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Presentadas las conclusiones al proceso contra Sinde, por conflicto de intereses, en su nombramiento como ministra


El procedimiento judicial que se sigue ante el TribunaL Superior de Justicia de Madrid, contra González – Sinde, promovido por la Asociación de Internautas, por existir un claro conflicto de intereses entre su actividad profesional y el cargo que ha ocupado como Ministra de Cultura, está llegando a su fin, y han sido presentadas las conclusiones sobre los hechos y las pruebas.




La conclusión principal a la que se ha llegado, a la luz de las pruebas que constan en los Autos del procedimiento contencioso – administrativo, es el convencimiento de que la Oficina de Conflicto de Intereses debía haber iniciado las oportunas investigaciones para averiguar si efectivamente Ángeles González-Sinde debió “inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”, tal y como exige el art. 7 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Esta norma, en su art. 4 explica que “hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”, y en este caso concreto, entendemos que efectivamente, Dª Ángeles González-Sinde fue nombrada Ministra de Cultura, a pesar de que en los dos años anteriores (e incluso durante los primeros meses de su mandato), estuvo al frente de entidades privadas relacionadas con el mundo de la cultura, entidades que reciben dinero de los presupuestos del Ministerio de Cultura.

En concreto, porque estuvo al frente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, de la que su padre fuera fundador y primer Presidente, desde el 17 de Diciembre de 2006 hasta el 21 de Junio de 2009. Es decir, así era en los dos años previos a su nombramiento (además de que anteriormente, estuvo siempre relacionada con el mundo de la cultura, ya que desde 1999 a 2001 había sido la presidenta de ALMA y hasta 2004, fue miembro de la Junta Directiva de DAMA). Y en estas fechas, consta también que su tío, era vocal de la Junta Directiva y, es miembro numerario.

Por otra parte, era administradora de dos empresas y Consejera de otra, cuyos objetos sociales se enmarcaban en el ámbito de las actividades empresariales De una de ellas, la que tenía el domicilio social en su propio domicilio particular, su hermano era también apoderado.

También es notorio que mientras era Ministra fue socia de la SGAE hasta Julio de 2011, cesando en el mismo momento en que esta entidad fue intervenida judicialmente por la denuncia de la Asociación de Internautas, tal vez, consciente de la obligación legal de su Ministerio de supervisar las cuentas de la SGAE, que nunca se llevó a cabo.

Además nos ha llamado poderosamente la atención que las “subvenciones” concedidas por el Ministerio de Cultura directamente a la AACCE, pasaran de 47.980.-euros en el año 2009, a tan solo 15.000.- euros en el año 2010, cuando la denuncia por conflicto de intereses ya estaba interpuesta (Junio de 2009), y que parece que en “compensación” a esta reducción, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (del que era Presidenta la Ministra), comienza ese año 2010 a tener capacidad para conceder “subvenciones” directamente a la AACCE, como una nueva partida llamada “subvención nominativa” para “atender los gastos para el ejercicio de sus actividades al considerar que es una importante y consolidada plataforma de promoción del cine español”, según consta en la Ley General de Presupuestos del Estado de 2010.

Es decir, aunque se desconocen las cifras que, desde el Instituto de la Cinematografía, se hayan manejado a favor de la AACCE durante esta legislatura, y desde éstas a empresas que pudieran estar relacionadas con la entonces Ministra, creemos que hay indicios más que suficientes de “conflicto de intereses” en su nombramiento. Téngase en cuenta que, la Ministra de Cultura es por cargo la Presidenta del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y que, además, propone al Director de este Instituto(arts. 5 y 6 del Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), quien tiene entre sus competencias: la concesión de las ayudas y subvenciones que corresponda otorgar al Instituto, es decir, quien gestionaba y otorgaba las subvenciones recibidas del Ministerio de Cultura, a las empresas que considerase oportuno.

En definitiva, a pesar del historial de actividades económicas en la industria de la cultura, de Dª Ángeles González Sinde, fue nombrada Ministra de Cultura y, todo lo expuesto, muestra la evidente colisión de intereses en el cargo, por una cuestión de falta de objetividad e imparcialidad que debería en todo caso presidir su labor.


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