Asociación de Internautas

Tras varias denuncias por parte de colectivos y webs preocupadas por las libertades, la comisión europea ha descubierto que el Acuerdo de libre Comercio entre Canadá y la UE (CETA) encubre las mismas sanciones penales que ya rechazara el pasado mes de Julio respecto al ACTA. Entre otras medidas, prevé la intervención de las comunicaciones ciudadanas mediante puertas traseras y fiscalización del tráfico de datos.

11-10-2012 - Fran Andrades - NAción Red.- Como ya hemos señalado en Nacion Red anteriormente, la ronda final de negociaciones ahora mismo en proceso en Bruselas, del 10 al 26 de octubre, completamente falto de transparencia, nos muestra el intento de a volver a traer las sanciones y restricciones que se contemplaban en el ACTA, en una repetición acelerada del anterior proceso que busca una aprobación precipitada de lo que ya ha sido ampliamente rechazado.

Las medidas sobre los supuestos derechos de autor suponen, de facto, un atropello a los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. En su articulado, se desarrollan una serie de medidas totalmente contrarias a los derechos cívicos y la privacidad, mostrando especial virulencia contra las prácticas culturales online que no pertenezcan al lobbie de productores y editores .

La filtración de las transcripciones del debate negociador, ha supuesto un auténtico escándalo, al recoger aseveraciones acerca de la necesidad de endurecer la criminalización de cualquier práctica que contravenga derechos de autor o asociar a prácticas comerciales la difusión de obras gratuitas, aunque sea expresamente consentida. Esto supone atacar licencias como la Creative Commons, con el único objeto de impedir la libre difusión cultural. Lo que se persigue, es un entorno puramente comercial, en el que las prácticas libres no tengan cabida y todo sea mercantilizado y controlado por la élite del conglomerado mediático-editorial.

En palabras de Jérémie Zimmermann, cofundador y portavoz de la organización ciudadana La Quadrature du Net:

“Una vez más, la Comisión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros de la UE están tratando de imponer medidas represivas contra las prácticas culturales en línea. Grandes sanciones penales no tienen cabida en un acuerdo comercial. Si aparecen en el texto final del CETA, el contrato perderá toda legitimidad y tendrá que opone frontalmente, como ACTA. Esta tendencia de colarse medidas represivas a través de acuerdos comerciales negociados deben cesar”