Archivado en Sin Canon, P2P

La industria de contenidos y el lobby antipirata le ponen una vela a Dios y otra al diablo


La Coalición de Creadores exige a Moncloa el ‘trabajo sucio’ de perseguir a 200 webs de descargas y Promusicae se lanza a la competencia con una macroweb financiada en un 80% por Cultura. Renuncian a los cortes a los usuarios, pero si en un año no se ha reducido un 70% la ‘piratería’, volverán a desempolvar el modelo galo o al menos el británico de reducción de velocidad. Quieren incorporar a los medios y no renuncian a un acuerdo con las telecos: apoyan su adiós a la tarifa plana de internet, les permitiría revivir el contencioso de un canon al adsl a la inglesa. Ana Zarzuela en Capital News Report.


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Reman a dos manos y en todas las aguas. La Coalición de Creadores ya ha soltado los sables más ambiciosos, los de los cortes a los usuarios ‘reincientes’ en las descargas ilegales tras las huellas del modelo galo de la Ley Hadopi. Tienen prisa, ahora que ya hay una Comisión Interministerial española que regula los contenidos de internet y que Moncloa acelera para tener antes del 31 de diciembre sobre la mesa su nuevo ‘mapa antipirata’. El puño de la presión política se vuelca en las espaldas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Le han puesto ya sobre la mesa un listado de 200 webs de descargas españolas que quieren que el Estado persiga, aunque saben que en los tribunales los antecedentes no los respaldan. Se lo ha prometido Sinde: tolerancia cero con la ‘lista negra’ que la propia Coalición ha elaborado. Aunque -a cambio- la Comisión Interministerial tendrá que ajustar los flecos y diseñar un nuevo sudoku legal. La Coalición le hace ‘ojitos’ al Ejecutivo, que hasta les exigía, para frenar las descargas gratuitas una "alternativa" donde los usuarios puedan descargarse contenidos culturales de forma fácil y asequible. A Moncloa rogando y con la competencia dando: la industria y las asociaciones de derechos intentan hacer de la necesidad virtud, aprovechar el streaming y el P2P, neutralizar a las descargas ‘ilegales’ con las mismas armas que ahora repudian. Y hacerlo con el amparo de Cultura. Saben que la punición no es suficiente, el efecto Pirate Bay reproduce la hidra de sus debilidades y los internautas ‘piratas’ son los que más consumen también los contenidos digitales de pago. Si funciona la nueva web de Promusicae, serán los primeros beneficiarios del ‘efecto Spotify’; en pocas semanas les seguirá otro portal global de la Coalición y el Ministerio de conexión a páginas ya existentes si no, sacarán del armario de nuevo la ‘primera vía’ de la desconexión a los usuarios, o al menos la de la reducción de velocidad. Si en un año no se ha reducido la ‘piratería’ un 70%, Moncloa -al menos González- Sinde- les ha prometido pensar en los cortes en ese momento.

Cuestión de estrategia. Y de calendario. No es la advertencia de la ONU la que rinde su ‘plan A’, por más que sea la mismísima Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) la que advierte que la “cárcel” contra el P2P no sirve para nada y que el castigo severo contra los que comparten archivos en Internet es contraproducente en la lucha global contra la piratería. En realidad no es nada que el Pirate Bay y su efecto hidra-su denuncia ha provocado una avalancha de decenas de nuevos sitios bajo su paraguas y 21 millones de usuarios- no les hubiera enseñado ya. El streaming dejó atrás al P2P y los atajos de VPL impiden perseguir a los nuevos piratas. Miran a Spotify y le beben los vientos a su millón de clientes en España -un sexto del total-. Hasta Youtube se ha saltado las líneas rojas de todos los prejuicios de la red de redes: ya es rentable para Google desde hace 18 meses.

Hoy el mercado europeo de grabaciones musicales está valorado en 7.000 millones de euros al año, comparado con los casi 12.000 millones de euros de 2001. Pero no pueden volver la espalda al negro sobre blanco del peso de la red: Le ha puesto cifras el Informe Anual de los Contenidos Digitales en España 2009, elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de la Secretaría de Estado: los contenidos digitales ya representan un tercio de la industria cultural española y facturaron 4.982 millones el año pasado, un 15,8% más. Lo decía el presidente de la Coalición en la II Feria de Contenidos Digitales: no quieren criminalizar a los internautas, al fin y al cabo, son los mismos usuarios que impulsan todo el consumo digital. Un estudio realizado por la BI Norwegian School of Management revela que aquéllos que descargan copias ilegales de música utilizando redes P2P son los mayores consumidores de música legal.

La Coalición de Creadores busca todos los atajos para hacerse sitio en una red que ha cambiado en el último año. Tratan de gestar modelos híbridos. El fundador de Spotify, Daniel Ek, les recuerda que ni los cortes a las descargas -aunque llegaran con la nueva regulación- serían suficientes para un modelo de negocio en la música que busca compaginar publicidad, descargas, suscripciones, merchandising y entradas a conciertos donde el usuario llega y donde la clave para la rentabilización viene de la portabilidad y el paquete de derechos de acceso que se le ofrece. Spotify -con un catálogo de seis millones de canciones y cinco millones de usuarios, casi un millón en España- puede ser el catalizador del gran salto para un internet que aspira a ser, más allá de la búsqueda de información, un canal de acceso a contenidos. La plataforma sueca empezó como un programa gratuito de streaming para oír música sin descargar. Lanzó un servicio de suscripción para los que querían liberarse de la publicidad y ahora comienza a vender descargas de pago. Hoy comparte sus ingresos por publicidad y por suscriptores con las discográficas con el catálogo de las cuatro majors (Sony, Universal, EMI, Warner) y de algunas compañías independientes.

La industria española quiere sitio en el Olimpo al que se han subido Youtube, para vídeo, o en Estados Unidos, Hulu, la plataforma de productoras y televisiones para ver la televisión online. Los programas de intercambio de archivos P2P pierden sitio: en 2007 representaban el 40% del tráfico, ahora han caído al 20%, según un estudio de Arbor Networks, pero ha dejado sitio al streaming. Y según un estudio de la patronal del sector de la electrónica Asimelec, la crisis ha acelerado el cambio de modelo en la música, el cine y los videojuegos, en el que pierde peso el soporte físico y se abre paso el contenido digital. El mercado español de medios y entretenimiento alcanzó en el 2008 los 27.199 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,1% respecto a un año antes, pero los mayores incrementos fueron en el acceso y la publicidad por la web y los videojuegos. Mientras que el mercado discográfico tradicional experimentó en el 2008 una caída de los ingresos del 12,4% respecto al año anterior (hasta los 242,2 millones de euros), la distribución digital de música creció en cambio el 8,1% (hasta los 31,1 millones).

UNA MACROWEB PROPIA

Susto o muerte, le levantan a Moncloa ya todas las lanzas, para empezar las de la macroweb de contenidos con sus propias garantías y los apellidos de las multinacionales que forman parte de la Coalición de Creadores. Una réplica ampliada de la web británica FindAnyFilm.com, con la que las cinematográficas han conseguido un catálogo de tres millones de títulos en el Reino Unido. Los estudios y las discográficas de EE UU incluirán su catálogo en español. La principal diferencia con el portal británico es que integrará también la oferta musical a través de la patronal Promusicae, con un catálogo que puede alcanzar los cinco millones de canciones.

Los promotores quieren que el portal sea autosostenible con ingresos por publicidad y de los afiliados en el menor tiempo posible, pero lo han bautizado ya en la ‘pila’ de las subvenciones de Moncloa. Lo harán con mucho más que el calendario de Zapatero y la sintonía que Ángeles Gonzàlez-Sinde ya no esconde: como adelantaba adslzone, el Ministerio de Cultur a ha destinado el 80% del 1,075 millones de euros que costó el nuevo portal de la asociación de Productores de Música de España, (Promusicae) - elportaldemusica.es-. Uno que pretende ser la llave a las últimas novedades del mercado desde vídeos y albumes a tonos - los 50 singles y los 100 álbumes más vendidos del momento- en streaming o incluso en desgarga mp3, para internet y teléfonos móviles.

Además del enlace a la compra de las canciones, la apuesta de las discográficas incluye acceso a contenidos gratuitos a través de YouTube, Yes.fm o MySpace, así como a las web de las propias discográficas.

Un proyecto llamado a integrarse en el macroportal de la Coalición de Creadores cuando, en breve, lo ponga de largo. No quieren arriesgarse sin una nueva regulación contra la ‘piratería’ sobre la mesa. Todos los caminos de González-Sinde conducen al ‘euro’. La industria y el Ministerio de Cultura quieren hacer caja: eso es todo lo que podrían asegurarse conseguir de la vía civil contra las webs de enlaces de descargas. Y eso es todo lo que busca su mirada, a medio plazo, con la puerta que comienza González Sinde a entreabrirle al plan de un canon por el adsl como el que Gran Bretaña estrenará este año. Ya avisa la ministra que en 2010 volverá a poner el debate en la mesa de la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso.

Redtel -la coalición de las cuatro mayores operadoras de telefonía- les aterriza la euforia: aún existen de numerosas barreras e ineficiencias -comerciales, legales y tecnológicas- que dificultan y encarecen que esta oferta legal alternativa a la piratería alcance una dimensión mundial. La consolidación de portales legales será un proceso largo y complicado, aunque -como ha recordado Arcos- los operadores necesitan esta oferta legal de contenidos porque será el motor de la demanda que permitirá amortizar las enormes inversiones (de 60.000 a 80.000 millones de euros, sólo en España) que supondrá el despliegue de las nuevas redes superrápidas de Internet.

Con o sin ‘tijeretazo’ en la regulación que la Comisión Interministerial para regular los contenidos de internet presente el 10 de diciembre al Consejo de Ministros, la Coalición de Creadores y las organizaciones de defensa de los derechos de autor no renuncian a hacer realidad, de este lado de los Pirineos, la bitácora ‘antipirata’ del Reino Unido. Como adelantaba El Economista, la Cumbre de Sevilla le ha servido a ETNO -la Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones (Etno), que reúne a las principales telecos europeas- para reactivar su propuesta de dejar atrás las tarifas planas de internet y comenzar a cobrar la banda ancha en función del volumen de las descargas. Una opción que le ha abierto de nuevo los ojos a la Industria de Contenidos de la UE, la española no iba a ser menos.

Desempolvan la propuesta que el Reino Unido abandera desde enero: un canon, que se aplicará a las conexiones de banda ancha y que en el modelo original británico podría ascender a 20 libras anuales (21,8 euros) y estaría gestionado por la agencia, que lo cobraría directamente a los operadores de telefonía. Hacen suya la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, que en su momento abogaba por un impuesto a los accesos de banda ancha para crear un fondo con el que subvencionar la producción nacional y que lo dejó caer para no ‘legitimar’ a todo tipo de descargas.

‘CAZA DE BRUJAS’ EN MANOS DE LA SETSI

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que agrupa a asociaciones como SGAE o Promusicae- renunciaba en junio oficialmente a la penalización al usuario de descargas protegidas y se abrazaban sólo a la amenaza con pisarles los talones a los proveedores, para empezar a una ‘lista negra’ de 200 webs a las que acusan del 80% de las descargas españolas. Le han puesto la diana a su ‘objetico antipirata’, apellidos y facturas. Consideran "parásitos de Internet" a los propietarios de páginas web con enlaces P2P. Y según un estudio realizado por CoPeerRight Agency por encargo de la Coalición de Creadores, cada una de estas 200 páginas webs ilegales puede ganar al año como media 1,5 millones de euros, por la vía de la publicidad y de los registros. Y, a pesar de que los expertos en contenidos digitales ponen en duda sus cifras- les atribuyen pérdidas millonarias y 25.000 puestos de trabajo en el sector musical en los últimos cinco años. Por eso, los autores quieren que Industria les haga el ‘trabajo sucio’; la Coalición de Creadores ya le ha puesto sobre la mesa una lista de 200 webs de descargas para que este ministerio actúe de oficio "inmediatamente" y traslade a la Fiscalía General del Estado la actividad de estos portales. No es la primera vez, ya lo intentó sin éxito por sus propios medios, pero como la propia Coalición reconoce, “para un juez no sería lo mismo si es la SETSI (la Secretaría de Estado de Comunicación) la que envía la documentación a la Fiscalía”, aunque no sean nada más que dos o tres páginas web las que sirvan de ‘escarmiento’. Nada que, por ahora el Ministerio estuviera dispuesto a hacer.

Pero esta vez la ministra de Cultura ha roto la baraja: sólo ve por los ojos de la Coalición y promete –a contrapié del silencio de la Comisión Interministerial- que habrá caza de brujas. La Coalición aprovechaba los focos del FICOD para estenografiar de nuevo la entrega de la ‘lista negra’ con dos cenetanres de nombres. Apuran los debates de la Comisión Interministerial - Cultura, Industria, Interior y Justicia- que debe regular las descargas mejorar la acción judicial en vía civil y penal como principal medio para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual antes del próximo 31 de diciembre con las lanzas listas para cambios regulatorios. González- Sinde no ha querido entrar en detalles, pero era el ministro Sebastián- después de semanas de realismo del Secretario de Estado de Telecomunicaciones- el que reconocía que hoy por hoy sin reforma legal no es posible.

En España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo pueden ser decididos por un juez. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual. Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa.

Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones -a la que apuntaba la Coalición- a convertirse en sheriff de internet (menos aún ahora que sabe que quedará huérfana de competencias audiovisuales) ni el empeño de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo más inmaculado posible obran a favor de los planes de Obama. Por eso la bitácora de Washington y las presiones de la Coalición de Creadores le cantan a Moncloa que tendrá que rematar un plan de acción conjunto contra las descargas ilícitas, reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y retirar la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que recuerda a los fiscales que compartir archivos sin ánimo de lucro no es delito.