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Fibra vs cobre: el riesgo de una mayor brecha digital sobrevuela España


En pocos días veremos como las centrales de Torrelodones y Sant Cugat dicen adiós al cobre. La fibra ha llegado hasta estos dos municipios y dado el porcentaje de clientes que ya se han pasado a la nueva generación Movistar ha recibido el visto bueno de la CNMC para apagar la red de cobre, más vieja, lenta y cara de mantener.




Mikel Cid Xataca Móvil.- Comienza así una transición tecnológica que pronto llegará a otras 36 centrales de distintas provincias. La fibra será el estándar en unos años, sobre todo teniendo en cuenta que todos los operadores la están ofreciendo a precio de ADSL, al menos en su modalidad más lenta. Pero a pesar del fuerte avance de la fibra, habrá poblaciones que tardarán mucho o incluso nunca llegarán a ver la fibra. Hablamos de la nueva España de las dos velocidades.

Despliegues actuales y planes de futuro

Actualmente los operadores viven inmersos en una época de grandes desembolsos, desembolsos por hacerse con los clientes más fieles. Y es que una vez un usuario contrata una conexión de fibra con un operador es difícil que quiera cambiar a otra tecnología más vieja o a la fibra de otro operador, ya sea por comodidad u oferta.

Ante el auge de la fibra de Movistar, ya al alcance de más de 14 millones de hogares, a Vodafone y Orange solo les quedaba una solución para acortar distancias en poco tiempo: comprar ONO y Jazztel. El despliegue de fibra es lento y a la vez caro, por lo que hacerse con estas dos compañías ha facilitado que británicos y franceses pasen de tener una red de fibra que apenas llegaba a un millón de hogares a más de ocho y cinco millones de hogares respectivamente.



Despliegue actual

Despliegues previstos

Movistar

14 millones de hogares

25 millones de hogares (2020)

Vodafone
8.4 millones de hogares

11 millones de hogares (finales de 2015)

Orange

5.2 millones de hogares

10 millones de hogares (finales de 2016)

Pero los planes no se detienen en esas cifras. Los planes de Movistar pasan por llegar a 20 millones de hogares para 2017 y a 27 millones en 2020, despliegue final que le haría llegar a todas las poblaciones de al menos 500 habitantes y a muchas de tamaño menor. En palabras del operador, solo no llegarían a poblaciones a las que sería prácticamente imposible llevar la fibra.

Por su parte, Vodafone y Orange a pesar de que disponen de redes de distinto tamaño (aunque la de Vodafone en su mayoría es de cable y no de fibra) comparten objetivo, 10 millones de hogares para 2017. Un despliegue muy inferior al de Movistar, pero calculado para llegar principalmente a lo que los operadores considerar zonas rentables.

La rentabilidad, límite de los operadores

Todo muy bonito hasta ahora. Estamos hablando de tener una red que llegará a casi todos los hogares españoles en 2020 y otras dos redes que para 2017 llegarán a buena parte de la población, lo que generará una competencia interesante. Pero el problema viene con lo que hemos hablado al final del último punto, la frontera de la rentabilidad para los operadores. Si la población no llega a cierto número de habitantes o no tiene una densidad mínima, puede no ser rentable y quedarse sin nuevas redes.

Y aunque parece que Movistar está dispuesta a llegar a zonas "no rentables" allí podría hacer lo que quiera, ya que sin rivales dispuestos a llegar a ellas podría fijar las condiciones que quisiese. No aumentaría los precios respecto a otras zonas obviamente, pero en esas poblaciones no habría más redes a las que optar. Y todo esto, si no hay cambio de opinión en el operador.

La CNMC y su patata caliente

En el aire está la decisión pendiente de la CNMC. El regulador tiene que establecer una nueva norma que obligue a Movistar a compartir su red de fibra. La regulación actual solo le obliga a ofrecer conexiones de hasta 30 megas a sus rivales, lo que ha hecho que estos prácticamente no la usen, pero las hipótesis apuntan a que en las nuevas reglas se eliminaría ese límite, obligando a Movistar a ofrecer una oferta mayorista en ciudades sin presencia de otras redes o de cierto tamaño.

Son varias las ocasiones en las que Movistar ha amenazado con frenar su despliegue ante una regulación no favorable a ellos

Si la norma es perjudicial para Movistar, porque le obligue a abrir su red a un buen precio en demasiadas ciudades, estaría dando razones al operador para frenar el despliegue de su fibra. Movistar ya no contaría con una red única, tendría que pagar su despliegue y luego cedérsela a sus rivales (a un precio regulado) por lo que el negocio de llevar la fibra a ciudades pequeñas ya no lo sería tanto.

Por tanto la CNMC se encuentra entre dos aguas. Una mayor apertura de la fibra de Movistar puede fomentar la competencia (según el precio mayorista que fije) pero también puede frenar su expansión. ¿Cuál de las dos cosas es prioritaria? Para el regulador parece que la competencia, aunque siempre habrá más competencia también cuantas más redes desplegadas tengamos.

En manos de las iniciativas públicas

A expensas de la decisión que adopte de la CNMC, está claro que caminamos hacia una España de dos velocidades. El ambicioso plan actual de Movistar de momento es eso, un plan, que tampoco llegaría absolutamente a todas las ciudades del país. Además hablamos de una sola red, ya que no todos los operadores parecen dispuestos a asumir el coste de tirar fibra en todo el país. Al fin al cabo hablamos de empresas que tienen como objetivo obtener beneficios.

Crear redes públicas en zonas "no rentables" y alquilarlas a los operadores no parece una mala idea


Si no queremos por tanto que los que viven en los pueblos más pequeños se queden con un ADSL de la prehistoria mientras otros disfrutamos de altas velocidades, en ocasiones incluso al mismo precio que ellos, es necesaria la intervención de la iniciativa pública. Ésta ha funcionado a la perfección en Ermua o en las cuencas mineras asturianas, donde gobiernos y ayuntamientos han construido una red que luego alquilan a los operadores.

De momento seguimos pendiente de la CNMC y de su decisión final, de la que dependerá en gran parte el futuro de la fibra y de la brecha digital española. Pero tampoco estaría de más que administraciones públicas se preocupasen porque sus habitantes queden a merced de los intereses económicos de grandes operadoras.


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