BBC Mundo.- Una joven española de 21 años escribió en 2012 en su cuenta de Twitter un mensaje que un juez calificó como "enaltecimiento del terrorismo" y por el que fue condenada en febrero a un año de prisión. Una pena similar recayó en otro chico que colgó en YouTube varios videos en los que ensalzaba al grupo separatista vasco ETA.
En las últimas dos semanas, 28 personas han sido detenidas por expresar en sus perfiles digitales comentarios que las autoridades interpretan violatorios a la ley.
Utilizar las redes sociales en España puede ser algo delicado porque una expresión desafortunada, subida de tono o claramente agraviosa puede llevar directo a la cárcel.
Esto sin que exista una normativa específica que regule la libertad de expresión en los medios sociales del país. Aún así hay quienes creen que es necesario avanzar en este tema, como el ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz.
Sobre todo después del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, el pasado 2 de mayo, cuando en Twitter se difundieron comentarios que celebraban la muerte de la dirigente del Partido Popular o hacían llamados sin ambages a asesinar políticos.
En el sepelio de Carrasco, el ministro español llamó a "limpiar las redes sociales de esos indeseables", tras lo cual se activó una operación policial que desembocó en dos detenciones, que se sumaron a otras 21 efectuadas en abril por supuestamente enaltecer a ETA en Facebook y Twitter.
A semana y media del suceso, una avalancha de casi 18.000 comentarios antisemitas cubrió la red social, debido a la derrota del Real Madrid ante el Maccabi de Tel Aviv en la final de la Euroliga de baloncesto. A solicitud de organizaciones judías en España, el gobierno localizó y detuvo a cinco personas por incitar al odio racial.
El gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado apoyo a la Fiscalía para actuar contra los autores de esos mensajes y ha asomado la posibilidad de revisar y endurecer la legislación sobre libertad de expresión que permita actuar contra quienes publican mensajes de odio en las redes sociales.
La Fiscalía ya empezó a recabar datos de toda España y ha prometido el "máximo rigor".
Suficientes normas
Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas de España y autora del libro Seguridad del Estado y privacidad, no cree necesaria una reforma de la legislación para actuar contra quienes han sido señalados por incitación al odio en redes sociales.
"Hay normas y un código penal en España que castiga la apología del terrorismo, del nazismo y otros delitos de opinión. Si bien es cierto que al hablar de internet puede haber alguna laguna legal, los vacíos reales son la falta de recursos económicos y de personal para poder localizar, actuar y llevar a cabo tantos procedimientos legales", explica Tejerina a BBC Mundo, coincidiendo en buena medida con la posición de muchas organizaciones de jueces y abogados.
Tejerina ignora quiénes son los tuiteros "indeseables" que señala el ministro, pero invoca a "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e incluso del Tribunal Europeo", que fijan los parámetros que diferencian la libertad de expresión de un delito de opinión.
Manuela Bataglini, presidenta de la Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media (AERCO-PSM), arguye a BBC Mundo que el tema debe tratarse "con extrema sensibilidad y cuidado", porque aún cuando la libertad de expresión no es un derecho absoluto, "cualquier restricción a este derecho puede afectar a otros igualmente importantes, como puede ser el derecho a la libertad de información".
En cualquier caso, en el proyecto de reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso español no existe hasta ahora ninguna mención o referencia a las redes sociales.
¿Mal gusto o apología?
Quienes más se quejan y piden regulaciones adicionales han sido políticos de los dos principales partidos, PP y PSOE. Varios han cerrado temporalmente sus perfiles.
Humoristas, conductores de programas de radio y algunas celebridades han sido también víctimas del lenguaje visceral y, en algunos casos, de amenazas de muerte por internet.
Al calor del debate, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, surgida tras el atentado del 11 de marzo de 2004, se quejaba en su propia cuenta de Twitter: "Harta de que me pregunten por qué el ministro no me mete entre las personas a defender de oficio por los insultos de TW".
La profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Loreto Corredoira, expresa a BBC Mundo que, en el caso particular de España, "muchas veces hay insultos en tono informal, a veces muy bromista, a veces es verdad insultante; la gente se calienta muy fácilmente y como es fácil escribir", dispara cualquier barbaridad. "Pero de ahí a que tenga entidad jurídica y penal tengo mis dudas".
No es de extrañarse. Un 72% de los usuarios de Twitter lanzan sus mensajes "en caliente" cuando ven programas de televisión, según un estudio de Spain Nielsen Consumer Behaviour Research. Cualquier bravuconada o incorrección política se puede escapar.
"Hay insultos que objetivamente lo son y otros que son comentarios de mal gusto", diferencia la abogada Tejerina.
En efecto, hace unos meses el responsable de las redes sociales de la Policía Nacional, Carlos Fernández Guerra, escribía lo siguiente en la cuenta oficial de Twitter de la institución (@policia), que a diario recibe un promedio de 1.000 menciones con amenazas e insultos: "'¡Ojalá se mueran' es una mezquindad, una idiotez, pero no es delito".
Las maldiciones puede que no sean delito, pero enaltecer el terrorismo sí lo es. Como el tuit que escribió en 2012 Alba González Camacho, una de las detenidas: "El PP me enseñó que todavía hacen mucha falta los GRAPO".
Hacía referencia a la extinta organización extremista española de ultraizquierda, responsable de 84 muertes y tres secuestros de 1974 a 2011. La Audiencia Nacional la condenó este febrero a un año de prisión por un delito de "enaltecimiento del terrorismo".
Como éste, el caso de Ander Albisu Maiz corrió por el mismo cauce. El joven colgó en YouTube un video reproducido por 92.716 usuarios, en el que expresaba su apoyo y admiración a ETA. El miércoles pasado fue condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.
¿Qué hacer?
Bataglini es de quienes piensan que para reducir la incidencia de este tipo de comportamientos, con independencia de la aplicación de las leyes, las propias redes sociales deben definir políticas claras, aunque "muchas de las plataformas utilizadas no están sometidas al derecho español".
Tejerina cree que la propia comunidad virtual es capaz de poner freno y señalar a los abusadores.
La profesora Corredoira aboga por que la gente se comporte en el entorno digital como lo hace en la calle de su barrio. Recuerda que las redes sociales tienen sus propios mecanismos de bloqueo de usuarios y denuncia de abusos, y que finalmente se puede ir a los tribunales.
La propia Casa Real española, que el jueves abrió su perfil oficial en Twitter (@CasaReal), tomó precauciones, con una advertencia: "El equipo de comunicación se reserva el derecho a reportar a Twitter actuaciones abusivas por parte de los usuarios de la red social, así como a bloquear a aquellos que incurran en comportamientos tales como expresiones ofensivas".
En las últimas dos semanas, 28 personas han sido detenidas por expresar en sus perfiles digitales comentarios que las autoridades interpretan violatorios a la ley.
Utilizar las redes sociales en España puede ser algo delicado porque una expresión desafortunada, subida de tono o claramente agraviosa puede llevar directo a la cárcel.
Esto sin que exista una normativa específica que regule la libertad de expresión en los medios sociales del país. Aún así hay quienes creen que es necesario avanzar en este tema, como el ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz.
Sobre todo después del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, el pasado 2 de mayo, cuando en Twitter se difundieron comentarios que celebraban la muerte de la dirigente del Partido Popular o hacían llamados sin ambages a asesinar políticos.
En el sepelio de Carrasco, el ministro español llamó a "limpiar las redes sociales de esos indeseables", tras lo cual se activó una operación policial que desembocó en dos detenciones, que se sumaron a otras 21 efectuadas en abril por supuestamente enaltecer a ETA en Facebook y Twitter.
A semana y media del suceso, una avalancha de casi 18.000 comentarios antisemitas cubrió la red social, debido a la derrota del Real Madrid ante el Maccabi de Tel Aviv en la final de la Euroliga de baloncesto. A solicitud de organizaciones judías en España, el gobierno localizó y detuvo a cinco personas por incitar al odio racial.
El gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado apoyo a la Fiscalía para actuar contra los autores de esos mensajes y ha asomado la posibilidad de revisar y endurecer la legislación sobre libertad de expresión que permita actuar contra quienes publican mensajes de odio en las redes sociales.
La Fiscalía ya empezó a recabar datos de toda España y ha prometido el "máximo rigor".
Suficientes normas
Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas de España y autora del libro Seguridad del Estado y privacidad, no cree necesaria una reforma de la legislación para actuar contra quienes han sido señalados por incitación al odio en redes sociales.
"Hay normas y un código penal en España que castiga la apología del terrorismo, del nazismo y otros delitos de opinión. Si bien es cierto que al hablar de internet puede haber alguna laguna legal, los vacíos reales son la falta de recursos económicos y de personal para poder localizar, actuar y llevar a cabo tantos procedimientos legales", explica Tejerina a BBC Mundo, coincidiendo en buena medida con la posición de muchas organizaciones de jueces y abogados.
Tejerina ignora quiénes son los tuiteros "indeseables" que señala el ministro, pero invoca a "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e incluso del Tribunal Europeo", que fijan los parámetros que diferencian la libertad de expresión de un delito de opinión.
Manuela Bataglini, presidenta de la Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media (AERCO-PSM), arguye a BBC Mundo que el tema debe tratarse "con extrema sensibilidad y cuidado", porque aún cuando la libertad de expresión no es un derecho absoluto, "cualquier restricción a este derecho puede afectar a otros igualmente importantes, como puede ser el derecho a la libertad de información".
En cualquier caso, en el proyecto de reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso español no existe hasta ahora ninguna mención o referencia a las redes sociales.
¿Mal gusto o apología?
Quienes más se quejan y piden regulaciones adicionales han sido políticos de los dos principales partidos, PP y PSOE. Varios han cerrado temporalmente sus perfiles.
Humoristas, conductores de programas de radio y algunas celebridades han sido también víctimas del lenguaje visceral y, en algunos casos, de amenazas de muerte por internet.
Al calor del debate, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, surgida tras el atentado del 11 de marzo de 2004, se quejaba en su propia cuenta de Twitter: "Harta de que me pregunten por qué el ministro no me mete entre las personas a defender de oficio por los insultos de TW".
La profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Loreto Corredoira, expresa a BBC Mundo que, en el caso particular de España, "muchas veces hay insultos en tono informal, a veces muy bromista, a veces es verdad insultante; la gente se calienta muy fácilmente y como es fácil escribir", dispara cualquier barbaridad. "Pero de ahí a que tenga entidad jurídica y penal tengo mis dudas".
No es de extrañarse. Un 72% de los usuarios de Twitter lanzan sus mensajes "en caliente" cuando ven programas de televisión, según un estudio de Spain Nielsen Consumer Behaviour Research. Cualquier bravuconada o incorrección política se puede escapar.
"Hay insultos que objetivamente lo son y otros que son comentarios de mal gusto", diferencia la abogada Tejerina.
En efecto, hace unos meses el responsable de las redes sociales de la Policía Nacional, Carlos Fernández Guerra, escribía lo siguiente en la cuenta oficial de Twitter de la institución (@policia), que a diario recibe un promedio de 1.000 menciones con amenazas e insultos: "'¡Ojalá se mueran' es una mezquindad, una idiotez, pero no es delito".
Las maldiciones puede que no sean delito, pero enaltecer el terrorismo sí lo es. Como el tuit que escribió en 2012 Alba González Camacho, una de las detenidas: "El PP me enseñó que todavía hacen mucha falta los GRAPO".
Hacía referencia a la extinta organización extremista española de ultraizquierda, responsable de 84 muertes y tres secuestros de 1974 a 2011. La Audiencia Nacional la condenó este febrero a un año de prisión por un delito de "enaltecimiento del terrorismo".
Como éste, el caso de Ander Albisu Maiz corrió por el mismo cauce. El joven colgó en YouTube un video reproducido por 92.716 usuarios, en el que expresaba su apoyo y admiración a ETA. El miércoles pasado fue condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.
¿Qué hacer?
Bataglini es de quienes piensan que para reducir la incidencia de este tipo de comportamientos, con independencia de la aplicación de las leyes, las propias redes sociales deben definir políticas claras, aunque "muchas de las plataformas utilizadas no están sometidas al derecho español".
Tejerina cree que la propia comunidad virtual es capaz de poner freno y señalar a los abusadores.
La profesora Corredoira aboga por que la gente se comporte en el entorno digital como lo hace en la calle de su barrio. Recuerda que las redes sociales tienen sus propios mecanismos de bloqueo de usuarios y denuncia de abusos, y que finalmente se puede ir a los tribunales.
La propia Casa Real española, que el jueves abrió su perfil oficial en Twitter (@CasaReal), tomó precauciones, con una advertencia: "El equipo de comunicación se reserva el derecho a reportar a Twitter actuaciones abusivas por parte de los usuarios de la red social, así como a bloquear a aquellos que incurran en comportamientos tales como expresiones ofensivas".
