La ilegitimidad y el abuso de este sistema quedaron patentes, de una vez por todas, cuando, en 2010, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el canon digital aplicado en España era manifiestamente ilegal, ya que se cobraba de forma indiscriminada, independientemente de si dichos dispositivos y soportes se usaban o no para reproducir o almacenar contenidos protegidos bajo el paraguas de la propiedad intelectual. El referido tribunal obligaba, pues, a modificar este sistema, abriendo además la puerta a que empresas, profesionales y administraciones públicas reclamaran la devolución del canon ya pagado a las entidades de gestión de derechos de autor, cuyo máximo exponente es la ya famosa SGAE.
Pero, una vez más, parece que el Ejecutivo, ahora en manos del propio Rajoy, se decantará por los intereses económicos de los artistas. Así, lejos de eliminar por completo el famoso canon, se dispone, simplemente, a sustituirlo mediante el reparto de cuantiosas y generosas subvenciones públicas entre los autores, que se incluirán en una partida específica de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Cultura ha elaborado un borrador de real decreto que, en caso de aprobarse, cargará sobre los hombros de todos los contribuyentes el pago del odioso canon. Es decir, ya no serán los consumidores los que abonen la factura mediante la compra de dispositivos tecnológicos, CD o DVD, sino todos los españoles mediante el pago de impuestos. El Gobierno opta así por cambiar el anterior sistema, injusto y perverso, por otro aún más abusivo e indiscriminado. Muy lejos quedará, pues, ese hipócrita rechazo al canon digital expresado en su día por la cúpula del PP.
Lo más grave, si cabe, es que, además, se pretende impedir cualquier tipo de reclamación judicial para que los usuarios que pagaron el anterior canon ilegal (empresas, profesionales y administraciones públicas) soliciten la devolución de esta tasa a las entidades de gestión. Esto no sólo vulnera la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino que perpetúa la injusticia cometida con decenas de miles de consumidores, obligados a abonar una tasa que no les correspondía pagar. De hecho, de los casi 800 millones de euros que recaudó el canon desde 2003, varias decenas de millones fueron abonadas indebidamente por las propias Administraciones públicas, con dinero de todos los españoles. Pues bien, el Gobierno prefiere ahora renunciar a la devolución de ese dinero con tal de no perjudicar al colectivo de artistas, lo cual evidencia la ausencia total del denominado "interés general".
El trasfondo de este asunto va más allá de la aplicación de uno (canon digital) u otro sistema de cobro (impuestos para favorecer a los autores). La clave radica en la propia legitimidad de la propiedad intelectual. La irrupción de nuevos dispositivos tecnológicos ha revolucionado por completo un negocio, el audiovisual, que está destinado a morir con el devenir de los tiempos. El canon es tan sólo un invento, una farsa legal para mantener los privilegios de una casta, en este caso la cultural, en contra de los intereses de la mayoría. El canon no debe ser sustituido; debe, simplemente, ser eliminado.
Editorial de Libertad Digital
Pero, una vez más, parece que el Ejecutivo, ahora en manos del propio Rajoy, se decantará por los intereses económicos de los artistas. Así, lejos de eliminar por completo el famoso canon, se dispone, simplemente, a sustituirlo mediante el reparto de cuantiosas y generosas subvenciones públicas entre los autores, que se incluirán en una partida específica de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Cultura ha elaborado un borrador de real decreto que, en caso de aprobarse, cargará sobre los hombros de todos los contribuyentes el pago del odioso canon. Es decir, ya no serán los consumidores los que abonen la factura mediante la compra de dispositivos tecnológicos, CD o DVD, sino todos los españoles mediante el pago de impuestos. El Gobierno opta así por cambiar el anterior sistema, injusto y perverso, por otro aún más abusivo e indiscriminado. Muy lejos quedará, pues, ese hipócrita rechazo al canon digital expresado en su día por la cúpula del PP.
Lo más grave, si cabe, es que, además, se pretende impedir cualquier tipo de reclamación judicial para que los usuarios que pagaron el anterior canon ilegal (empresas, profesionales y administraciones públicas) soliciten la devolución de esta tasa a las entidades de gestión. Esto no sólo vulnera la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino que perpetúa la injusticia cometida con decenas de miles de consumidores, obligados a abonar una tasa que no les correspondía pagar. De hecho, de los casi 800 millones de euros que recaudó el canon desde 2003, varias decenas de millones fueron abonadas indebidamente por las propias Administraciones públicas, con dinero de todos los españoles. Pues bien, el Gobierno prefiere ahora renunciar a la devolución de ese dinero con tal de no perjudicar al colectivo de artistas, lo cual evidencia la ausencia total del denominado "interés general".
El trasfondo de este asunto va más allá de la aplicación de uno (canon digital) u otro sistema de cobro (impuestos para favorecer a los autores). La clave radica en la propia legitimidad de la propiedad intelectual. La irrupción de nuevos dispositivos tecnológicos ha revolucionado por completo un negocio, el audiovisual, que está destinado a morir con el devenir de los tiempos. El canon es tan sólo un invento, una farsa legal para mantener los privilegios de una casta, en este caso la cultural, en contra de los intereses de la mayoría. El canon no debe ser sustituido; debe, simplemente, ser eliminado.
Editorial de Libertad Digital
