| El
Ministerio de Fomento pide en Bruselas que el acceso a Internet sea un servicio universal La Comisión también aprobó ayer la implantación a
nivel europeo de la firma electrónica
BRUSELAS.- España propuso ayer en el Consejo de ministros de
Telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) que el acceso a Internet se englobe dentro
del concepto de servicio universal, para garantizar a todos los europeos el enganche a la
Red.
El Secretario General de Comunicaciones, José Manuel Villar, presentó a sus colegas
comunitarios la propuesta del Ministerio de Fomento, que obligaría a los operadores de
telecomunicaciones a garantizar el acceso a Internet a todos los europeos, de la misma
forma que el teléfono o el fax.
Villar manifestó al término de la reunión que la propuesta había recibido el apoyo
explícito de Francia, Portugal, Italia, Dinamarca y Luxemburgo, y que «había consenso
básico» sobre la necesidad de abrir el concepto de servicio universal a las nuevas
tecnologías «para evitar la fractura social entre los que tienen acceso a ellas y los
que no».
Según Villar «no tiene sentido» que el concepto de servicio universal no abarque el
acceso a Internet, cuando esta Red será la base del desarrollo económico del próximo
siglo.
La propuesta española será ahora discutida en el seno del grupo, formado por expertos de
toda la UE, que debate la directiva comunitaria sobre el servicio universal de las
telecomunicaciones. Esta directiva se volverá a abordar el año próximo en otro
encuentro de los Quince.
La Comisión Europea no ha aceptado todavía la idea española, pero, según Villar,
«está dispuesta a que el concepto de servicio universal sea flexible para que se puedan
incorporar las nuevas tecnologías».
Por otro lado, los ministros del ramo reunidos ayer en Bruselas aprovecharon la ocasión
para aprobar una directiva que fija el calendario de implantación de la firma
electrónica en Europa. Presentada en mayo de 1998, la directiva establece un cuadro
jurídico homogéneo en el seno de la UE para la utilización de las rúbricas digitales.
El proyecto, similar al ya aprobado en España hace un mes, reconoce la validez de la
firma electrónica, a la que se le da el mismo valor jurídico que a una rúbrica
tradicional, siempre y cuando se cumplan unos requisitos de seguridad mínimos y comunes
para todos los países de la Unión Europea.
REPRODUCIDO DE DIARIO DEL NAVEGANTE |
