegantes: lo que ha ocurrido con esta sentencia de hoy, es una muestra de lo que muy bien podrá ocurrir -con casi toda seguridad- si se empeñan en llevar adelante la ley Sinde a toda costa, en los términos actuales y por puro ukase. No vayan a creer que una vez aprobada a viva fuerza -con la ayuda de PNV y CC, que también habrán de participar, en su día, en el pago de la factura- todo va a ser resignación y suspiros de tristeza. De eso nada: les espera una situación de bronca civil permanente y la articulación de todos los mecanismos civiles y judiciales, nacionales e internacionales. La pelota está en su tejado, pero a ver cómo la bajan...
Finalmente, constatar un efecto más de esa sentencia que hemos conocido hoy y que vamos a celebrar largamente: lo que yo llamaría efecto Doolittle. Hasta hoy, la $GAE parecía judicialmente invencible; había experimentado ya algunas contrariedades -sobre todo en enfrentamientos con el copyleft-, pero nada realmente doloroso. Lo de hoy ya le va a hacer mucho más daño. La Operación Doolittle fue gravosísima en hombres y medios para apenas hacer un poco de ruido y romper cuatro cristales en Tokyo; pero desde aquel día, sus habitantes tuvieron que salir de casa mirando hacia arriba, por si acaso. Y el acaso, llegó. Para la $GAE, esta sentencia va a ser como aquella operación (aunque son más que cristales, lo que se le ha roto): desde hoy, todos sabemos -y ellos también- que no son invulnerables, que se les puede batir, que su brazo es largo y poderoso pero que, a cierta distancia, se queda corto y falta fuerza.
Hoy -felicidades, Ana María- lo ha conseguido una mujercita así de pequeña, una madre de familia normal y corriente que regenta una pequeña tiendecita en la barcelonesa calle de Sepúlveda, pero aquí se terminan las pequeñeces: su voluntad es de hierro y su valentía es inmensa. La arrogancia de la $GAE siempre la lleva a equivocarse con la entidad del enemigo. ¿Aprenderán? No lo creo.
Peor para ellos.
Javier Cuchí Coordinador del Grupo de Usuarios de Linux de la AI (Linux-GUAI) Webmaster de «El Incordio»
La sentencia tiene dos facetas: en primer lugar, el efecto que tendrá sobre Padawan, la empresa familiar que representa la tenaz Ana María Méndez, y la respuesta es que, en términos inmediatos, ninguno. Esa sentencia irá ahora a la Audiencia Provincial de Barcelona que la interpretará y la aplicará al caso concreto en su propia sentencia. Veremos, pues, en sumomento, esa aplicación y esa interpretación, aunque así, de buenas a primeras, está claro que Ana María ha conseguido, en términos jurídicos, un gran victoria. Ganar la guerra será otra cosa (que esperamos que también tenga un final feliz para ella, por supuesto).
El segundo efecto que habría que analizar es el que recaería sobre la legislación española (Ley de Propiedad Intelectual) que establece la compensación por copia privada, el famoso «canon». Y la respuesta puede ser sorprendente: ninguno.
¿Entonces? ¿Donde está tan resonante victoria? Vamos a verlo porque, sí, hay victoria, y clara, además. Nos lo explica muy bien Carlos Sánchez-Almeida en su bitácora de «El Mundo»:
[Cita del artículo 31.2 de la LPI] «No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador.»
Como puede observarse, el texto de la ley limita el alcance de la excepción de copia privada a aquellas que realicen personas físicas para su uso privado. Las copias que realicen personas jurídicas -como empresas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones o administraciones públicas- quedaban excluidas de la Ley.
Además de excluir a las personas jurídicas de la copia privada, el nuevo redactado de la LPI disponía en su artículo 25, apartado 7, que «el Gobierno, mediante real decreto, podrá establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2.»
Habiendo transcurrido más de cuatro años desde la aprobación de la Ley, el Gobierno no ha cumplido sus deberes, y no ha dictado el Real Decreto que hubiese evitado que cientos de miles de personas jurídicas pagasen injustamente canon digital.
Por tanto, lo que, en realidad ha hecho el Tribunal europeo es refrendar el contenido de la norma, pero reprochando su nula aplicación por falta -interesada, naturalmente- de desarrollo de la misma y, por tanto, de aplicación ilegal (es decir, no ajustada al derecho europeo) de la misma.
¿Qué es lo que sucede? Pues que los ingresos de las entidades de gestión de derechos de autor por el canon llegaban no sólo mayoritariamente sino masivamente de ese sector que, precisamente, no realiza copias privadas. Por eso, con imprecisión jurídica pero con cierto ajuste a la realidad, podemos decir que el canon se ha caído.
La pregunta, pues, sigue siendo la misma: si los particulares tenemos que seguir pagando canon ¿dónde está el triunfo? El triunfo está en varios puntos: el primero, en el ahorro de grandes cantidades de dinero público que vienen desapareciendo por esa especie de agujero negro en el consumo de las administraciones públicas y, muy especialmente, en el de la administración de Justicia, usuario masivo de soportes digitales; el segundo, en la mayor competitividad de las empresas que utilizan soportes y aparatos sometidos al ominoso canon, al haber conseguido librarse de él.
Pero el punto de triunfo más importante para todos los ciudadanos es propiamente político. Está claro que las entidades de egstión de derechos de autor no van a quedarse así. La merma de ingresos que se les viene encima es enorme y quizá insoportable (pensemos que la $GAE está empeñada hasta las trancas en la adquisición de un patrimonio inmobiliario que, encima, se ha devaluado puede que en una importante cantidad de puntos porcentuales, pero que se adeuda por el total de compra) y, por tanto, presionarán al Gobierno para la modificación del sistema... obviamente en sentido favorable a sus intereses. Lo que quiere decir que la batalla del canon vuelve a comenzar, que la batalla del canon vuelve a estar en las circunstancias del verano del 2002. Pero con una diferencia esencial: la atención y la mentalización de la ciudadanía en peso, en su práctica unanimidad.
En el 2002 estábamos solos nosotros, la Asociación de Internautas, Hispalinux y unos pocos independientes concienciados. Hoy hay una verdadera constelación de grupos y entidades en red absolutamente beligerantes en esta materia; y estos grupos están (estamos, porque ahí seguimos la AI, en primera línea del frente y destacados siempre) apoyados por la ciudadanía en red y ya también por la ciudadanía fuera de ella, que ya ha ido conociendo la catadura de la $GAE. El debate político va a tener que ser, esta vez, completamente diferente. A menos que los políticos quieran cometer los mismos errores de los últimos ocho años -cosa que tampoco nos sorprendería, la verdad- pero, en ese caso, tendrán que asumir las consecuencias de los mismos mucho antes y con efectos mucho más lacerantes. Esto es un aviso en toda regla.
Hay más avisos a los navegantes: lo que ha ocurrido con esta sentencia de hoy, es una muestra de lo que muy bien podrá ocurrir -con casi toda seguridad- si se empeñan en llevar adelante la ley Sinde a toda costa, en los términos actuales y por puro ukase. No vayan a creer que una vez aprobada a viva fuerza -con la ayuda de PNV y CC, que también habrán de participar, en su día, en el pago de la factura- todo va a ser resignación y suspiros de tristeza. De eso nada: les espera una situación de bronca civil permanente y la articulación de todos los mecanismos civiles y judiciales, nacionales e internacionales. La pelota está en su tejado, pero a ver cómo la bajan...
Finalmente, constatar un efecto más de esa sentencia que hemos conocido hoy y que vamos a celebrar largamente: lo que yo llamaría efecto Doolittle. Hasta hoy, la $GAE parecía judicialmente invencible; había experimentado ya algunas contrariedades -sobre todo en enfrentamientos con el copyleft-, pero nada realmente doloroso. Lo de hoy ya le va a hacer mucho más daño. La Operación Doolittle fue gravosísima en hombres y medios para apenas hacer un poco de ruido y romper cuatro cristales en Tokyo; pero desde aquel día, sus habitantes tuvieron que salir de casa mirando hacia arriba, por si acaso. Y el acaso, llegó. Para la $GAE, esta sentencia va a ser como aquella operación (aunque son más que cristales, lo que se le ha roto): desde hoy, todos sabemos -y ellos también- que no son invulnerables, que se les puede batir, que su brazo es largo y poderoso pero que, a cierta distancia, se queda corto y falta fuerza.
Hoy -felicidades, Ana María- lo ha conseguido una mujercita así de pequeña, una madre de familia normal y corriente que regenta una pequeña tiendecita en la barcelonesa calle de Sepúlveda, pero aquí se terminan las pequeñeces: su voluntad es de hierro y su valentía es inmensa. La arrogancia de la $GAE siempre la lleva a equivocarse con la entidad del enemigo. ¿Aprenderán? No lo creo.
Peor para ellos.
Javier Cuchí Coordinador del Grupo de Usuarios de Linux de la AI (Linux-GUAI) Webmaster de «El Incordio»
