Supuesta denuncia de las empresas españolas de software a 4000 usuarios de
los programas de intercambio de datos por Internet
Florian Rötzer .-En total, la medida afecta a 95.000 usuarios; los detractores de esta iniciativa acusan al bufete de abogados al que las empresas han confiado el caso de inmiscuirse de forma ilegal en la esfera privada de los usuarios En los EEUU, la industria discográfica ha sido la primera en plantear exigir a los proveedores de Internet los datos de 871 usuarios de los mencionados programas de intercambio de datos para, después, acusarlos de un delito contra la propiedad intelectual ( La caza ha empezado).
En España, se cierne una potencial denuncia sobre los 95.000 usuarios de programas peer 2 peer cuyas direcciones IP ya han sido recogidas. Al parecer, en principio la denuncia se dirigirá contra sólo 4.000 usuarios de programas de intercambio de datos: aquéllos de quienes se piense que son los que más grave uso hacen de ellos. La denuncia se basará en la reproducción y la distribución ilegal de contenidos protegidos por la ley de la propiedad intelectual. Javier Ribas, abogado de la filial española de Landwell PricewaterhouseCoopers, ha declarado que está preparando una denuncia conjunta, en nombre de 38 empresas de software, contra los usuarios españoles de programas de intercambio de datos por Internet como son Kazaa o Morpheus. Según él, se espera que se unan nuevas empresas. El objetivo de esta campaña es dejar claro a los usuarios de los programas de intercambio que tal intercambio es ilegal y puede ser castigado. También pretenden advertir a las empresas cuyos empleados utilizan los programas de intercambio en el puesto de trabajo sin conocimiento de sus superiores de que, en un caso así, sería la empresa la denunciada.
La denuncia con los nombres de hasta ahora 4.000 usuarios de programas de intercambio que han descargado algo a sus ordenadores más de 100 veces y, por lo tanto, cuyo delito se considera más grave, ya se ha presentado ante el organismo responsable en materia de delitos informáticos y por Internet, la denominada Brigada de Investigación Tecnológica ( BIT); no obstante, todavía debe ser revisada antes de su anunciada presentación ante el juzgado a lo largo del próximo mes de septiembre. Se solicitan unas penas de privación de libertad de hasta cuatro años y unas indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios cuyo importe se calcule en función de los beneficios que se estime que los temas musicales intercambiados habrían aportado de venderse en el mercado. Además, se pretende conseguir una autorización judicial para poder emplear un programa con el que se consiga identificar a los usuarios mediante la emulación de los protocolos de intercambio.
Aún no se ha hecho pública la identidad de las empresas que amparan la denuncia, para protegerlas de ataques por parte de usuarios indignados de Internet. Según Ribas, ya se han recibido "amenazas directas" aludiendo, por ejemplo, a la intención de paralizar la página web de su empresa. La Business Software Alliance (BSA) ha desmentido que tenga algo que ver con la denuncia; si bien, su presidente la ha calificado de legítima. Ribas dirigió duras críticas contra la Asociación de Internautas ( AI) que, tras hacerse pública la denuncia, tachó de "aprendices de nazis" a los abogados implicados. Igualmente, los acusó de plantear una denuncia al "estilo Gestapo" para intimidar a los usuarios de Internet. Por su parte, la AI acusa a los demandantes de contravenir el "derecho a la intimidad" de las comunicaciones electrónicas. La AI, en colaboración con la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia), acusa al despacho de abogados de atentar contra las libertades civiles recogidas en la Constitución con esta denuncia masiva. Declara que tan sólo una autorización judicial permitiría efectuar un rastreo en la esfera privada de los usuarios de Internet. Lamentan la verdadera piratería, pero señalan que no se puede acusar de ella a los usuarios de los programas de intercambio de datos por Internet ni tacharlos de criminales por este motivo.
La AI informó a los usuarios de la posibilidad de descargar a sus ordenadores el programa Peerguardian, que permite obstaculizar el "espionaje" de los usuarios al bloquear las direcciones IP. Se trata de algo que ya ofrecen numerosos motores de búsqueda y no garantiza el anonimato, ya que sólo se bloquean determinadas direcciones IP, pudiendo eludir los rastreadores ese paso sin problema.
Ribas niega la acusación de espionaje y la rebate en un detallado texto, en el que menciona las distintas opciones legales existentes para vigilar las actividades llevadas a cabo por los usuarios de los programas de intercambio de datos por Internet, recogiendo únicamente datos que estén públicamente accesibles. Señala que sólo ha efectuado como usuario anónimo un seguimiento de las actividades realizadas en programas de este tipo en los que los usuarios emplean apodos: "No hemos mantenido contacto alguno con los proveedores de Internet y no hemos recopilado datos de carácter personal, puesto que para eso se requiere una autorización judicial."
A modo de ejemplo, Ribas indica que tan sólo se hace un seguimiento de los archivos que los usuarios del programa de intercambio de datos han puesto a disposición de los demás para su descarga. Afirma que se pueden emplear versiones antiguas de los programas P2P, que todavía no encriptan, de modo que permitan averiguar los archivos descargados y las direcciones IP de los usuarios. Puesto que no es posible asociar dichas direcciones a los nombres concretos de los usuarios, no se estaría incumpliendo lo señalado en la Ley de Protección de Datos. Ribas indica que es posible imitar los protocolos para obtener los datos relativos a las conexiones. Al participar él mismo en la comunicación, afirma que no se trataría de ningún espionaje. Señala que se podrían examinar todos los ordenadores con conexión a Internet (4 millones), para encontrar puertos que encajen con un protocolo P2P. También en ese caso se trataría de algo inofensivo, puesto que tan sólo se estaría intentando averiguar quiénes infringen la Ley de la Propiedad Intelectual, con lo que no se estaría actuando de modo distinto a como lo hace, p. ej., Google.
En la actualidad, se están empleando los medios legales disponibles para elaborar una lista de todos los productos españoles que pueden ser descargados, para poder crear una lista que sirva de prueba con los usuarios de los programas españoles de intercambio de datos por Internet. Los 95.000 usuarios de los programas mencionados de los que, al parecer, se tiene conocimiento hasta ahora, habrían descargado en el primer semestre del año alrededor de 25 millones de productos, lo que supondría para las empresas afectadas unas pérdidas económicas de 85 millones de euros.
Sin embargo, la AI duda que la denuncia pueda prosperar ante un juzgado. La propia Brigada de Investigación Tecnológica ha señalado que las descargas efectuadas mediante el procedimiento P2P sólo constituyen un delito en el caso de que "el usuario pretenda enriquecerse". El abogado Carlos Sánchez Almeida presenta un argumento similar en un artículo de Kriptopolis. No obstante, Ribas parte de la base de que, en cualquier caso, sería fácil probar el beneficio económico obtenido, ya que los usuarios ahorrarían dinero al descargar los productos en lugar de comprarlos, lo cual se podría considerar como un fin lucrativo.
Traducción cortesía de Isabel Cuena y Rafael Medina del artículo publicado por Heise online/ Telepolis Spanische Software-Firmen wollen 4000 Nutzer von Tauschbörsen anklagen
Florian Rötzer .-En total, la medida afecta a 95.000 usuarios; los detractores de esta iniciativa acusan al bufete de abogados al que las empresas han confiado el caso de inmiscuirse de forma ilegal en la esfera privada de los usuarios En los EEUU, la industria discográfica ha sido la primera en plantear exigir a los proveedores de Internet los datos de 871 usuarios de los mencionados programas de intercambio de datos para, después, acusarlos de un delito contra la propiedad intelectual ( La caza ha empezado).
En España, se cierne una potencial denuncia sobre los 95.000 usuarios de programas peer 2 peer cuyas direcciones IP ya han sido recogidas. Al parecer, en principio la denuncia se dirigirá contra sólo 4.000 usuarios de programas de intercambio de datos: aquéllos de quienes se piense que son los que más grave uso hacen de ellos. La denuncia se basará en la reproducción y la distribución ilegal de contenidos protegidos por la ley de la propiedad intelectual. Javier Ribas, abogado de la filial española de Landwell PricewaterhouseCoopers, ha declarado que está preparando una denuncia conjunta, en nombre de 38 empresas de software, contra los usuarios españoles de programas de intercambio de datos por Internet como son Kazaa o Morpheus. Según él, se espera que se unan nuevas empresas. El objetivo de esta campaña es dejar claro a los usuarios de los programas de intercambio que tal intercambio es ilegal y puede ser castigado. También pretenden advertir a las empresas cuyos empleados utilizan los programas de intercambio en el puesto de trabajo sin conocimiento de sus superiores de que, en un caso así, sería la empresa la denunciada.
La denuncia con los nombres de hasta ahora 4.000 usuarios de programas de intercambio que han descargado algo a sus ordenadores más de 100 veces y, por lo tanto, cuyo delito se considera más grave, ya se ha presentado ante el organismo responsable en materia de delitos informáticos y por Internet, la denominada Brigada de Investigación Tecnológica ( BIT); no obstante, todavía debe ser revisada antes de su anunciada presentación ante el juzgado a lo largo del próximo mes de septiembre. Se solicitan unas penas de privación de libertad de hasta cuatro años y unas indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios cuyo importe se calcule en función de los beneficios que se estime que los temas musicales intercambiados habrían aportado de venderse en el mercado. Además, se pretende conseguir una autorización judicial para poder emplear un programa con el que se consiga identificar a los usuarios mediante la emulación de los protocolos de intercambio.
Aún no se ha hecho pública la identidad de las empresas que amparan la denuncia, para protegerlas de ataques por parte de usuarios indignados de Internet. Según Ribas, ya se han recibido "amenazas directas" aludiendo, por ejemplo, a la intención de paralizar la página web de su empresa. La Business Software Alliance (BSA) ha desmentido que tenga algo que ver con la denuncia; si bien, su presidente la ha calificado de legítima. Ribas dirigió duras críticas contra la Asociación de Internautas ( AI) que, tras hacerse pública la denuncia, tachó de "aprendices de nazis" a los abogados implicados. Igualmente, los acusó de plantear una denuncia al "estilo Gestapo" para intimidar a los usuarios de Internet. Por su parte, la AI acusa a los demandantes de contravenir el "derecho a la intimidad" de las comunicaciones electrónicas. La AI, en colaboración con la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia), acusa al despacho de abogados de atentar contra las libertades civiles recogidas en la Constitución con esta denuncia masiva. Declara que tan sólo una autorización judicial permitiría efectuar un rastreo en la esfera privada de los usuarios de Internet. Lamentan la verdadera piratería, pero señalan que no se puede acusar de ella a los usuarios de los programas de intercambio de datos por Internet ni tacharlos de criminales por este motivo.
La AI informó a los usuarios de la posibilidad de descargar a sus ordenadores el programa Peerguardian, que permite obstaculizar el "espionaje" de los usuarios al bloquear las direcciones IP. Se trata de algo que ya ofrecen numerosos motores de búsqueda y no garantiza el anonimato, ya que sólo se bloquean determinadas direcciones IP, pudiendo eludir los rastreadores ese paso sin problema.
Ribas niega la acusación de espionaje y la rebate en un detallado texto, en el que menciona las distintas opciones legales existentes para vigilar las actividades llevadas a cabo por los usuarios de los programas de intercambio de datos por Internet, recogiendo únicamente datos que estén públicamente accesibles. Señala que sólo ha efectuado como usuario anónimo un seguimiento de las actividades realizadas en programas de este tipo en los que los usuarios emplean apodos: "No hemos mantenido contacto alguno con los proveedores de Internet y no hemos recopilado datos de carácter personal, puesto que para eso se requiere una autorización judicial."
A modo de ejemplo, Ribas indica que tan sólo se hace un seguimiento de los archivos que los usuarios del programa de intercambio de datos han puesto a disposición de los demás para su descarga. Afirma que se pueden emplear versiones antiguas de los programas P2P, que todavía no encriptan, de modo que permitan averiguar los archivos descargados y las direcciones IP de los usuarios. Puesto que no es posible asociar dichas direcciones a los nombres concretos de los usuarios, no se estaría incumpliendo lo señalado en la Ley de Protección de Datos. Ribas indica que es posible imitar los protocolos para obtener los datos relativos a las conexiones. Al participar él mismo en la comunicación, afirma que no se trataría de ningún espionaje. Señala que se podrían examinar todos los ordenadores con conexión a Internet (4 millones), para encontrar puertos que encajen con un protocolo P2P. También en ese caso se trataría de algo inofensivo, puesto que tan sólo se estaría intentando averiguar quiénes infringen la Ley de la Propiedad Intelectual, con lo que no se estaría actuando de modo distinto a como lo hace, p. ej., Google.
En la actualidad, se están empleando los medios legales disponibles para elaborar una lista de todos los productos españoles que pueden ser descargados, para poder crear una lista que sirva de prueba con los usuarios de los programas españoles de intercambio de datos por Internet. Los 95.000 usuarios de los programas mencionados de los que, al parecer, se tiene conocimiento hasta ahora, habrían descargado en el primer semestre del año alrededor de 25 millones de productos, lo que supondría para las empresas afectadas unas pérdidas económicas de 85 millones de euros.
Sin embargo, la AI duda que la denuncia pueda prosperar ante un juzgado. La propia Brigada de Investigación Tecnológica ha señalado que las descargas efectuadas mediante el procedimiento P2P sólo constituyen un delito en el caso de que "el usuario pretenda enriquecerse". El abogado Carlos Sánchez Almeida presenta un argumento similar en un artículo de Kriptopolis. No obstante, Ribas parte de la base de que, en cualquier caso, sería fácil probar el beneficio económico obtenido, ya que los usuarios ahorrarían dinero al descargar los productos en lugar de comprarlos, lo cual se podría considerar como un fin lucrativo.
Traducción cortesía de Isabel Cuena y Rafael Medina del artículo publicado por Heise online/ Telepolis Spanische Software-Firmen wollen 4000 Nutzer von Tauschbörsen anklagen
