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Y el juez resultó ser parte implicada. El magistrado sueco que condenó a los creadores de The Pirate Bay, el conocido portal de torrents, es miembro de una asociación por la protección de los derechos de autor. El juicio podría repetirse, eso mismo solicitó la defensa de los condenados hace una semana. "Estas actividades no constituyen un conflicto de intereses", se escuda el juez. Para él, emitir la sentencia no fue un conflicto, fue un placer.

30-04-2009 - Mientras el tribunal de apelaciones se lo piensa, la popularidad de;The Pirate Bay y el ritmo de las descargas crecen (no hay mal que por bien no venga, dicen), y una tiene la crédula esperanza de que en España no se tome nota. Pero la crédula esperanza es puro espejismo. Con la Sociedad General de Autores y Editores(SGAE) presente, cuesta pensar que aquí no se inicien procesos similares. La SGAE tiene para todos. El presidente del consejo de dirección de la SGAE, Teddy Bautista defendió el pasado lunes en Barcelona que las teleoperadoras paguen una;"tarifa inteligente" para sufragar las pérdidas de derechos de autor derivadas de lo que ellos llaman piratería. Según él, el hecho de que las compañías telefónicas colaboren en los pagos de los derechos de los creadores (unos más que otros) es "una obligación cívica" que se está llevando a cabo en otros países. "¿Por qué aquí no?", se preguntó. "¿Por qué aquí sí?", me pregunto yo.

No se trata de defender a las teleoperadoras, porque ellas se defienden muy bien solas y algunas son capaces de desesperar al internauta más cauto con conexiones a la red que no son tan rápidas como lo contratado. Pero con tanta estrategia criminalizadora, navegar por la red y clicar sobre la opción descargar puede hacer sentir culpable a cualquiera.

De nuevo en Suecia (sí, el país paradigma del porvenir de la antipiratería) el proveedor Tele2 ha anunciado que quiere eliminar las direcciones IP que puedan servir para identificar a sus clientes. Esta actitud conocida hoy da un respiro a los derechos de los internautas y complicará la aplicación de una ley contra las descargas.

En España falta por ver si las teleoperadoras harán caso Teddy o si decidirán mirarse en el espejo de sus compañeros nórdicos.

Opinión de Carmen Fernández en ADN