FERNANDO DE LUIS-ORUETA .-
EL PAÍS.es |
Después de los planes de choque de la sanidad, de la justicia y de la delincuencia le toca el turno a Internet. Los ministros de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, han presentado hoy un plan de choque para impulsar la administración electrónica con el objetivo de acelerar las actuaciones necesarias para que los servicios públicos básicos estén accesibles on line.
La lista incluye 19 medidas que deberán concretarse en un plazo máximo de dos años, pero que ignora gran parte de las recomendaciones formuladas por la Comisión que el propio Gobierno creó para analizar el fracaso del Plan Info XXI y estudiar el camino que se debe adoptar en lo venidero. Así, el grupo de estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, presidido por Juan Soto, advertía en sus conclusiones que las administraciones públicas deben liderar el desarrollo de la sociedad de la información y que "el verdadero progreso en la sociedad de la información no depende tanto de tener muchos servicios on line>, como de que los que existan creen un valor para los usuarios".
Para ello la Comisión Soto proponía cuatro medidas, de las cuales el nuevo plan de choque sólo reproduce íntegramente la primera: el desarrollo del DNI electrónico. El paquete de medidas es más tibio con otras recomendaciones de los expertos como la publicación periódica de la lista de servicios a desarrollar (se publica ahora ésta, sin mención alguna a si le seguirán otras) y el compromiso de los gobiernos central y autonómicos a crear unos indicadores que muestren el nivel uso de los servicios, un aspecto sobre el que no se prevé nada. También se sugería la migración progresiva de todas las comunicaciones de las administraciones públicas hacia canales electrónicos, mientras que el Ejecutivo sólo habla ahora de "facilitar el intercambio de información". Por último, el comité apuntaba la necesidad de establecer un estándar común que permita compartir la información entre todas las administraciones, así como la necesidad de mejorar los equipos y la conectividad de los empleados. Ninguna de estas dos sugerencias se refleja en el plan, sólo cruzar los datos catastrales, del censo y el padrón.
Lista de medidas
En términos generales, el proyecto de Ejecutivo rota entorno a cuatro ejes. El principal es facilitar el acceso de los usuarios a través de la creación del DNI electrónico y permitiendo el acceso a Internet de manera gratuita en equipos instalados en las oficinas de atención público y en los registros de la administración. El segundo paquete de medidas pretende impulsar el desarrollo de los servicios públicos descritos como "básicos" por la legislación comunitaria, ofrecer cartas de servicios electrónicas, perfeccionar el portal del ciudadano, el empleo de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en las webs de la administración, facilitar el acceso a éstas a las personas discapacitadas y articular la posibilidad de cumplimentar formularios, registros, notificaciones y pagos a través de Internet.
El plan de choque contempla también medidas para la propia administración, si bien de un tono más voluntarista que concreto. Por un lado, el Gobierno debe "facilitar" el intercambio de información entre las administraciones públicas; por otro, "apoyar" la reorganización interna con la reforma del Consejo Superior de Informática, la coordinación de las administraciones territoriales o el apoyo técnico a los ministerios.
El paquete prevé por último la "revisión del marco normativo" y la "necesidad de definir un esquema organizativo".
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Aprovechar la oportunidad
Una aproximación al análisis de los webs ministeriales
La lista incluye 19 medidas que deberán concretarse en un plazo máximo de dos años, pero que ignora gran parte de las recomendaciones formuladas por la Comisión que el propio Gobierno creó para analizar el fracaso del Plan Info XXI y estudiar el camino que se debe adoptar en lo venidero. Así, el grupo de estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, presidido por Juan Soto, advertía en sus conclusiones que las administraciones públicas deben liderar el desarrollo de la sociedad de la información y que "el verdadero progreso en la sociedad de la información no depende tanto de tener muchos servicios on line>, como de que los que existan creen un valor para los usuarios".
Para ello la Comisión Soto proponía cuatro medidas, de las cuales el nuevo plan de choque sólo reproduce íntegramente la primera: el desarrollo del DNI electrónico. El paquete de medidas es más tibio con otras recomendaciones de los expertos como la publicación periódica de la lista de servicios a desarrollar (se publica ahora ésta, sin mención alguna a si le seguirán otras) y el compromiso de los gobiernos central y autonómicos a crear unos indicadores que muestren el nivel uso de los servicios, un aspecto sobre el que no se prevé nada. También se sugería la migración progresiva de todas las comunicaciones de las administraciones públicas hacia canales electrónicos, mientras que el Ejecutivo sólo habla ahora de "facilitar el intercambio de información". Por último, el comité apuntaba la necesidad de establecer un estándar común que permita compartir la información entre todas las administraciones, así como la necesidad de mejorar los equipos y la conectividad de los empleados. Ninguna de estas dos sugerencias se refleja en el plan, sólo cruzar los datos catastrales, del censo y el padrón.
Lista de medidas
En términos generales, el proyecto de Ejecutivo rota entorno a cuatro ejes. El principal es facilitar el acceso de los usuarios a través de la creación del DNI electrónico y permitiendo el acceso a Internet de manera gratuita en equipos instalados en las oficinas de atención público y en los registros de la administración. El segundo paquete de medidas pretende impulsar el desarrollo de los servicios públicos descritos como "básicos" por la legislación comunitaria, ofrecer cartas de servicios electrónicas, perfeccionar el portal del ciudadano, el empleo de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en las webs de la administración, facilitar el acceso a éstas a las personas discapacitadas y articular la posibilidad de cumplimentar formularios, registros, notificaciones y pagos a través de Internet.
El plan de choque contempla también medidas para la propia administración, si bien de un tono más voluntarista que concreto. Por un lado, el Gobierno debe "facilitar" el intercambio de información entre las administraciones públicas; por otro, "apoyar" la reorganización interna con la reforma del Consejo Superior de Informática, la coordinación de las administraciones territoriales o el apoyo técnico a los ministerios.
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