Por un lado, las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista -absolutamente todas ellas atienden a peticiones de asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, sin concretar más- incluyen, entre otros aspectos, un notable endurecimiento de la capacidad de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (la llamada 'comisión Sinde'), que es la encargada de decidir qué contenidos vulneran los derechos de autor y de ordenar en su También el Grupo Izquierda Plural pide que se eliminen esas condiciones para, literalmente, "evitar conceptos jurídicos indeterminados que pudieran generar indefensión".
Algunos abogados especializados, como Carlos Sánchez Almeida, autor del blog Jaque Perpetuo, ponen ya el grito en el cielo, dado que de aprobarse así se ampliaría las posibilidades de actuar contra cualquier página web 'supuestamente' vulneradora. "De acogerse la proposición del PSOE suprimiendo la referencia a que la infracción sea significativa y a gran escala, se abre la puerta a que la censura administrativa se dirija contra cualquier usuario que aloje enlaces en su blog, en su cuenta de Twitter o en su muro de Facebook. Es muy triste que todos los grupos parlamentarios consoliden así la censura de la Ley Sinde'", comenta.
Consumidores finales
Otra de las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista busca eliminar una parte propuesta para la nueva redacción del artículo 256.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que no se distinga si los actos 'presuntamente vulneradores' de la propiedad intelectual los realizan "meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtener beneficio económico". Mientras que el Gobierno había propuesto esa excepción para eliminar la posibilidad de actuar contra los usuarios finales que descargan y sólo contra los sitios web infractores que se lucran, los socialistas quieren eliminar esta garantía del texto normativo procesal.
Es más, piden que se elimine de ese artículo, en sus apartados 10º y 11º, el requisito "a gran escala", lo que en la práctica supondría poder ir contra cualquier sitio web que incluya cualquier número de enlaces a obras protegidas. El Grupo Socialista justifica esta petición porque, de otro modo, se 'restringe' la efectividad de la norma. Y también a petición de la industria de contenidos quieren introducir el concepto "a través de cualquier enlace o redireccionamiento", para no limitar la aplicación de la 'Ley Sinde' sólo a páginas de enlaces a descargas directas.
El Grupo Izquierda Plural, al contrario, busca que se refuerce la garantía de no poder actuar contra los "meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de lucro".
Más medidas propuestas
Los socialistas también se refieren a la sentencia del TJUE de este año sobre qué enlaces pueden ser considerados vulneradores y cuáles no, para englobar a todo los prestadores de servicios de sociedad de la información que "facilitan enlaces" de norma "no neutral".
Y también incluye la 'excepción Google', es decir, los buscadores 'neutrales' (como 'intermediario técnicos') no podrían verse afectados por este tipo de procedimiento 'antipiratería'. De esta forma, Google News se libraría de verse afectado por esta normativa -al funcionar con un algoritmo, teóricamente), pero no Menéame y otros agregadores sociales, es decir, que dependen de la participación directa de los usuarios.
Otra de las propuestas socialistas controvertidas plantea que el bloqueo de contenidos por parte de los proveedores de acceso (telefónicas y cableras) y alojamiento ('hosting') "se acuerde con carácter ordinario cuando se considere que resulta la medida más eficaz". Es decir, se abre la puerta a que la Sección Segunda pueda ordenar prácticamente 'cuando quiera' dichos bloqueos si el dueño de la página afectada no lo hace voluntariamente.
También piden, siempre a petición de la industria de contenidos, que se elimine el silencio administrativo para obligar a la Sección Segunda a manifestarse a favor o en contra de la retirada de contenidos, entre otras medidas.
¿Vuelta del canon?
Tanto los socialistas como la Izquierda Plural y UPyD proponen que la compensación por copia privada deje de ser pagada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a las entidades de gestión de derechos de autor, y lo vuelvan a pagar las empresas fabricantes de dispositivos o que los comercialicen. O sea, piden la vuelta del 'canon digital', eliminado por el Gobierno del PP en 2011 tras ser anulado por la Audiencia Nacional y ser declarado contrario a derecho comunitario tal y como funcionaba en España.
En este sentido, la Izquiera Plural va incluso más allá, y pretende que el canon lo pagen "las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet" [sic], dado que, razona, "bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a costa de la creación de terceros".
Eso sí, a cambio proponen que se mantenga como está la excepción de copia privada al derecho de propiedad intelectual (es decir, que no se necesite permiso del autor para el uso privado de una obra), que el texto propuesto por el Gobierno del PP quiere acotar de forma drástica.
El Grupo UPyD propone suprimir todas las excepciones al pago del canon porque, según explican, "las excepciones que se establecen resultan confusas e imprecisas. Dan la impresión de estar orientadas a reducir la compensación que los autores debieran percibir legítimamente". Por tanto, de ser aceptada esta enmienda, habría que abonar un canon por todos los aparatos que puedan realizar copias de contenidos -ordenadores y discos duros también- incluso si no funcionen en la práctica para tal fin, e incluso cuando el perjuicio causado sea "mínimo".
Y en cuanto a la 'tasa AEDE', insiste la Izquierda Plural en 'animar' al Gobierno "a centrarse en lo importante: una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet [sic] el pago de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado".
En dos semanas
El PP ha solicitado que se habilite una sesión con capacidad legislativa plena para mediados de julio para votar las enmiendas. ELMUNDO.es ha podido saber que se celebrará el próximo día 16 de julio, miércoles.
Esto significa que esta reforma legislativa no pasará por el Pleno del Congreso en esta etapa de su tramitación. Y ello, a pesar de que el Grupo Popular no necesita el apoyo de ningún otro grupo para sacar el proyecto adelante -dado que goza de mayoría absoluta en la Cámara Baja-, aunque según ellos se ha tratado de lograr el máximo consenso posible.
