Asociación de Internautas

Las operadoras de telecomunicaciones alternativas a Telefónica y la patronal que representa sus intereses, Astel, mantienen una postura activa en el proceso de aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Este texto, que fue redactado por el ministro Josep Piqué y su equipo de colaboradores y aprobado por el Consejo de Ministros en enero, inicia esta semana su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados

07-04-2003 - El sector de telecos que compite con Telefónica acepta la filosofía general del proyecto legal, pero plantea la necesidad de reformar distintos aspectos, entre los que destaca el sistema de sanciones, las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el tratamiento que se da a aquellas empresas que invierten en infraestructuras de red.

En el curso de los debates sobre la ley el primer partido de la oposición plantea una enmienda a la totalidad y presentará otro texto.

Los operadores distintos de Telefónica han pedido a los grupos parlamentarios que enmienden el proyecto a fin de que 'la ley se ajuste en mayor medida a las disposiciones de la UE y contribuya a establecer un marco normativo más coherente, eficaz y estable que el actual', explican fuentes de dichas empresas.

El primer aspecto que quieren modificar es el régimen sancionador. El borrador establece un sistema de sanciones que 'resulta incongruente con la filosofía ex post con la que el Gobierno ha querido impregnar la nueva ley'. Esta filosofía consiste en establecer pocas normas a priori, liberalidad que es compensada con severas sanciones en caso de incumplimiento.

Por contra, el régimen de sanciones 'supone una rebaja de las cuantías máximas establecidas para los casos de incumplimiento graves actualmente en vigor', siempre según las fuentes de las nuevas operadoras.

Para el caso de 'incumplimientos graves' se proponen dos tipos de sanciones. Se fijan multas de una cuantía máxima de 20 millones para violaciones de las circulares de la CMT, que son de obligado cumplimiento. Por contra se establecen sanciones máxima de dos millones por el incumplimiento de resoluciones. Se trata de disposiciones de carácter general como la OIR, la OBA, el alquiler de bucle local, las normas sobre prácticas anticompetitivas o la prestación de ADSL, 'que son aquellas que se refieren a asuntos de mayor importancia y, precisamente, las que son generalmente ignoradas por el operador tradicional'.

Los nuevos operadores entienden que la cuantía máxima debería elevarse respecto al texto vigente y extenderse a todos los incumplimientos graves de acuerdo con el principio de endurecimiento de las multas cuando se cumpla la legislación.

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