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Telefónica dicta a Rajoy el nuevo modelo de competencia y reguladores


Soraya Saénz de Santamaría destapó el viernes pasado en el Consejo de Ministros el plan para juntar siete organismos reguladores en uno solo, en el que se incluirá Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión de la Energía (CNE), entre otros, y que funcionará bajo el título de Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Lo más sorprendente es que el informe en el que se basa la operación bikini del Gobierno y que la vicepresidenta repartió a los demás ministros, es un resumen de unas diez páginas de un estudio que Telefónica entregó al Gobierno el 14 febrero, elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) con el descriptivo título “Modelo organizativo de las autoridades nacionales de regulación y competencia en España” y que consta de 70 páginas, una versión bastante reducida del original para que no se pierdan en tecnicismos y comprendan el mensaje.


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TU21S .- Insólito, como poco, que sea una de las empresas interesadas en reducir la presión de reguladores y competencia la que dicte el camino a seguir en Moncloa. El mininforme de Saénz de Santamaría incluye varios copy paste calcados del original, una tendencia muy actual: para qué volver a redactar lo que ya ha expresado otro tal y como lo harías tu mismo. Por ejemplo: “La integración del regulador y la autoridad de competencia puede constituir un medio para obtener sinergias y ahorros de costes adicionales, y garantizar la independencia y neutralidad del organismo” apunta el documento del Gobierno haciendo suyas las palabras de Telefónica.

Pinchar para leer el Informe: Microsoft Word – Informe para Telefonica_Resumen Ejecutivo_borrador

En el informe, el antiguo monopolio telefónico español viene a recomendar al Gobierno que anule la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) simulando una fusión de estas -y otros reguladores en proyecto como el ferroviario o audiovisual- con la autoridad de la Competencia (CNC). Pero lo cierto es que esta también queda prácticamente anulada en un modelo que no tiene parangón en ningún país europeo, algo que reconoce la propia PwC en cuadros que incluye el informe (en su página 24). A pesar de que el Gobierno ha puesto como ejemplo el modelo holandés, la fusión de sus organismos reguladores de Energía y Telecomunicaciones es un proyecto que ya se verá en 2013 si se lleva a cabo. Otro tanto se observa en el modelo alemán, donde tradicionalmente existía un regulador de redes, al que luego se ha unido la energía pero en el que para nada se les ha ocurrido integrar competencia, que sigue funcionando de manera independiente. Se desmonta así que sea una tendencia en Europa la integración de reguladores, como ha pretendido ‘vender’ el Gobierno, puesto que es el modelo anglosajón el que impera, del que España ha sido un ejemplo clarísimo hasta ahora.



El objetivo oficial de la mal llamada reforma es el control por parte del Partido Popular de unos organismos en cuyos consejos de administración no tiene mayoría, o ni siquiera presencia, ya que no quiso participar en los nombramiento a sabiendas de que ganaría las elecciones generales (caso de la CNE), Saénz de Santamaría la ha justificado en que ahorrará costes para las arcas del Estado y en se logrará con ella una mayor independencia a estos órganos. Pero nada más lejos de la realidad: la independencia prácticamente desaparece, pues Economía recupera su antiguo poder para investigar infracciones contra la libre competencia, y en cuanto el ahorro, sería para los operadores de telecos, que son los que financian con tasas la CMT o para los consumidores eléctricos, que sufragan en la tarifa el funcionamiento de la CNE. Por supuesto, las empresas están de celebración. Tanto en Telefónica como en las eléctricas están hartas de que el regulador correspondiente fije unas tarifas o denuncie un abuso monopolístico. Las propias empresas interesadas saben que se están beneficiando de la obsesión del Gobierno por deshacerse de los consejeros nombrados por el anterior Ejecutivo, y que la única manera de hacerlo, al ser mandatos por un determinado número de años, es hacer desaparecer la Comisión.


Tampoco se sostiene el tema del ahorro si se analiza el nuevo esquema. Puede que los consejeros se reduzcan de 52 a 9 pero, una vez enterradas las comisiones, seguirán funcionando en realidad como direcciones generales, y el grueso de su infraestructura se mantendrá. El ahorro en sedes será relativo, pues en la rueda de prensa del viernes, la vicepresidenta dejó caer que aunque la sede estará en Madrid, existe la posibilidad de establecer subsedes, sin precisar ni cuantas ni donde. Con lo cual lo que desaparece por un lado, se crea por otro.

Por el momento, la reforma es un anteproyecto, sobre el que deberán dictaminar (algo que consideran sorprendente) los propios consejos de los organismos sentenciados a muerte.