Ramón Muñoz - El País .-
El hipersector de la TIC, que incluye desde la telefonía fija y la móvil, los servicios audiovisuales, el comercio electrónico y la fabricación de equipos, es un buen exponente de la gravedad de la crisis. Pese a ser uno de los sectores más dinámicos de la economía, en 2002 sólo creció un 2,5%, la mitad prácticamente que la construcción, que aumentó un 4,6%. Habría que remontarse a 1992 para encontrar una evolución tan negativa, y muy por debajo del 15% de crecimiento medio que experimentó entre 1970 y 2002, según las cifras aportadas ayer por Aniel, la patronal del sector.
Dentro de este sector, la evolución fue muy diferente, según la actividad. Así, los servicios que tienen que ver con la telefonía (fija, móvil y cable) tuvieron un incremento del 13% hasta los 29.926 millones. En el lado opuesto, la industria de fabricación de equipos y componentes electrónicos se redujo un 15% hasta los 13.455 millones.
Por segundo año consecutivo descendieron tanto la importación como la exportación. Pero, frente al retroceso del 4% del ejercicio 2001, el pasado año la importación cayó un 14% (10.677 millones de euros) y la exportación un 15% (3.967 millones).
El presidente de Aniel, Jesús Banegas, hizo hincapié en que, pese a que España sigue estando a la cola de los países de la Unión Europea en materia de infraestructuras, el sector sigue sufriendo un descenso acumulado de las inversiones durante los dos últimos años, que "sitúa a las de 2002 en más de un 40% por debajo de las del 2001". Pese a ello, el esfuerzo en I+D creció un 11% y se situó en 1.181 millones de euros.
"Vacaciones inversoras"
Esas "vacaciones inversoras injustificadas", en palabras de Banegas, se han visto traducidas en un ajuste laboral. El empleo directo de la industria electrónica y de las telecomunicaciones se redujo un 5%, hasta los 133.360 trabajadores.
Para enmendar esta situación, Aniel ha solicitado que el Estado se implique y adopte una serie de medidas que impulsen la inversión y liberen de cargas fiscales al sector. La más novedosa es que el Estado se haga cargo de la financiación del servicio universal, es decir, del coste que tiene asegurar a todos los españoles, independientemente de dónde residan los servicios esenciales de telecomunicaciones y, fundamentalmente, el acceso al teléfono y a Internet. Como quiera que en algunas zonas rurales los servicios no son rentables, se genera un déficit para la compañía que los presta.
Ese déficit, evaluado en 2001 en 270 millones de euros, debe ser financiado por el conjunto de compañías telefónicas de acuerdo a su cuota de mercado según la legislación vigente. Sin embargo, actualmente sólo es costeado por Telefónica, según la doctrina de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
Asimismo, Banegas cree que se debe de abandonar la intervención de las tarifas de Telefónica, y dar una verdadera libertad de precios, procurando sólo velar por que exista una situación de competencia efectiva.
Dentro de este sector, la evolución fue muy diferente, según la actividad. Así, los servicios que tienen que ver con la telefonía (fija, móvil y cable) tuvieron un incremento del 13% hasta los 29.926 millones. En el lado opuesto, la industria de fabricación de equipos y componentes electrónicos se redujo un 15% hasta los 13.455 millones.
Por segundo año consecutivo descendieron tanto la importación como la exportación. Pero, frente al retroceso del 4% del ejercicio 2001, el pasado año la importación cayó un 14% (10.677 millones de euros) y la exportación un 15% (3.967 millones).
El presidente de Aniel, Jesús Banegas, hizo hincapié en que, pese a que España sigue estando a la cola de los países de la Unión Europea en materia de infraestructuras, el sector sigue sufriendo un descenso acumulado de las inversiones durante los dos últimos años, que "sitúa a las de 2002 en más de un 40% por debajo de las del 2001". Pese a ello, el esfuerzo en I+D creció un 11% y se situó en 1.181 millones de euros.
"Vacaciones inversoras"
Esas "vacaciones inversoras injustificadas", en palabras de Banegas, se han visto traducidas en un ajuste laboral. El empleo directo de la industria electrónica y de las telecomunicaciones se redujo un 5%, hasta los 133.360 trabajadores.
Para enmendar esta situación, Aniel ha solicitado que el Estado se implique y adopte una serie de medidas que impulsen la inversión y liberen de cargas fiscales al sector. La más novedosa es que el Estado se haga cargo de la financiación del servicio universal, es decir, del coste que tiene asegurar a todos los españoles, independientemente de dónde residan los servicios esenciales de telecomunicaciones y, fundamentalmente, el acceso al teléfono y a Internet. Como quiera que en algunas zonas rurales los servicios no son rentables, se genera un déficit para la compañía que los presta.
Ese déficit, evaluado en 2001 en 270 millones de euros, debe ser financiado por el conjunto de compañías telefónicas de acuerdo a su cuota de mercado según la legislación vigente. Sin embargo, actualmente sólo es costeado por Telefónica, según la doctrina de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
Asimismo, Banegas cree que se debe de abandonar la intervención de las tarifas de Telefónica, y dar una verdadera libertad de precios, procurando sólo velar por que exista una situación de competencia efectiva.
