Esta nueva modificación crea un marco más restrictivo para la reproducción de creaciones audiovisuales u obras de arte, aunque esta vez el ministro Wert se ha centrado más en la protección de los derechos de la prensa generalista, pero sin obviar, por supuesto, la ya penalizada creación de enlaces a páginas que vulneren los contenidos protegidos por derechos de autor, cuyas penas de cárcel aumentan.
La nueva norma pretende cobrar a Google, Yahoo y otros agregadores de noticias como, por ejemplo, Menéame, una tasa por incluir breves descripciones en sus páginas a los enlaces a las noticias de los grandes medios de prensa.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles no ha podido ocultar su satisfacción por boca de su presidente, Luis Enríquez, que a su vez es consejero delegado del grupo Vocento: Es el paso más importante que ha dado un Gobierno en España para la protección de la prensa.
Este tipo de ley, que supuestamente pretende proteger al lobby de la prensa, tiene un antecedente en Bélgica, donde en 2010 el Gobierno belga llevó a cabo una demanda contra Google, en la cual pretendía obligar al gigante de Silicon Valley a pagar a los periódicos de la prensa belga un cantidad por incluir enlaces a su contenido en su servicio de noticias Google News, exigiendo a Google el pago de unos 40 millones de euros en concepto de indemnización.gogglenewsGoogle respondió a las amenazas de la prensa belga desindexando los diarios demandantes de su buscador, ante la sorpresa de los medios, que perdieron casi la totalidad de sus beneficios online.
Tras tres años de litigio con Google, en 2010 lograron cerrar un acuerdo con el gigante de internet, que únicamente consistió en un mejor porcentaje de los ingresos de la publicidad y sustanciosas rebajas en los servicios de Google. El proceso supuso millones de euros en costas de juicios y pérdidas en la publicidad online para los medios de prensa durante años.En España, los agregadores de noticias como Google News o Menéame tendrán que negociar los importes con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) encargado de establecer las tarifas cuya cifra aún no se ha estimado.
El sistema de cálculo de estas tarifas habrá de fijarse en el plazo de tres meses y el acuerdo entre ambas partes deberá alcanzarse en un plazo de cinco meses.Con respecto a las webs de enlaces, cualquier medio que vea su contenido publicado en otra web podrá denunciar ante el juez, quien puede multar a la página e incluso cerrarla. Tanto los anunciantes como los intermediarios de pago también podrán ser multados, y las sanciones por reincidencia serán de entre 30.000 y 300.000 euros.
La ley incluye además la generación de una entidad específica, privada, que será la encargada de gestionar los procesos de los afectados por cualquier vulneración de derechos de autor. Esta entidad estará controlada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia e inicialmente será la SGAE la encargada de la gestión hasta que se cree la nueva entidad en un plazo máximo de cinco meses.
Paradójicamente, la aprobación de esta ley por parte del Consejo de Ministros se da sólo un día después de publicarse la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamina que el propietario de una página de internet puede remitir mediante hipervínculos, sin autorización de los titulares de derechos de autor, a obras protegidas que pueden consultarse libremente en otra página de internet.
La resolución fue tomada a raíz de la demanda interpuesta por el periódico sueco Göteborgs-Posten por derechos de autor contra la sociedad Retriever Sverige, que había incluído en una de sus páginas web varios artículos de prensa de ese diario. El Tribunal Europeo falló a favor de la sociedad demandada y establece que el uso de enlaces y extractos por parte de una web no supone delito.
